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TSE aclara a diputados fecha para límite para rebajar deuda política

Por Carlos Mora | 27 de Ene. 2025 | 11:08 am

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró a los diputados la fecha límite para que se pueda rebajar la deuda política para las elecciones nacionales de febrero de 2026 y las municipales de febrero de 2028; es decir, la contribución que hace el Estado a las campañas de los partidos políticos.

El asesor de la presidencia del TSE, Andrei Cambronero Torres, acudió este lunes en la mañana a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa y desmintió que la fecha límite para rebajar esa contribución sea este viernes 31 de enero, como insisten los diputados del Frente Amplio (FA).

Cambronero explicó a los congresistas que, según el artículo 90 del Código Electoral, un año antes de las elecciones el TSE debe emitir la resolución acerca del monto de esta contribución. En ese sentido, dijo que, como las próximas elecciones nacionales son el 1 de febrero de 2026, a más tardar el 1 de febrero de este 2025- el sábado entrante- deberá emitirse dicha resolución.

Sin embargo, el funcionario electoral añadió que el TSE ha emitido ya resoluciones en las que aclara que el monto puede reducirse incluso antes de la convocatoria a elecciones, lo cual sucederá el 1 de octubre entrante. En consecuencia, los diputados tienen plazo de aprobar la ley para rebajar la contribución hasta septiembre.

Cambronero específico que el último día de septiembre dicha ley deberá estar no solo aprobada, sino también sancionada y publicada en el diario oficial La Gaceta para que pueda quedar en firme la rebaja

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El FA insiste en que si este aporte estatal se mantiene en el máximo constitucional de un 0,19% del PIB para los comicios de 2026 y 2028, el monto a distribuir entre los partidos podría triplicarse.

El diputado frenteamplista, Jonathan Acuña Soto, explicó que para las elecciones nacionales de 2022 y las pasadas municipales de febrero anterior el monto de deuda política fue de alrededor de ¢30.586 millones, ya que por medio de una ley se redujo la asignación a un 0,085% del PIB.

Los frenteamplistas dicen que si la deuda no se rebaja, el monto podría llegar a los  ¢93.174 millones.

 

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