Tijeretazo y bloqueo de ₡40.386 millones comprometen operación del Poder Judicial para 2027
Un recorte directo de ₡10.542 millones sumado al congelamiento de ₡29.844 millones mediante trabas administrativas amenaza con paralizar la investigación criminal, congelar plazas operativas y frenar el mantenimiento de sedes judiciales en todo el país. Este lunes la Corte Plena estudia los efectos de la reducción presupuestaria para el otro año.
El Poder Judicial enfrentará un duro impacto operativo y financiero en el 2027 debido al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional presentado por el Ministerio de Hacienda.
Del presupuesto global solicitado por la institución (₡530.983 millones) —que representa apenas un 4,3% del gasto público nacional—, el ajuste alcanza una afectación total de ₡40.386 millones, dividida entre recortes directos y recursos condicionados que la cúpula judicial califica como un "bloqueo administrativo".
El impacto real del ajuste no recae sobre gastos superfluos, sino sobre el gasto corriente y variable que sostiene el funcionamiento diario de los servicios de justicia. Entre las principales afectaciones están los servicios de tecnologías de la información con ₡10.257 millones. Representa el 43% de la afectación en rubros críticos.
Congela la renovación de equipos, proyectos de transformación digital, modernización del sistema judicial y el fortalecimiento de la ciberseguridad institucional.
Un total de ₡8.605 millones en infraestructura y ₡2.193 millones en alquileres quedan paralizados, lo que suma ₡10.798 millones. Esto frenará las obras de nuevos juzgados en Desamparados, Hatillo y Upala, así como el programa de edificaciones para los tribunales y la morgue de Buenos Aires.
El OIJ sufrirá un recorte de ₡8.684 millones. Se suspende la renovación de la flotilla vehicular (cero vehículos nuevos), se reducen ₡402 millones en chalecos y armas, y se afecta en ₡160 millones la alimentación de personas detenidas.
En el mantenimiento operativo se reducen ₡1.195 millones bloqueados, lo que equivale al 71,8% del presupuesto destinado al mantenimiento preventivo y correctivo de 911 oficinas. Impide reparar ascensores, fallas eléctricas, tanques de agua y techos, exponiendo al Poder Judicial a cierres técnicos y órdenes sanitarias del Ministerio de Salud.
En el servicio jurisdiccional se desfinancian ₡3.530 millones que tendrá como efecto el retraso en procesos judiciales y congelamiento de vacantes clave, más ₡1.120 millones menos para la Defensa Pública y Víctimas que implicará menor cobertura para la defensa legal y atención integral a víctimas.
También produce una restricción total de uso de plazas vacantes sin estudios de costo-beneficio, lo que compromete el uso de 2.463 plazas (17% del total).
Laberinto de normas
Además del recorte directo de ₡10.542 millones (un -11% del gasto variable), la inclusión de las Normas de Ejecución 9 y 10 por parte de Hacienda impone trabas que la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial considera "catastróficas".
La Norma 9 bloquea ₡29.844 millones (5,6% del presupuesto total judicial) sujetándolos a un trámite que requiere auditorías externas, certificaciones de la Contraloría General de la República, y aprobación tanto en la Comisión de Ingreso y Gasto Público como en el Plenario Legislativo. Este proceso postergaría la liberación de fondos hasta finales del primer semestre de 2027.
Por su parte, la Norma 10 prohíbe el traslado de fondos entre subpartidas operativas (remuneraciones, servicios y bienes). Ante una emergencia, el Poder Judicial no podrá mover recursos internamente; deberá formular un Presupuesto Extraordinario y esperar el trámite legislativo, el cual puede tardar hasta 90 días.
El Director de Planificación, Allan Pow Hing, y la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero, advirtieron ante la Corte Plena que las normas fueron redactadas para restringir de manera exclusiva al Poder Judicial. El congelamiento presupuestario impactará directamente a los usuarios, provocando el posible cierre de oficinas de Trabajo Social en Cartago, Heredia y Pérez Zeledón, lo que obligará a los ciudadanos a recorrer mayores distancias para acceder a la justicia.
Además, la paralización de obras carcelarias coloca a la institución en riesgo de caer en desacato ante votos de la Sala Constitucional por hacinamiento, mientras que planes de seguridad institucional en zonas críticas como Pococí quedan suspendidos.
El Poder Judicial enfatizó que no se opone a los controles gubernamentales ni a la rendición de cuentas, pero rechaza la imposición de mecanismos discrecionales que paralizan la gestión de los recursos públicos y vulneran la atención del sistema de justicia.