TSE pide a exgerente de EBI nueva información sobre financiamiento al PPSO
Exgerente de EBI con vicepresidentes de Laura Fernández
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene bajo investigación la solvencia económica de Juan Carlos Obando Umaña, exgerente de la empresa Berthier EBI y financista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien en agosto del 2025 donó ₡5 millones a la agrupación política que llevó a Laura Fernández a la Presidencia de la República.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) confirmó este jueves 5 de noviembre a CR Hoy que el estudio continúa abierto y que Obando tiene pendiente atender una solicitud para aclarar y ampliar la información que presentó inicialmente para justificar su capacidad económica.
El órgano electoral explicó que actualmente analiza la documentación aportada por el financista, pero todavía requiere información adicional para continuar con el estudio.
El TSE agregó que aún espera una respuesta del empresario a los nuevos requerimientos.
La respuesta confirma que el TSE todavía no concluye la revisión sobre la solvencia económica de Obando, quien años atrás recibió una condena penal por entregar una dádiva a un exalcalde de Aserrí mientras ocupaba un puesto gerencial en EBI.
Estos estudios analizados por el TSE buscan verificar la capacidad económica de los contribuyentes y la procedencia de los recursos que aportan a las agrupaciones políticas.
Financista fue condenado por corrupción
Obando Umaña fue gerente de Berthier EBI, empresa vinculada con un grupo canadiense dedicado a la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en Costa Rica.
Durante su paso por esa compañía, estuvo involucrado en un caso de corrupción relacionado con el entonces alcalde de Aserrí, Mario Morales Guzmán.
El Tribunal Penal de Juicio de Goicoechea condenó a Obando a un año de prisión el 27 de enero de 2010, por el delito de cohecho impropio, en la modalidad de penalidad del corruptor.
La sentencia determinó que el empresario concedió una dádiva indebida al entonces alcalde para favorecerlo económicamente mientras este ejercía funciones públicas.
Por los mismos hechos, Morales recibió una condena de cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito, cohecho impropio y tres delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes.
La causa se remonta a hechos ocurridos entre 2005 y 2006, cuando EBI obtuvo la administración del relleno sanitario de El Huaso, en Aserrí.
En ese contexto, Obando facilitó un beneficio económico a Morales Guzmán mediante una operación relacionada con una deuda hipotecaria.
La investigación judicial estableció que Obando, como representante de Tropical Ventures de Costa Rica S. A., emitió un documento que permitió reducir en $15.000 una deuda hipotecaria de $45.000 que mantenía el entonces alcalde.
Gobierno condiciona obras en Turrúcares a retiro de procesos contra EBI
La investigación sobre el financista del PPSO coincide con una nueva controversia relacionada con EBI, empresa para la que Obando trabajó años atrás.
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió la noche del miércoles 4 de noviembre la apertura de un relleno sanitario de la compañía canadiense en Turrúcares de Alajuela, durante un conversatorio que organizó Casa Presidencial en el liceo de esa comunidad.
Los vecinos expresaron su oposición al proyecto, mientras Chaves ofreció una inversión de casi ₡6.000 millones en obras comunales si se permite la apertura del relleno, denominado Parque de Tecnología Ambiental.
Entre los proyectos prometidos figuran centros de cuido para niños y adultos mayores, mejoras en las rutas nacionales 721 y 136, dos puentes, un colegio técnico profesional y espacios comunitarios y deportivos.
Sin embargo, Chaves condicionó las inversiones a que el Concejo Municipal de Alajuela retire, antes del 2 de diciembre, los procesos de lesividad que buscan revertir los permisos del relleno sanitario.
El jerarca argumentó que esa fecha constituye un límite porque Hacienda debe destinar recursos para defender al país en un arbitraje internacional promovido por EBI.
Según Chaves, la empresa reclama una indemnización de $154 millones, mientras que la defensa del Estado requiere aproximadamente $4 millones.
Durante el conversatorio, Chaves dio por terminada la sesión cuando el presidente del Concejo, Jorge Arturo Campos, preguntó a los asistentes si apoyaban el proyecto y recibió una respuesta negativa.
El ministro rechazó que los vecinos decidieran mediante esa consulta y sostuvo que la resolución corresponde al Concejo Municipal.