Tres jueces se incapacitaron por amenazas y agresiones, denuncia asociación
Los voceros de Acojud en la sesión de Corte Plena.
Tres jueces de ejecución de la pena tuvieron que incapacitarse debido a amenazas y agresiones relacionadas con el ejercicio de sus cargos, denunció la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) durante la sesión de la Corte Plena de este lunes.
Los voceros Mario Rodríguez y Odilie Robles explicaron que dos de los funcionarios pertenecen al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela y la tercera trabaja como jueza de ejecución de la pena en Cartago.
Acojud calificó como preocupante que las autoridades policiales e institucionales no identificaran inicialmente los hechos como ataques relacionados con las funciones de los jueces, sino como delitos comunes.
Según la asociación, los compañeros de los funcionarios tuvieron que intervenir para que las autoridades reorientaran los casos.
Acojud también criticó que los despachos con alta exposición, como el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, no hayan recibido visitas ni acompañamiento institucional después de estos incidentes. Este apoyo permitiría evaluar el estado de los funcionarios y brindarles asistencia.
Presiones y restricciones durante visitas carcelarias
Los representantes de Acojud señalaron que las presiones y descalificaciones del Poder Ejecutivo contra la labor judicial aumentan la vulnerabilidad del personal.
La magistrada Patricia Solano respaldó la preocupación y advirtió que el Sistema Penitenciario Nacional impuso severas restricciones a los jueces de ejecución de la pena.
Entre esas medidas figura la prohibición de ingresar con teléfonos celulares o computadoras durante las visitas a las cárceles, lo cual dificulta documentar las irregularidades del sistema.
Ante los riesgos de esta labor, los magistrados Rafael Segura y Gerardo Rubén Alfaro reconocieron que existe una "deuda enorme" con los jueces de ejecución de la pena.
También cuestionaron que la Dirección de Gestión Humana todavía no los haya clasificado como jueces 3 y los mantenga en la categoría de jueces 2, pese al riesgo físico constante, la exigencia del trabajo y la necesidad de ingresar continuamente a los centros penitenciarios.
Peticiones de Acojud
La asociación solicitó a la Corte Plena revisar de manera preventiva e integral los protocolos de seguridad existentes y crear los que hagan falta en un plazo máximo de tres meses.
También pidió conformar un equipo interdisciplinario entre la Judicatura, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público para abordar la seguridad en las zonas de mayor riesgo.
Además, solicitó incorporar estos protocolos a la nueva Política Operativa de Seguridad que la Corte aprobó recientemente.