¿Sirve el polígrafo para detectar corrupción? Lo que hay detrás de la propuesta de Laura Fernández
La presidenta Laura Fernández anunció que someterá a una prueba de polígrafo a sus ministros y viceministros relacionados con temas de seguridad, así como a los directores de los cuerpos policiales adscritos al Gobierno.
"Ordenó que todas y cada una de estas personas se haga una prueba de polígrafo. Estamos iniciando el proceso para ver cómo lo contratamos y cómo lo hacemos en el menor plazo posible.
Yo me hice un polígrafo antes de asumir la candidatura a la presidencia y también mis candidatos a vicepresidentes porque yo no voy a tolerar el menor tufito de crimen organizado y corrupción", detalló la mandataria.
Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas (PCD), Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), Policía de Fronteras y otros cuerpos tendrían a sus jefes bajo escrutinio.
Sin entrar en muchos detalles sobre cuál es el objetivo de la prueba o qué preguntará cuando los someta a este aparato, Fernández lo planteó como una especie de medida para evitar los tentáculos del crimen organizado en las cúpulas policiales. Pero, ¿cuán efectivo es el polígrafo?
Contrario a lo que se cree popularmente, el polígrafo no es un "detector de mentiras". No tiene forma de determinar con certeza, a nivel mental o psicológico, si una persona dice la verdad o no.
Lo que hace es medir las reacciones físicas provocadas por el estrés que a la mayoría de la gente le produce mentir. Esto mediante el monitoreo del ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y la sudoración de la piel.
En palabras sencillas, un polígrafo mide cómo responde el cuerpo de una persona ante una pregunta o una respuesta que brinde.
Lo que realmente mide
Heidy Clavijo, poligrafista certificada y criminóloga especializada en este mecanismo, explica que para aplicar las pruebas hay primero que entender bien el funcionamiento y los resultados que realmente ofrecen estos aparatos.
"El polígrafo es un instrumento científico que monitorea y registra simultáneamente cambios fisiológicos localizados en el sistema nervioso autónomo o involuntario.
Detecta las reacciones producto del ocultamiento de información, las cuales al entrevistador evocar el recuerdo, estas se muestran como escenas fotográficas brindando recordar una acción. El cerebro trabaja más cuando se miente que cuando se está diciendo la verdad", señaló.
La precisión de la prueba de polígrafo puede ser alta y varía según el tipo de prueba que se desarrolle, pero, como otros métodos, ninguno ofrece un 100% de confiabilidad o precisión. Todo dependerá también de la habilidad del examinador al conducir la prueba, así como del cuestionario que se aplique.
Parte de su fiabilidad también depende de una posible manipulación de la persona sometida a la prueba, dado que existen casos en los cuales el entrevistado puede controlar mejor su cuerpo para falsear las respuestas.
"Existen personas que intentan alterar una prueba mediante técnicas como control respiratorio, tensión muscular o contramedidas físicas y mentales. Sin embargo, los polígrafos modernos y los examinadores capacitados están entrenados para detectar patrones anormales y posibles intentos de manipulación", explicó Clavijo.
Organizaciones de psicología, neurociencia y la comunidad científica internacional mantienen una postura sumamente crítica y escéptica frente al polígrafo.
Asociaciones de prestigio global, como la Asociación Americana de Psicología (APA), señalan que no existe ninguna respuesta fisiológica única o exclusiva del engaño; que existen riesgos de falsos positivos, especialmente en personas muy nerviosas; y el riesgo de contramedidas para burlar el aparato mediante el control mental y físico.
Limitaciones legales
El uso del polígrafo además enfrenta fuertes limitaciones legales. Es ilegal en el sector privado y carece de validez legal en procesos judiciales. Eso sí, en 2021 se aprobó una ley para autorizar y regular el uso de estas mediciones en los cuerpos policiales.
Pero, aunque esté permitido por ley, también hay restricciones. La aplicación de la prueba debe ser voluntaria. El funcionario o candidato debe firmar un documento donde autoriza expresamente el procedimiento. Si no, no se puede hacer.
Aunque es voluntario, negarse a realizar la prueba tiene un impacto directo. La ley estipula que la negativa a someterse al polígrafo puede impedir que un policía sea contratado o ascienda de puesto dentro de los equipos especializados.
Sin embargo, los agentes que serían sometidos ya ostentan altos cargos, requeridos para ser directores. El polígrafo solo se puede utilizar para evaluar la idoneidad e integridad ética del personal frente a amenazas complejas.
La ley prohíbe explícitamente indagar en la vida íntima y restringe el cuestionario a vínculos con el crimen organizado y narcotráfico, casos graves de corrupción institucional o fuga de información, y medición de rasgos de moral, transparencia y profesionalismo necesarios para el cargo.
Tampoco puede ser la única base para una decisión laboral respecto a un funcionario. Esteban Córdoba, exjuez de la República y abogado penalista, explica que su grado de acierto no es definitivo y podría generar demandas contra el Estado si un resultado no concluyente lleva a un despido.
"Todavía hoy por hoy se discute la fiabilidad de los resultados de la aplicación de esta prueba. En el contexto de Costa Rica, la prueba no es obligatoria. Un antecedente interesante es que la Sala Segunda (de la Corte Suprema) ha referido que declarar lo obligatorio, por ejemplo, en el sector privado, sería denigrante y violatorio de la dignidad humana, lo que va en contra inclusive de los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución.
La regulación existente en nuestro territorio nacional es de aplicación optativa y voluntaria. No existe obligación o una metodología que pueda obligar a los funcionarios de cuerpos policiales y de seguridad nacional a someterse a la misma", detalló el exjuez.
Otro elemento importante en relación con esto es que en territorio nacional no se ha autorizado su uso como elemento de prueba para poder ser utilizado en procesos contradictorios o para justificar, por ejemplo, circunstancias de despido.