“Va a reinar el caos”: Carlo Díaz advierte sobre proyecto para asfixiar al Poder Judicial
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, denunció este lunes en Corte Plena la existencia de una estrategia, que atribuyó al Poder Ejecutivo, para asfixiar financieramente al Poder Judicial. Advirtió que el bloqueo presupuestario proyectado amenaza con llevar a la institución a un inédito "cierre técnico" y a un caos operativo de consecuencias irreversibles para la ciudadanía.
Díaz sostuvo que los recortes no responden a un ajuste fiscal de austeridad, sino a la línea política trazada desde el Gobierno, y recordó las declaraciones del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, el pasado 25 de julio en Guanacaste, en las que se refirió al cierre del Poder Judicial.
"El escenario que se proyecta es de calamidad, no lo puedo ver con un calificativo menor que ese. Va a reinar el caos en el 2027. Se va a dar un cierre técnico del Poder Judicial, este escenario no lo podemos calificar de otra manera. Aquí hay un proyecto político con un fin autoritario muy marcado. Prácticamente nos lleva a una dictadura", aseveró Díaz, quien calificó de abuso de autoridad ilegal y lesivo el hecho de paralizar el sistema de justicia.
Para el Ministerio Público, el recorte representa una disminución directa de ₡558,1 millones. Díaz subrayó que el sistema de justicia opera como una cadena donde cada institución es un eslabón interconectado: cualquier afectación al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) repercute de inmediato en el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Judicatura y los usuarios del sistema.
Como ejemplo, explicó que la imposibilidad de nombrar plazas interinas paralizaría Medicina Legal: si no se puede contratar a un patólogo forense interino, no se podrían realizar las autopsias de ley, lo que provocaría acumulación de cuerpos en la Morgue Judicial y frenaría las investigaciones criminales antes de llegar a los despachos fiscales.
También advirtió sobre una amenaza tecnológica: si el departamento de Tecnologías de Información no cuenta con recursos para pagar las licencias de Microsoft, el sistema de correo institucional colapsaría a partir de enero, lo que paralizaría los procesos judiciales en curso.
Carlo Díaz, fiscal general
Desmantelamiento de la lucha contra el narcotráfico
Según Díaz, el recorte impedirá contar con al menos 25 profesionales en la Fiscalía de Narcotráfico, lo que entramparía las causas complejas, pondría en riesgo el vencimiento de prisiones preventivas y amenazaría con el cierre de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).
En delitos sexuales, la disminución de 33 plazas impediría cumplir con los anticipos jurisdiccionales de prueba exigidos por ley, lo que obligaría a los fiscales a pedir a las víctimas de violaciones y abusos que esperen, según el fiscal.
El recorte en la partida de alquileres obligaría, además, al cierre de oficinas regionales en Cóbano, Jacó y Quepos, concentrando los servicios en las cabeceras de provincia.
Díaz ejemplificó el impacto con el caso de una mujer agredida en Cóbano que, en condición de pobreza, tendría que elegir entre usar ₡5.000 para alimentar a su familia o pagar el ferry y el transporte hacia Puntarenas para denunciar violencia doméstica. Una situación similar enfrentarían los turistas extranjeros víctimas de delitos en esas zonas.
El fiscal general rechazó los señalamientos sobre gastos superfluos en viáticos y aclaró que los viajes internacionales de los fiscales son financiados casi en su totalidad por organismos internacionales, incluida la representación ante la OCDE, que no genera costo para el Ministerio Público.
Díaz alertó que desde el Poder Ejecutivo se intentará presentar el recorte como una "condición" y no como un recorte real, algo que calificó de exigencias ilegales e irrealizables en el corto plazo. Como evidencia de un trasfondo político, señaló que, mientras al Poder Judicial se le impone este ajuste, carteras como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia sí registraron incrementos presupuestarios.