TSE insiste en que bonos son un mecanismo perverso de financiamiento para partidos, tras informe de la OEA
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) volvió a insistir en que el financiamiento de partidos políticos por medio de certificados de cesión de deuda, conocidos como bonos, constituye un mecanismo perverso para obtener recursos.
Las agrupaciones emiten estos instrumentos durante la campaña política, lo que genera constantes alertas en las autoridades por dudas sobre el origen de los fondos.
El Primer Informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) en Costa Rica 2026 advirtió su preocupación por la posibilidad de que el narcotráfico haya infiltrado el financiamiento de algún partido político.
Precisamente en la última campaña, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE tramitó varios casos donde surgieron dudas sobre el origen de los fondos con los que los financistas compraron bonos. Algunos de estos hallazgos los reveló CR Hoy y se relacionan con el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La MOE-OEA señaló que, según información de actores inmersos en la contienda, las autoridades analizan alertas de una posible infiltración del crimen organizado inyectando fondos en las agrupaciones políticas.
"Por la cercanía del día E que fue hace apenas dos, todavía el departamento (DFPP) no ha terminado sus indagaciones, pero sí en lo cotidiano se han librado consultas para poder acreditar o no la solvencia económica de las personas donantes, como ocurre en los procesos electorales en general a partir de las nuevas herramientas de fiscalización y control que dotó al tribunal el código de 2009.
Los certificados de cesión de la contribución del Estado conocidos como bonos, el tribunal siempre los ha calificado como mecanismos perversos de financiamiento y tienen que ver con varias razones", dijo Andrei Cambronero, letrado del TSE.
Investigaciones en curso
De momento, el TSE no mantiene un caso en curso donde identifique específicamente dinero narco impulsando campañas.
No obstante, el órgano electoral dirige varias investigaciones abiertas para determinar el origen de los fondos con que los financistas compraron los bonos.
"Nosotros a la fecha no tenemos formalmente identificada que se haya dado ninguna de estas acciones. Sin embargo, estamos en un monitoreo constante ejerciendo nuestra labor de fiscalización a través del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que recientemente la ley fue modificada, la ley electoral para otorgarle entre otras facultades que ya se venían ejerciendo por reglamento, pero ya ahora con rango de ley, como, por ejemplo, los estudios de solvencia económica", explicó Cambronero.
La importancia de estos estudios radica en que las personas que donen a campañas electorales deben justificar que sus ingresos respaldan las contribuciones que realizan.
Caso Financiamiento Jaguar y bonos del PPSO
El letrado recordó que ya existen casos sobre la posibilidad de delitos detrás del financiamiento de partidos que el TSE remitió al Ministerio Público.
El más reciente corresponde al caso de "Financiamiento Jaguar", donde se investiga el uso de estructuras paralelas ilegales. En este proceso figuran el presidente Rodrigo Chaves Robles, la diputada oficialista Pilar Cisneros y Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República. También incluye a Arnoldo André Tinoco, canciller; Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada y presidenta del PPSD; Paola Nájera Abarca, diputada del PPSD y Julio "Waldo" Agüero Sanabria, diputado del PPSD.
El TSE no solo estudia casos de gran magnitud, también analiza otros donde, a pesar de tratarse de donaciones pequeñas, se toman en cuenta aspectos como la capacidad económica para adquirir certificados de cesión de deuda.
Un ejemplo relevante, revelado por CR Hoy, es el de una estilista de Quepos que, percibiendo un salario mínimo, compró 15 bonos de un millón de colones cada uno.
"En otros momentos recordará usted que el tribunal ha identificado y enviado al Ministerio Público como corresponde donaciones de personas que reportan un ingreso, por ejemplo, de estoy dando un ejemplo, de 500 000 colones al mes, pero aparecen donando a campañas 3 millones, 4 millones, 5 millones, y acreditar pues orígenes de fondos para poder justificar esos montos de donación.
Eso lo hacemos de forma cotidiana y a través de los reportes que hacen las agrupaciones políticas y de los estados auditados de sus finanzas partidarias", detalló.
Inequidad y alertas de la OEA
La MOE-OEA alertó que, aunque las elecciones se desarrollaron en un contexto democrático, persisten desafíos históricos vinculados con la inequidad del sistema de financiamiento vigente en Costa Rica.
"A esto se suman los diversos relatos recibidos por la Misión de preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico, así como de financiación prohibida proveniente del extranjero, en la competencia política", señala el informe.
La misión ya había advertido sobre esta problemática durante las elecciones municipales de 2024.
Uno de los principales aspectos que la misión considera necesario vigilar son los reembolsos postelectorales que reciben los partidos políticos, conocidos como deuda política.
Este mecanismo predomina en el país, pese a que también existen aportes mediante créditos bancarios.
La mayor preocupación de los observadores se centra en la compra de bonos emitidos por los partidos políticos como forma de financiamiento.
"Estos reembolsos están condicionados al cumplimiento de estrictos requisitos verificados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto conlleva a una excesiva dependencia en el financiamiento privado, en un sistema que no establece límites a las contribuciones individuales, ni topes de gasto para campañas.
En la contienda actual se destaca la creciente utilización de certificados de cesión de la contribución estatal, también conocidos como bonos, por un monto total cedido autorizado de ₡71.317.500.000, para las agrupaciones políticas en contienda", reveló la misión. Esta cifra supera ampliamente el monto de la contribución estatal fijado por el TSE en ₡39.292.747.760.
El informe recoge inquietudes de diversos actores políticos que coinciden en que el sistema genera profundas condiciones de inequidad.
"(…) estos actores opinaron que la figura de cesión de la contribución estatal, al basarse en la especulación, genera incentivos indeseados para su adquisición. En el contexto de un sistema multipartidista, consideraron que esta figura ya no cumple con el objetivo para el cual fue concebida y tiende a beneficiar principalmente a los financistas privados", agrega el documento.
Finalmente, la MOE/OEA destacó que solo Liberación Nacional, Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana accedieron a créditos bancarios, cuya garantía se acordó mediante la colocación de certificados de cesión.