Tras 7 meses, diputados dejan listo para votar el plan de prisión preventiva
Comisión resolvió diferencia que tenía respecto al término "peligro para la comunidad"
A los diputados les tomó 7 meses ponerse de acuerdo sobre el proyecto de ley que fue definido por los Supremos Poderes de la República como prioritario en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Se trata de la iniciativa de ley para modificar los parámetros para que los jueces dicten la medida de prisión preventiva.
Desde enero de este año las autoridades del Gobierno y del Poder Judicial le solicitaron a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso apurar esta legislación. Sin embargo, esa solicitud no tuvo eco en el Congreso, pues la discusión se prolongó por más de medio año.
¿Cuál era el punto de discordia y qué propone el proyecto?
El plan consiste en una reforma a los artículos 239 y 239 bis del Código Penal. La propuesta tiene el expediente 23.896 asignado.
El texto original del proyecto señalaba que los Tribunales podrán ordenar la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran circunstancias como que exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad. También, cuando la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad se encuentren en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida.
Sin embargo, el término "peligro para la comunidad" fue uno de los aspectos que especialistas y diputados señalaron que podría ser ambiguo e inconstitucional.
Este término fue el que consumió a los diputados 7 meses de discusión y por el cual el plan, todavía, tiene pendiente su trámite final.
Finalmente, antes de sus vacaciones de medio año, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico llegaron a un acuerdo. Una moción aprobada aclaró el término "peligro para la comunidad".
Se entenderá como comunidad, para los efectos de este inciso, "al conjunto de personas que habitan en una zona geográfica específica en donde se desarrollaron los hechos punibles que son endilgados a la persona imputada y sobre los cuales existen motivos razonables para presumir que la vida e integridad física de este conjunto de personas se encuentra en peligro", señala la moción aprobada.
La moción señala que esta medida de prisión preventiva se podrá dictar cuando "exista peligro para la víctima, el denunciante, el testigo y la comunidad. Cuando la víctima, el denunciante, el testigo y la comunidad se encuentren en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida".
En la siguiente gráfica se muestra una explicación de las valoraciones que harán los jueces para dictar esta medida.
¿Qué sigue ahora?
Con este cambio introducido al proyecto de ley, el plan entra en su etapa final en el Congreso.
Tras sus vacaciones, los diputados deberán culminar con varios pasos. El primero, abrir el espacio para que puedan presentar las últimas mociones de reiteración- rechazadas en la comisión- y que se discutirán directamente en el plenario.
Posteriormente, los congresistas iniciarán con su discusión por el fondo. En este lapso los 57 diputados tienen 20 minutos para referirse por el fondo de la propuesta.
Finalmente, el plan será votado en primer debate.
El segundo debate dependerá de si los diputados del Frente Amplio (FA) cumplen o no su advertencia de consultar el proyecto de ley ante la Sala Constitucional. Para esto se requiere que se logren recolectar 10 firmas de legisladores para enviar la consulta a los magistrados.
Si la consulta a la Sala IV no se presenta, el plan podrá ser votado en segundo debate. De lo contrario, deberá esperar un mes más.
Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que la comisión insistirá para que el plan tenga prioridad en el plenario en los próximos días.
Añadió que los cambios garantizan el debido proceso.
