Denunciado por agredir a jueza ya había amenazado a otros vecinos: “Yo de usted, me quedo quedita”
José Roberto Ulloa Borrero, el sospechoso de agredir a golpes y con un perro a la jueza Kattia Carballo, ya había sido denunciado en el 2019 por agresiones con arma y amenazas contra vecinos y enfrentará juicio en octubre de este año.
El caso responde a conflictos que mantuvo este sujeto con sus antiguos vecinos en el residencial Las Lomas, en San Pablo de Heredia, lugar donde mantiene su academia de natación Aquafit.
Una mujer que conversó con CR Hoy, cuya identidad es resguardada por razones de seguridad, relató que desde 2018 y durante años recibió amenazas de muerte, intimidaciones directas y actos de agresión frente a su casa.
Aseguró que fue vigilada constantemente y perseguida por el sujeto. Por ejemplo, indicó que en una ocasión recibió amenazas de muerte directas y que el sospechoso le dijo frases como:
"Esto no se queda así". "Ustedes van a pagar muy caro". "Esto tiene consecuencias graves, se van a arrepentir". "Pórtese bien, que el diablo se la va a llevar". "Vea que usted pasa sola con sus chiquitas; los tengo vigilados, sé las horas de entrada y salida de todos en su casa. Yo, de usted, me quedo quedita, porque las pueden encontrar en cualquier momento peor que el árbol, asesina", y "Cuídese, porque la van a encontrar tirada igual o peor que el árbol".
La exvecina detalló, además, que ella y su familia recibieron hostigamiento y persecución constante: eran vigilados, perseguidos, se les gritaba desde la vía pública y se interceptaba su vehículo. Algunos de los altercados fueron grabados y terminaron con intervención policial.
Incluso afirma que el sujeto les dejó un perro muerto afuera de su casa. Luego, el sospechoso le dijo a la víctima que si le había gustado "el regalito" y que así iba a quedar ella.
En setiembre de 2019, el sujeto, al parecer, materializó sus amenazas, lo que llevó a la presentación de una denuncia formal que se elevó a juicio.
Después de que la víctima instalara cámaras en su propiedad por seguridad, recibió una notificación de denuncia por supuestamente invadir la privacidad de los clientes del agresor; sin embargo, el proceso fue declarado sin lugar.
Otro de los problemas fue que el agresor y su madre, ya fallecida, se habrían encargado de desmantelar las cámaras de seguridad del residencial y debilitar la organización comunal, incluyendo otros medios de seguridad del barrio, como rótulos de seguridad organizada, agujas y casetas de guarda, lo que dejó a la comunidad más vulnerable.
Incluso, en apariencia, ambos contrataron a personas que se hicieron pasar por funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para desmantelar el sistema de cámaras del barrio. También solicitaron a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) que interviniera para retirar las cámaras.
Amenazaban a oficiales de la Fuerza Pública y a funcionarios municipales en reuniones comunitarias. El agresor habría atacado a un funcionario municipal por oponerse a podas en el residencial, así como a un gestor ambiental.
En una ocasión, el agresor pintó el cordón y caño de amarillo a gris y estacionaba su vehículo para bloquear el paso, hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad, las cuales lo evidencian interviniendo irregularmente la señalización de tránsito.
Al parecer, en algún momento el agresor los atropelló con su vehículo, lo que llevó a la apertura de una causa judicial por el presunto delito de lesiones culposas. Sin embargo, en setiembre de 2021 la Fiscalía pidió desestimar el caso y en octubre el Juzgado acogió la petición.
"Otros vecinos también han sido intimidados, pero no denunciaron por temor. No solo nos amenazaba a nosotros, sino a toda la comunidad y a la junta directiva, ya que todos sus integrantes fueron amenazados y perseguidos", relató la mujer.
Según su versión, la víctima y su familia se vieron obligadas a abandonar su casa debido a las amenazas y la persecución constante por parte de Ulloa Borrero, teniendo que vender la propiedad a un precio muy bajo por temor.
"El actuar de este individuo no es aislado, sino constante hacia las mujeres, por medio de amenazas verbales y simbólicas, así como acoso continuo, de lo cual hay abundante evidencia y testigos en Lomas de San Pablo, la Municipalidad de San Pablo, la Fuerza Pública de San Pablo de Heredia y Dinadeco", añadió la denunciante.
Otras denuncias
Ulloa fue denunciado en otros momentos, pero las causas no prosperaron.
En mayo de 2020, fue arrestado tras abalanzarse violentamente contra un gestor ambiental de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. El conflicto se originó por la poda de unos árboles en un residencial.
Ulloa fue procesado por el delito de resistencia a la autoridad. La causa fue elevada a juicio en el 2021, pero el Tribunal Penal de Heredia dictó un sobreseimiento definitivo.
En diciembre de 2018, interpuso un recurso de amparo para intentar obligar a la Municipalidad y a sus vecinos a retirar cámaras de videovigilancia en el residencial Lomas de San Pablo; no obstante, fue rechazado.
En 2021 también lo denunciaron por agresión con arma y amenazas agravadas, pero la Fiscalía desestimó el caso entre marzo y junio de ese año.
A estos expedientes se suman la denuncia interpuesta por la jueza Carballo, de finales de 2025 previo al grave ataque del viernes pasado, cuando la agredió físicamente.
Según la denuncia, el sujeto azuzó a su perro para que la atacara y luego la golpeó, la arrastró del cabello y restregó su cara contra el pavimento mientras profería insultos relacionados con su cargo.
Fue detenido y actualmente cumple tres meses de prisión preventiva por los delitos de tentativa de femicidio y amenazas contra mujeres.
Otra causa penal fue abierta este año por el presunto delito de descuido de animal, la cual también fue remitida a archivo en febrero pasado.