Sugese no descarta elevar a otras instancias caso de ecuatorianos prófugos de EE.UU.
Sugese evalúa situación de empresa que estuvo a cargo de los extranjeros para tener más detalles
(CRHoy.com) La Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (Sugese) confirmó que a raíz de la información dada a conocer por CRHoy.com en julio, sobre la acusación en Estados Unidos contra dos ecuatorianos con inversiones en Costa Rica, la institución intensificó la supervisión de la compañía AGP que dirigían los extranjeros con domicilio en Santa Ana.
Luis Lenín Maldonado Matute y Christian Patricio Pintado García, exdirectivos de esa empresa, figuran como prófugos en el Estado de Florida y tienen residencia en nuestro país.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto al ciudadano estadounidense Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, los suramericanos habrían conspirado para pagar sobornos a funcionarios de las compañías estatales de Ecuador: Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. para obtener y retener negocios para ellos mismos, una empresa intermediaria y clientes de reaseguros.
Por ello deben responder por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una violación sustantiva de la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, y cuatro cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas.
Debido a que ambos estuvieron involucrados en puestos jerárquicos, hasta el mes pasado, en la empresa corredora de seguros costarricense AGP (renunciaron a sus puestos tras las publicaciones de CRHoy.com), Mauricio Benavides, presidente de la Cámara de Intermediarios de Seguros de Costa Rica (CIS), le envió un escrito a Tomás Soley, superindente de Sugese, para pedir explicaciones sobre como la entidad tomó la vigilancia de este caso.
"A efecto de solicitar nos compartan el abordaje que la Superintendencia le está dando al caso vinculado a los Sres. Maldonado Matute y Pintado García, representantes legales de la sociedad corredora AGP Correduría de Licencia (Licencia SC-16-124), ambos acusados por un Jurado Federal del Distrito Sur de Florida".
En el documento anexan tres notas publicadas por CRHoy.com en las que se evidencian que la empresa estaba inscrita y operando con toda la legalidad requerida, datos que fueron verificados tras consultas que realizamos al Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Sugese.
"Hemos sido consultados del caso por parte de nuestros asociados, quienes a su vez han sido consultados por sus clientes respecto a esta noticia, principalmente por las publicaciones hechas por el medio CRHoy el 22-07-2022, donde se les señala como fugitivos y además se indica que poseen una empresa Corredora en Costa Rica (Anexo 2) y posteriormente que renuncian a la dirección de la Corredora (Anexo 3)", se lee en la carta firmada por Benavides el 1 de agosto.
Coordinación con autoridades locales y extranjeras
Consultamos a Soley sobre el accionar de la Sugese, luego de conocerse la investigación de este caso en Estados Unidos y las repercusiones en el mercado de seguros de Costa Rica, pero indicó que no pueden revelar especificidades, basado en el artículo 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (LRMV).
Sin embargo, sobre las generalidades confirmó que mantienen una vigilancia más cercana a AGP, por el ligamen de Maldonado y Pinto en los últimos seis años en su junta directiva.
(…) al darse una situación específica de riesgo similar a la expuesta en las noticias, la Sugese inmediatamente intensifica la supervisión de la entidad involucrada y emite requerimientos de información tanto a la empresa como a las aseguradoras que tienen negocios con la entidad. De igual forma, nos comunicamos con los representantes de la entidad a fin de obtener información de primera mano y tener claridad sobre la situación real así como los riesgos que puedan presentarse, todo lo anterior dentro de nuestro ámbito de competencias legales. Adicionalmente se coordina con otras autoridades nacionales poniéndonos a su disposición para colaborar en lo que corresponda y de ser el caso coordinamos con entes supervisores de seguros en el extranjero que puedan aportarnos elementos adicionales.
Tomás Soley, superintendente de Sugese
Tomás Soley es uno de los cuatro superintendentes que responden los mandatos del Conassif. (Foto: CRH. Con fines ilustrativos)
También dijo que mantienen activo el proceso de verificar que la operación de AGP en Costa Rica "se encuentre cumpliendo con todos los requisitos normativos, las decisiones sobre la continuidad y el desempeño de la actividad que se estén considerando en la empresa, así como conocer la estrategia de comunicación que se utilizará con clientes y otros interesados para abordar el tema".
Una vez que culminen con este, en caso de identificarse hallazgos que ameriten acciones específicas de supervisión o la puesta en conocimiento del tema a otras autoridades, "la Sugese actúa de forma inmediata para evitar la materialización de cualquier riesgo significativo, o en su caso corregir o sancionar algún incumplimiento".
Sobre el posible daño que la investigación puede causar a la reputación del mercado de seguros en su figura de intermediarios, estiman que las preocupaciones externadas por la CSI son válidas y que es necesario dar las explicaciones correspondientes.
"En un caso con las características divulgadas por las noticias, consideramos que no se refleja la materialización de un riesgo de nuestro mercado, ya que los hechos investigados ocurrieron en otra jurisdicción y las personas involucradas no han sido condenadas, sino que están siendo investigadas", dijo Soley.
A su criterio, la legislación en el país para mitigar adecuadamente el riesgo de legitimación de capitales es suficiente para dar tranquilidad a las empresas y clientes, esto a pesar de que los ecuatorianos operaban en el país desde el 2016 y tienen una acusación por lavado de dinero en Florida.
El fortalecimiento del Reglamento sobre Idoneidad y Desempeño de los Miembros del Órgano de Dirección de la Alta Gerencia de Entidades y Empresas Supervisadas, bajo acuerdo 15-22 de Conassif y que entra en vigencia en enero del 2023, debería ser respaldo para evitar penetraciones de redes criminales en este tipo de compañías.
Nótese que los incisos citados, se refieren solo a situaciones en las que existe una sentencia condenatoria en firme, sin embargo, en los casos de procesos judiciales pendientes de resolución "y que pudieran tener impacto desde la perspectiva del riesgo reputacional de la entidad", la norma exhorta a las entidades a analizar y gestionar la situación.
Así las cosas, el análisis actual sugiere que la afectación reputacional del mercado y sus actores, por la situación de referencia, debería ser limitada.
Fiscalía sin investigación y sin solicitud de colaboración
Sobre la solicitud a la Fiscalía abrir una investigación por este caso y la posición específica de Sugese por esas acusaciones tan graves, Soley dijo que no podía referirse, amparado en el mismo artículo 166 de la LRMV.
Este medio consultó al Ministerio Público si tienen alguna investigación activa por el caso o bien, se recibió solicitud de colaboración por parte de Estados Unidos, pero de momento no hay ningún movimiento en ninguna Fiscalía del país.