Viceministro confirma reunión con autobusero imputado en “Madre Patria”

Carlos Ávila Arquin, es viceministro de Transporte desde febrero de 2023. Foto: LinkedIN

Carlos Ávila Arquin, viceministro de Transportes, confirmó que sostuvo una reunión con el empresario autobusero, de apellidos Herrera González, imputado por el caso "Madre Patria".

Este jueves 27 de junio, tras una primera consulta de este medio, el funcionario dijo -a través de un correo electrónico- que no conocía a Herrera y que nunca se había reunido con él.

Sin embargo, las bitácoras de ingreso a la sede central del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desdijeron en principio al jerarca y confirmaron que el 16 de agosto de 2023, a las 10:30 a.m., el empresario entró a la entidad acompañado de un abogado de apellido Espinoza para reunirse con el viceministro. La cita se extendió hasta las 11:35 a.m. de ese día, según los registros.

Este viernes 28 de junio, a través de la oficina de prensa del ministerio, Ávila remitió un nuevo correo electrónico en el que aclaró que realizaron una nueva verificación de las bitácoras internas y que ese día sí atendió a Herrera como representante de la empresa Autotransportes Tambor.

"(…) hemos podido verificar que se atendió a las personas señaladas en representación de la empresa Autotransportes Tambor, en una cita programada a las 10:30 a.m. del 16 de agosto del año anterior (2023), cita que fue solicitada por correo electrónico y que tenía que ver con una supuesta afectación por la operación de servicios de trabajadores", explicó Ávila.

Bitácora oficial del MOPT que confirma el ingreso del imputado en el caso Madre Patria. CRH

Según una de las intervenciones telefónicas efectuadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), contenidas en el expediente del caso, existió una llamada entre el empresario Herrera y un sujeto de apellidos Miranda Vargas, a eso de las 11:42 a.m. del 16 de agosto de 2023. Es decir, 5 minutos después de salir de la sede del ministerio tras la cita con el viceministro.

La conversación hizo referencia a una reunión que sostuvieron temprano en el MOPT para tratar temas referentes a la operación de las rutas de bus que controlan las compañías ligadas a estos sujetos.

Al parecer, el objetivo de Herrera era que a otra empresa autobusera le quitaran una ruta de autobús que mantenía en operación en el cantón de Alajuela y así ellos poder asumir la gestión del servicio.

En la conversación, Herrera dijo que el "viceministro le ayuda en la confección de los documentos que presenta ante el despacho del ministro". Sin embargo, este viernes el funcionario rechazó cualquier señalamiento en ese sentido.

"Como viceministro de Transportes, está dentro de mis funciones recibir en audiencia a usuarios y operadores. Debo ser enfático y claro en que lo que hayan manifestado los imputados es absolutamente falso, específicamente que supuestamente les redactara escritos para presentarlos al ministro y evitar que sean rechazados. De acuerdo a la ley 7969 ni el ministro ni el viceministro (del MOPT) tiene potestades para resolver ningún tipo de gestión en relación con el servicio de transporte público", agregó Ávila.

El funcionario continuó señalando que "ha actuado con total transparencia y ética durante los años de la función y el ejercicio de mi profesión".

"Estoy anuente y dispuesto a que el ministro y las autoridades competentes realicen las investigaciones que consideren oportunas, pues como he indicado, no hay relación laboral, profesional o de amistad que me involucre con las personas a las que refiere la nota, sino únicamente la atención de una solicitud de reunión como parte del ejercicio de las funciones de mi cargo como viceministro", puntualizó el viceministro, quien ostenta el cargo desde febrero de 2023.

Allanamientos en el edificio del CTP por el caso Madre Patria. Archivo CRH/Greivin Granados

Investigación en curso

En el caso "Madre Patria", el OIJ y el Ministerio Público señalan la posible existencia de un grupo criminal dedicado a cometer fraudes registrales con valiosas propiedades, las cuales eran despojadas a sus propietarios originales y luego vendidas a terceros que las compraban de buena fe.

Con los recursos provenientes de las actividades ilícitas, las autoridades judiciales consideran que se habrían legitimado capitales a través de numerosos testaferros en distintas actividades comerciales. Una de ellas serían las empresas autobuseras que operaban varias rutas concesionadas por el CTP en la provincia de Alajuela.

Uno de los presuntos líderes de la organización, un español de apellidos Gómez González, se habría asociado con un empresario de apellidos Herrera González, quien se encargaba de operar empresas autobuseras.

El OIJ y el Ministerio Público también imputaron en la causa a un funcionario de apellidos Rosales Apú, del departamento de Concesiones y Permisos del CTP, quien presuntamente también colaboraba con la organización criminal con la inclusión de documentos alterados para beneficiar a las empresas autobuseras y brindando asesoría para los diferentes trámites que requerían.

De igual forma, 5 oficiales de la Policía de Tránsito fueron detenidos el martes 25 de junio por presuntamente evitar sanciones en carretera contra los buses de las empresas ligadas a los imputados a cambio de supuestas dádivas.