“Tendríamos que volver al papel”: Fiscal advierte riesgos de perder licencias por recortes al Poder Judicial

Carlo Díaz Comisión de Hacendarios

Los recortes millonarios que propone el Gobierno al Poder Judicial afectarían servicios tecnológicos, como licencias y notificaciones electrónicas, y obligarían a la institución a "regresar al papel", según advirtió el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Esto luego de que el Ministerio de Hacienda planteó una serie de "normas" en el proyecto de Presupuesto Nacional que analiza el Congreso. Entre ellas se encuentra la norma 9, que bloquearía ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial, distribuidos en 313 subpartidas operativas y de infraestructura.

Díaz y Martín Hernández, director a. i. de Tecnología de la Información del Poder Judicial, advirtieron sobre eventuales afectaciones en áreas tecnológicas, la emisión de sentencias, la suspensión de audiencias virtuales, la tramitación de expedientes y la notificación de resoluciones. Según señalaron, esto podría provocar una parálisis parcial e incluso total de algunos servicios a partir de febrero de 2027.

No podrían notificar por correo

Díaz afirmó que, de no contar con los recursos necesarios para pagar las licencias de Microsoft, el Poder Judicial no tendría la posibilidad de utilizar el correo electrónico a partir de marzo de 2027.

El fiscal explicó que la institución utiliza el correo electrónico para prácticamente toda su comunicación. Detalló que, por esa vía, se atienden, por ejemplo, consultas y solicitudes de información de diputados, entre otros trámites.

"Si en marzo no tenemos correo electrónico, tenemos que volver al papel y con la limitación de que el Poder Judicial había adoptado hace unos años la política de cero papel", manifestó Díaz.

Señaló que cualquier jerarca o diputado que eventualmente requiera realizar una consulta tendría que hacerlo físicamente mediante un oficio y regresar después de 10 días hábiles para recibir una respuesta.

"Y venga aquí (al Poder Judicial), porque tampoco tenemos notificadores", agregó Díaz.

El fiscal también advirtió que las notificaciones relacionadas con juicios, audiencias y resoluciones se realizan mediante correo electrónico, por lo que estos servicios también podrían verse afectados.

"Entonces, ya no vamos a poder hacer audiencias, ni juicios ni notificarles a todas las personas que tienen un juicio durante el año", afirmó.

Los diputados Antonio Trejos, del Frente Amplio, y Janice Sandí, del PLN, señalaron los riesgos asociados a los recortes y advirtieron que las dificultades para realizar notificaciones podrían generar una paralización en el funcionamiento del Poder Judicial.

Advierten sobre "cierre técnico"

Durante la audiencia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, señaló que los recortes representarían un "mazazo" a la independencia del Poder Judicial y podrían constituir un "cierre técnico" de la institución.

Aguirre también se refirió al fideicomiso cuestionado por el Gobierno y afirmó que este fondo es distinto al presupuesto ordinario del Poder Judicial y tiene un fin específico, por lo que, según explicó, no puede utilizarse para cubrir las necesidades que plantea el Gobierno.

Este fideicomiso se financia a partir de excedentes de subpartidas presupuestarias.

Principales repercusiones

Por su parte, Michael Soto, director a. i. del OIJ, calificó como preocupantes los recortes y señaló que afectarían la capacidad de la institución para adquirir chalecos y municiones, así como para atender de manera gradual la criminalidad y proteger a las víctimas del crimen organizado.

Entre las principales afectaciones señaladas por los jerarcas se encuentran:

• Fondos insuficientes para cubrir alquileres.
• La Zona Sur quedaría sin morgue judicial, sin un edificio para tribunales y celdas judiciales.
• El sistema penal se quedaría sin cerca de 2.500 plazas
• 810 plazas menos para el OIJ.
• La Fiscalía perdería 251 funcionarios y la Defensa Pública, 230.
• El área administrativa tendría cerca de 300 puestos menos.
• La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito perdería 115 puestos.

La propuesta de Hacienda plantea girar los recursos condicionados únicamente si el Poder Judicial demuestra ante el Congreso un adecuado uso de los fondos y del fideicomiso. Para ello, establece normas de ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento sería supervisado desde la Comisión de Hacendarios, presidida por el oficialismo.

Más recortes

Adicionalmente, el Presupuesto Nacional 2027 plantea un recorte de ¢10.000 millones al Poder Judicial. A esto se suma que, durante este año, el Gobierno aplicará un recorte de ¢11.000 millones al presupuesto judicial de 2026, equivalente al 2% de las partidas asignadas a este Poder de la República.

Actualmente, el Presupuesto Nacional 2027 se encuentra en análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que deberá dictaminarlo antes de que pase al Plenario Legislativo para su votación por parte de los diputados.