Taxistas ponen pausa y aplazan decisión sobre discusión de proyecto de Uber

(CRHoy.com). Pese a que los gremios de taxistas fijaron este miércoles como fecha límite para tomar una decisión ante el infructuoso trámite del proyecto de ley que regularía Uber y otras plataformas digitales, aún habrá que esperar.

En virtud de que los diputados trabajarían este día hasta mediodía, los transportistas optaron por suspender la convocatoria para acercarse en horas de la tarde a las cercanías del edificio de la Asamblea Legislativa con el objetivo de exigir respuestas a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.

Los taxistas piden que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo (ampliamente cuestionado por múltiples sectores) sea dictaminado de manera positiva para que –ahora sí- sea discutido en el plenario.

Este martes Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), explicó que darían plazo hasta este miércoles a las 3:00 p.m. para conocer si los legisladores dictaminarían el texto. De lo contrario, tomarían medidas "más drásticas" por encima del interés de dialogar con el Poder Ejecutivo y los diputados.

Otra de las molestias del gremio radica en que, según ellos, existe un interés en la comisión legislativa de prorrogar hasta enero de 2020 el plazo para emitir un dictamen referente al proyecto. Si esto ocurre, los taxistas alegan que se estaría permitiendo la operación de Uber –por más tiempo- al margen de la ley.

Ahora, los taxistas acordaron reunirse el lunes para tomar una decisión de si se acercan a los diputados entre martes y miércoles de la próxima semana.

Más alegatos

En junio, los taxistas acudieron a la Asamblea Legislativa para exponer ante los diputados 8 puntos con relación a su posición ante el proyecto de ley:

• Relación porcentaje de conductores/vehículos que se autoricen versus concesiones de taxis. Se acepta el incremento de hasta un 30% de nuevos permisos de acuerdo a la flota real y autorizada a la fecha (serían 4.500 carros de Uber).
• Distribución de estos en bases de operación en todo el país, pues resulta estrictamente necesario que la demanda en comunidades de las zonas rurales también sea atendida, para evitar la concentración en la GAM. Además, indican que en las zonas rurales no debería haber concentración de Uber, debido a la baja demanda de taxis que hay en estas comunidades.
• Incorporar en la presente ley la obligatoriedad de atender los requerimientos de la Ley 7600. Que el 10% de los permisos estén adecuados para el transporte de las personas que presentan problemas de movilidad.
• Asignación de una acreditación por persona física (nunca jurídica), persona que deberá estar vinculada a un vehículo registralmente de su propiedad. Lo anterior a efecto de mantener el equilibrio económico y financiero entre los operadores de transporte público remunerado de personas mediante las plataformas tecnológicas, garantizando que efectivamente además de regular su operación se cumpla objetivo de creación de una fuente de trabajo para las personas que realmente lo necesiten, y más bien evitar que sea aprovechado por grupos económicos (personas jurídicas) y/o personas que mantienen un trabajo estable.
• Las empresas de plataformas tecnológicas sólo deberán "tercerear" el servicio (conectar la persona usuaria con el operador de servicio de transporte), pues permitirles que también puedan ofrecer el servicio ocasionaría un gran desequilibrio en la actividad de transporte público, y vendría a desvirtuar los objetivos pretendidos con la presente ley.
• Obligatoriedad de que el conductor acreditado posea y porte una licencia habilitante para transporte público remunerado de personas (C-1), así como un código de conductor.
• Asimismo, se debe establecer la obligación de que el vehículo vinculado a dicho conductor debe contener pintado en sus puertas delanteras un distintivo para que los identifique la persona usuaria. Portará el mismo número de placa asignada en el Registro Público, solo cambia de color blanco. Se elimina la palabra Centroamérica, en su lugar se leerá la base de operación y provincia al que fue asignado ese nuevo permiso.
• Se elimina el inciso F de la Ley 7969 para permitir una mayor democratización en la entrega de permisos, como fuente proveedora de trabajo. De esa cantidad de carros de la aplicación, piden que un 10% de los conductores brinden servicios para personas con discapacidad.

Datos brindados por Uber en 2018 dan cuenta de que existían 22 mil conductores que brindaban sus servicios a través de la aplicación.

La empresa opera en el paso desde el 21 de agosto de 2015, entre cuestionamientos sobre su legalidad.