TSE rechaza recurso de Amparo Electoral de Johnny Araya
Alcalde josefino fue suspendido 20 días por Contraloría
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó por el fondo el recurso de Amparo Electoral que interpuso el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, a raíz de la tercera sanción que le impuso la Contraloría General de la República (CGR).
Así consta en la resolución 0018-E1-2024 del 4 de enero de 2024 de la cual CRHoy.com tuvo copia y la cual fue firmada por los magistrados Eugenia María Zamora Chavarría Max Alberto Esquivel Faerron Zetty María Bou Valverde Luis Diego Brenes Villalobos Mary Anne Mannix Arnold.
Araya interpuso un recurso de Amparo Electoral contra el último castigo del órgano contralor, cuya suspensión ronda los 20 días.
Sin embargo, la tesis del alcalde josefino fracasó en el Tribunal Supremo de Elecciones.
La apertura de un procedimiento administrativo disciplinario en contra de un funcionario de elección popular y su eventual sanción en sede administrativa no suponen, per se, una violación a derechos fundamentales de carácter político-electoral del investigado. Como todo servidor público, debe responder por los actos realizados en ejercicio de su cargo. De otra parte, no ha lugar a los alegatos de las personas recurrentes que se identifican como votantes del señor Araya Monge. Por el carácter secreto del sufragio, no es posible saber si, en efecto, quienes gestionan votaron por el citado funcionario, circunstancia que impide acreditar la legitimación activa en un proceso como este, en el que se reprocha que las decisiones de la CGR han afectado que su representante ejerza el mandato que le dieron", indica la resolución.
Para los altos jueces, cuando se vota por una candidatura y resulta ganadora, el Colegio Electoral sabe que el representante está sujeto al régimen de rendición de cuentas, evaluación de resultados y las responsabilidades que se le indicaron.
Es por esa situación que resultó procedente rechazarla por el fondo este recurso de Amparo Electoral.
El caso
La Contraloría como institución fiscalizadora llevó a cabo una investigación en la cual concluyó que Araya avaló en agosto de 2018 una contratación por excepción de la empresa BDS Asesores Jurídicos sin contar con los estudios de mercado o los legales que justificaran un pago por ₡22,5 millones.
La idea de la contratación era asesorar a los abogados del Gobierno Local en relación con el marco de la nueva ley de empleo público, así como también de capacitaciones y renegociaciones de convención colectiva.
El líder municipal aseveró ante los altos jueces electorales que existe una persecución de la Contraloría en cuanto a sus actuaciones, las cuales calificó que están apegadas a derecho.
Incluso señaló que estará acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para denunciar al ente contralor al señalar que sus funciones se están sobrepasando e incluso están violentando normas internacionales.
Producto de este caso, Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió una investigación ante el Tribunal de Ética sobre lo ocurrido detrás de esta sanción contra Araya.