Uber y DiDi fustigan petición del CTP: “arriesga el sustento de miles de familias”
Compañías apuntan a que planteamientos no tienen sustento legal
Imagen ilustrativa (CRH)
(CRHoy.com). Las empresas Uber y DiDi rechazan la intención del Consejo de Transporte Público (CTP) en pretender que se bloquee la operación ambas aplicaciones en el país.
El viernes 19 de marzo la institución remitió un comunicado de prensa en el que anunciaron 2 solicitudes trascendentales: que la Procuraduría General de la República (PGR), como representante legal del Estado, presente una demanda contra las plataformas que promueven la conexión entre choferes y pasajeros, y que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) solicite a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el bloqueo de a Uber, a DiDi y a InDriver.
La petición del CTP se fundamenta en el criterio de que estas compañías operan fuera del margen de la ley y que existe omisión por parte de las compañías en acatar las "reiteradas peticiones del Poder Ejecutivo en cesar las funciones".
Uber funciona en el país desde el 21 de agosto del año 2015. Cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.
"Rechazamos en todos sus extremos la solicitud del CTP y lamentamos que ponga en riesgo el sustento de miles de familias que hoy generan ingresos adicionales gracias a estas plataformas tecnológicas. Siempre hemos expresado nuestro interés de participar proactivamente en la discusión de la movilidad colaborativa, tanto a nivel legislativo como Ejecutivo.
"Hemos insistido en el llamado a convocar el proyecto de ley 21.587, el cual fue suscrito y consensuado por todas las fracciones políticas representadas en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y que, lamentablemente, no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo en este periodo de sesiones extraordinarias", citó la empresa estadounidense, en un comunicado de prensa divulgado el pasado fin de semana.
El CTP alega que con la proliferación de las plataformas la cantidad de personas que ofrecen servicios de transporte informal de pasajeros asciende a 50 mil, "ya sea en automóvil, busetas, microbuses, motocicletas e incluso, algunos autobuses que ya cumplieron su vida útil se utilizan para la piratería, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas".
Para la entidad, el mayor perjuicio de esta situación recae sobre los taxistas formales. En la actualidad existen 11.400 concesionarios de taxi, quienes desde que llegaron las plataformas vieron afectados sus ingresos.
"Entre los años 2000 y 2015 se devolvieron a la entidad, 17 placas de taxi por año, en promedio. Entre el 2015 y2018, 241 placas anualmente y entre el 2018 y 2020, 343 placas por año. De lo que llevamos de este 2021, ya se registran cerca de 30 placas devueltas", puntualizó el consejo.
DiDi funciona en el país desde noviembre de 2019. DiDi/Archivo CRH
DiDi: "es improcedente"
La empresa DiDi, de capital chino y que opera en el país desde noviembre de 2019, condenó la petición del ente estatal. Para la compañía es "improcedente y carente de sustento legal".
"Desde el punto de vista legal carecen de fundamento, pero también -y más grave aún- desconocen la realidad de miles de individuos y familias, así como las posibilidades que abre el avance tecnológico para la reactivación de la economía.
"El camino costarricense para la resolución de controversias transita por el diálogo y el consenso para llegar a soluciones que atiendan de forma prudente y moderna, los requerimientos de nuestra sociedad", advirtió la DiDi, mediante un comunicado de prensa remitido este lunes.
La junta directiva del CTP trató el asunto tras una propuesta hecha por Leda Mora, quien es representante del sector de los taxistas formales.
Según la representante de la "fuerza roja", es imperativo que la Aresep y la Policía de Tránsito "intensifiquen" los operativos contra el transporte ilegal de pasajeros.