Tropiezo tras tropiezo: audiencia para elevar Cementazo a juicio se retrasó para setiembre
Se sumarán 10 semanas de retraso, debía empezar desde julio
Los tropiezos no se acaban para iniciar la audiencia preliminar del Cementazo, en la cual se definirá si el escándalo de supuesta corrupción llega a juicio 7 años después de que se diera a conocer. La diligencia judicial ahora se trasladó para setiembre y comenzará el día 9 de dicho mes.
Este miércoles debía iniciar la audiencia; sin embargo, los abogados y las partes fueron notificados la tarde de este martes sobre la recalendarización. Incapacidades de imputada Paola Mora Tuminelli, expresidenta del Banco de Costa Rica, paralizaron el proceso esta semana.
Este es el cuatro atraso que sufre el trámite del Cementazo desde julio hasta hoy. Inicialmente, el banderazo de salida se fijó para el pasado 1° de julio, pero el Juzgado Penal de Goicoechea tomó la decisión de suspender temporalmente el inicio de este proceso.
La razón es que tanto Mora como otro de los sospechosos estaban sin abogado, lo que finalmente provocó una dilación de 7 semanas. Luego que defensores públicos asumieron el caso, se fijó el pasado lunes 19 de agosto para empezar, pero entonces Mora Tuminelli se incapacitó.
Se reprogramó la audiencia preliminar para hoy miércoles 21 de agosto y nuevamente, una extensión en la incapacidad de la expresidenta del BCR provocó una demora, razón por la cual jueza fijó el inicio para el 9 de setiembre.
El Juzgado Penal de Hacienda fue más allá y ordenó a Paola Mora a una valoración en Medicatura Forense, para determinar si las incapacidades son tácticas dilatorias.
Algunos abogados defensores de los otros imputados han solicitado un testimonio de piezas, es decir, separar el juzgamiento de Mora en otra causa separada para evitar más traspiés.
Consultado por crhoy.com el pasado lunes, el fiscal general Carlo Díaz, cuestionó los atrasos y aplazamientos constantes que sufren audiencias o juicios de alto perfil para casos como el Cementazo.
El jerarca del Ministerio Público manifestó que se ha convertido en una práctica constante, el retrasar los trámites por incapacidades u otros compromisos de las personas involucradas en una causa penal.
Ustedes han visto que en estos casos hacen lo posible porque las audiencias o juicios no se realicen y esto es muy común, ya es recurrente. Es trabajo de la defensa, yo lo entiendo. Tenemos que poner mucho atención y hasta más disposición de los tribunales para ir acortando los señalamientos.
Nosotros tenemos casos muy relevantes, muy importantes que, por cuestiones de agenda, tanto de abogados como del mismo tribunal, se van extendiendo a lo largo del tiempo.
Nosotros siempre impulsamos que estos señalamientos se hagan lo más pronto posible, pero también es un llamado de atención para el sistema en general, para que podamos, con los recursos que tenemos, aligerando los mismos.
Gerardo Huertas, abogado de dos exfuncionarios acusados en el caso (Marvin Corrales Barboza, ex subgerente de Banca Minorista y Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR), refutó las palabras del fiscal general y aseguró que, por el contrario, en muchas ocasiones son los abogados quienes buscan acelerar el trámite.
Consideramos sumamente imprudentes las manifestaciones realizadas por el señor fiscal general en este mismo medio hace algunos días, cuando dio a entender que los retrasos en el inicio de audiencias en procesos penales grandes siempre son atribuibles a la defensa, inclusive indicando de alguna manera que en su criterio, los defensores hacían todo lo posible para que las audiencias no iniciaran.
Hay que tener mucho cuidado con incluir a todo el mundo en un mismo saco y realizar manifestaciones de ese tipo de una forma tan ligera. Si el señor fiscal general hubiera leído algo del expediente del Cemento Chino, sabría que en este caso son varios de los imputados incluidos
Las diligencias que impidieron que esta audiencia iniciara relacionadas con el nombramiento de defensor a otra imputada, no tienen nada que ver ni tienen relación con el resto de imputados entonces hay que tener mucho cuidado con generalizar de la forma en que lo hizo el señor fiscal general.
Duración extensa
La fase previa al juicio estaba programada para extenderse por alrededor de cinco meses: inicialmente se extendería hasta noviembre, al menos que por los retrasos se alargue.
Se iba a realizar de forma virtual; sin embargo, el Juzgado determinó hacer un cambio y pasarlo a modalidad presencial. La investigación ya culminó: son 9 acusados, bajo en el expediente 16-000013-0033-TP y se trata de un asunto de tramitación compleja.
El principal sospechoso es Juan Carlos Bolaños Rojas, propietario de la empresa Sinocem, así como Javier Rojas Zúñiga y Mario Cortés Zúñiga, gerentes de Sinocem .
También figuran como imputados en la causa Andrés Víquez Lizano, ex subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, ex subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, exdirector de Gestión de Créditos y Paola Mora Tuminelli, expresidenta del BCR.
Además, Gilbert Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR, asi como están imputados Leonardo Acuña Alvarado, exgerente de Finanzas y Riesgo del BCR, quien falleció en un accidente de tránsito a inicio de 2024 y sobre quien se dictaría un sobreseimiento.
Desde hace dos años está lista la acusación: en julio de 2022, el Ministerio Público señaló los posibles delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización y encubrimiento de bienes públicos.
Años de espera
Fue a mediados del 2017 cuando todo surgió a la luz pública: eventuales irregularidades en las que el BCR le aprobó un crédito por $31,5 millones a Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, presuntamente usando influencias en las altas esferas de la entidad financiera.
Las investigaciones posteriores destaparon la presunta red de tráfico de influencias más grande descubierta hasta ese momento, que operó, en apariencia, en favor de Bolaños para que iniciara con la traída de cemento producido en China.
Se reveló además que Casa Presidencial fue epicentro de las gestiones de Bolaños ante el Gobierno. La investigación legislativa del "cemento chino" concluyó que las intervenciones de Casa Presidencial en favor de Bolaños se pueden resumir en cuatro ámbitos, entre ellos el nombramiento de algunos directores y jerarcas en Bancos del Estado.
Las siete reuniones concedidas a Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial y sus requerimientos, generó resultados, acciones y presiones ejercidas sobre mandos medios de algunas instituciones.
Además, el escándalo salpicó a varios ministros y viceministros del entonces presidente Luis Guillermo Solís, que modificaron reglamentos e hicieron gestiones que favorecieron a Bolaños.
También a funcionarios del sector bancario estatal, a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala III y al Ministerio Público, y a las representaciones en la Asamblea Legislativa de los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La Fiscalía apunta a que para importar cemento proveniente de china, Bolaños incurrió en unos 28 delitos separados: 11 son por peculado, 8 receptaciones, legalización o encubrimiento de bienes, 3 por documento falso, 3 por influencia sobre la Hacienda Pública y 3 por captación indebida de manifestaciones verbales en condición agravada.
Víquez Lizano es acusado de 16 presuntos delitos, mientras que a Acuña Alvarado, Corrales Barboza, Mora Tuminelli, son imputados en seis supuestos delitos a cada uno. Barrantes Campos y Ramírez Rodríguez, los individualizaron con cuatro delitos cada uno.
Mientras que en apariencia, la expresidenta del BCR es señalada como responsable de posibles influencias sobre la Hacienda Pública y captación indebida de manifestaciones verbales, mientras que al resto de los imputados se les vinculó a posibles peculados, tráficos de influencias y falsedades ideológicas.
La hipótesis se dirige a que los recursos facilitados por la institución bancaria estatal se habrían usado para otros fines diferentes a la compra de cemento, para lo que originalmente se solicitaron.