Solicitan pena máxima por asesinato de líder indígena Yehry Rivera

En primer juicio se condenó a 22 años al sujeto que confesó públicamente el crimen

11 de Sep. 2024 | 10:51 am

La querella solicitó 35 años de prisión por el homicidio del líder indígena Yehry Rivera Rivera ocurrido en el 24 de febrero del 2020. Desde el pasado lunes 19 de agosto se lleva a cabo el juicio de reenvío, en los Tribunales de Pérez Zeledón.

José Luis Campos, abogado que representa al entorno de Rivera, también solicitó 6 meses de prisión por la portación ilegal de arma en contra de Juan Varela Rojas, el acusado de cometer el crimen.

Hace 4 años y medio, el activista fue atacado mientras se encontraba con un grupo de indígenas en vía pública, en Buenos Aires de Puntarenas. En febrero del 2023, tras 3 años de espera, condenaron a 22 años de cárcel a Juan Varela Rojas, tras hallarlo culpable del homicidio, así como amenazas contra Melissa Garbanzo.

No obstante, luego el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó un juicio de reenvío tras una apelación de la defensa, dado que consideró que la sentencia dictada en el primer debate carecía de fundamentación.

José Luis Campos, abogado de la familia Rivera, confirmó que este segundo juicio se ha extendido más de lo pensado, pero esperan que nuevamente la prueba sea suficiente para lograr una nueva condenatoria.

El juicio estaba señalado para terminar este martes, lo cual no fue posible. Se deberán habilitar nuevas fechas para las conclusiones de la defensa y el dictado de la parte dispositiva, es decir, del ‘por tanto' en este proceso. 

Ha sido un proceso muy extenso, con una gran cantidad de testigos que ha propiciado que el Tribunal de Pérez Zeledón habilite nuevas fechas que no estaban previstas.

Estaba inicialmente presupuestado este juicio para terminar en una semana, ya llevamos tres y tendremos que seguir esta semana y posiblemente la otra a fin de encontrar el dictado de la sentencia en este caso. 

 

Confesión y juicio previo

En el proceso anterior, a Varela Rojas lo condenaron por los delitos de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida. Le impusieron 22 años y 15 días de prisión, pese a que el Ministerio Público pidió que lo condenaran a 39 años y 30 días.

Según la investigación, se estima que entre las 8:00 p.m. y 9:00 p.m. del día del crimen, un grupo de aproximadamente 40 personas, aún no identificadas, empezaron a circular en carros y motocicletas por donde se encontraba Yehry Rivera y le lanzaron una piedra, pero no lograron impactarlo.

Por esa razón, la víctima se acercó a los presuntos agresores y una de las personas desconocidas intentó agredirlo con un machete, no obstante, este logró quitarle el arma.

Valiéndose de la poca iluminación en el lugar, tres de los atacantes lo sujetaron, momento que habría aprovechado Varela para dispararle por la espalda en dos ocasiones.

Al verlo en el suelo, una mujer se acercó para tratar de ayudarle; sin embargo, el sujeto armado la amenazó de muerte para que no lo auxiliara.

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Durante el transcurso del debate, la parte querellante solicitó la incorporación de un polémico video en el que Varela confesaba ser el autor del crimen durante la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional con la Asociación Multiétnica y Pluricultural, el 18 de agosto del 2022.

El video publicado por la Radio Cultural de Buenos Aires muestra como Varela Rojas toma el micrófono en medio de la multitud, pide la palabra y asevera que él llevó a cabo el homicidio.

Precisamente ese encuentro para tratar los "múltiples actos de agresión, discursos de odio, racismo y discriminación contra los pueblos originarios", organización Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS). En el lugar se encontraba Sergio Sevilla, otrora viceministro de Paz.

Tras su reveladora declaración, el hombre fue vitoreado por los presentes, al tiempo que explicaba que el líder indígena supuestamente planeaba incendiar su casa con bombas molotov junto a otros 13 hombres.

El conflicto en el que Rivera Rivera fue asesinado al parecer responde a una disputa de territorios y la quema de una finca, lo que llevó a un grupo de personas no indígenas a patrullar los alrededores de la zona, reportó en ese momento el director de la Fuerza Pública en la región Brunca Sur, Edwin Miranda Hernández.

Pero la querella sostiene que el crimen respondió a una "agresión unilateral y desproporcionada" y no a una lucha entre indígenas, detalló en su oportunidad el abogado John Brenes Rodríguez.

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