UPAD: Abogados de Alvarado siguen protestando porque la Fiscalía decomisó celulares
Empresa fue contratada para analizar la dinámica en la que el OIJ y la Fiscalía accedió y decomisó prueba que se encontraba en computadores de Presidencia
Carlos Alvarado, presidente de la República. (Foto: Archivo CRH)
(CRHoy.com) Un informe pericial presentado por los abogados del presidente Carlos Alvarado ante magistrados de Sala Tercera insiste en que el decomiso de información relacionado a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), durante allanamientos ejecutados por la Fiscalía y el OIJ, se llevó a cabo de forma incorrecta.
Esto porque, según ellos, la fiscala general Emilia Navas debió haber instruido a los agentes de la sección de Cibercrimen del OIJ, a utilizar herramientas dentro del servidor de Casa Presidencial para recopilar la información que fuese de su interés, y no mediante el método que el Ministerio Público siguió.
Es decir, los intereses de defensa de los juristas en representación de Alvarado, la Fiscalía tenía que haber nutrido el cúmulo de evidencia únicamente con los parámetros tecnológicos registrados en la Presidencia.
El documento, al que CRHoy.com tuvo acceso, fue elaborado por 2 peritos de la empresa Soportexperto S.A, que según plataformas públicas le brinda servicios mensuales de tecnología a la Procuradoría General de la República.
"Conclusiones. La orden de allanamiento, registro y secuestro dictada por la Sala tercera autorizó el acceso y secuestro de información específica relacionada con la UPAD, por lo que desde un punto de vista forense debió de verificarse si era posible discriminar la información requerida y luego realizar una imagen forense. En este sentido, debe señalarse que la funcionabilidad de Gsuite Vault y MailXaminer –herramientas tecnológicas- permite realizar búsqueda de archivos y correos en toda la plataforma Google, que es la que se utiliza en Casa Presidencial…", cita el oficio técnico-pericial.
La firma tecnológica fue contratada por los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara, representantes legales de Carlos Alvarado, dentro del expediente que se sigue contra el mandatario por la operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), donde los integrantes y más cercanos colaboradores del jerarca recopilaron datos sensibles de la ciudadanía, al parecer de forma ilícita.
Ambos peritos, de apellidos Pérez y Lindo, tenían la finalidad de analizar la dinámica de extracción de informaciones y correos desde los servidores de Casa Presidencial para efectos de nutrir la investigación por la UPAD, así como la eventual apertura y copia del disco duro de los computadores que fueron retenidos al Presidente de la República.
Para ellos, el OIJ no implementó correctas prácticas para esos fines.
Piden anular allanamiento
Los abogados de Alvarado interpusieron un recurso por actividad procesal defectuosa, alegando que el decomiso de los celulares y el computador personal del presidente, viola sus derechos y va en detrimento de la normativa que asegura una correcta defensa para el imputado.
Además, sugieren que con la retención de esos dispositivos, la Fiscalía tendría en su poder elementos que incluso son secreto de Estado, o bien otros documentos confidenciales que son de uso propio de la Presidencia.
Sin embargo, la fiscala general Emilia Navas se refirió a ese tema e hizo énfasis en que la dinámica de decomiso de pruebas se hizo conforme a derecho.
"…la extracción de la información, en este y cualquier otro caso, la realizan personas funcionarias de la Sección de Cibercrimen del OIJ, con el uso de equipo tecnológico forense conocido como UFED, que impide que durante la extracción haya posibilidad de que se visualice la información contenida, pues lo que se genera es una copia virtual exacta -bit a bit-, garantizándose así la integridad, seguridad y autenticidad de la prueba digital (…) el señor defensor parte de una premisa equivocada, que podría presumirse se debe a un desconocimiento del proceso de decomiso, respaldo, extracción y cadena de custodia de evidencia digital, lo que se hace en cualquier investigación…", respondió la fiscal Navas.
El panel de supremos jueces de Sala Penal (Tercera) del Poder Judicial, cuyos integrantes conocen del caso UPAD al estar el presidente del país involucrado, así como ministros y viceministros, no han resuelto el recurso por actividad procesal defectuosa por el fondo, es decir, no han indicado si se acoge o no.
En caso de que se apruebe, el allanamiento se anularía y deberán devolver los dispositivos a Carlos Alvarado, de lo contrario, se continuará con la apertura que está pendiente de fijar.
Los magistrados además deben resolver si admiten como prueba a incorporar, este informe pericial.
Allanamiento a Casa Presidencial por el caso UPAD. Foto CRH
Caso UPAD
El caso por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) fue dado a conocer por CRHoy.com el 21 de febrero del año en curso, con la publicación del Decreto ejecutivo N 41996-MP-MIDEPLAN, cuyo cuerpo textual señalaba la facultad para que el equipo de la UPAD tuviera acceso a información confidencial.
Ese decreto fue elaborado por el asesor del despacho presidencial Luis Eduardo Salazar, así como por el analista Diego Fernández, y fue firmado por Carlos Alvarado en su condición de presidente, además por el exviceministro de la Presidencia Victor Morales (actual diputado del PAC), y el entonces viceministro de Planificación Luis Daniel Soto.
Tras los primeros cuestionamientos públicos a partir de la publicación de este medio, Presidencia confirmó la derogación del decreto, dejando sin efecto la operación de la UPAD que en realidad venía operando desde el 2o18.
El Ministerio Público recibió denuncias por el caso e inició de inmediato un proceso de investigación que materializó una semana después una serie de allanamientos en Casa Presidencial, hecho sin precedente en el país.
Los imputados en la causa son Carlos Alvarado, Victor Morales, Luis Daniel Soto, y los exasesores de Casa Presidencial Diego Fernández, Luis Eduardo Salazar, Felly Salas, Andrés Villalobos y Alejandro Madrigal, estos dos últimos se encargaban de manejar los datos.