Secuelas “Chavarría-Gamboa” llevan a Corte a discutir límites
Magistrado Paul Rueda se opone a "préstamos" de funcionarios judiciales
Jorge Chavarría, exfiscal general y Celso Gamboa, exfiscal y exmagistrado, ambos estuvieron en el Poder Ejecutivo. CRH/Archivo
La sacudida del Poder Judicial motivada en gran parte por los cuestionamientos contra Jorge Chavarría –exfiscal general- y Celso Gamboa –exmagistrado de la Sala Tercera- agita la discusión en la Corte Plena sobre el nombramiento de funcionarios con pasado político o, por el contracrio, el paso de miembros judiciales a puestos de gobierno.
Las discusiones quedaron plasmadas en la sesión de Corte Plena del 30 de abril, previo a votar la autorización para que Michael Soto Rojas, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), asumiera el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El exfiscal Chavarría puso en pausa su jubilación judicial (vigente desde 2006) para asumir el viceministerio de Seguridad durante la administración Chinchilla Miranda (2010-2014).
Sin embargo, en 2010 concursó y fue electo como Fiscal General. Dejó el cargo en diciembre de 2017, en medio de fuertes cuestionamientos por su accionar en expedientes penales ligados al "cementazo" y –sobre todo- en la tramitación de causas con tinte político.
El caso de Gamboa es más llamativo. Fue fiscal del Ministerio Público, pasó en 'préstamo' al Poder Ejecutivo en 2010 y ahí desempeño múltiples puestos (viceministro, ministro y director de la DIS). Pero, en 2015, regresó a la Fiscalía para fungir como mano derecha de Chavarría.
Tan solo un año después, en 2016, fue designado como magistrado de la Sala Tercera y en abril de este año fue despedido en virtud de presuntas acciones irregulares así como por su aparente cercanía con Juan Carlos Bolaños Rojas, importador de cemento chino.
Celso Gamboa comparece ante los diputados. Él fue ministro, viceministro y director de la DIS. Daniela Abarca/Con fines ilustrativos. Archivo CRH
Dudas y propuestas
Dados los antecedentes Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional, se opuso a continuar con el 'préstamo' de funcionarios judiciales. Desde su punto de vista, hubo una crisis que se generó a partir de mezclar lo judicial con lo político y eso debe apuntalar al establecimiento de una serie de límites que "marquen la cancha".
"Tanta independencia debe pedírsele al Ministerio Público como el OIJ. Vamos por un mal derrotero, el seguir en la línea de no trazar límites claros y directos entre lo judicial y lo político. No me parece que funcionarios judiciales, de cualquier rango, vengan a desempeñarse en cargos políticos", dijo Rueda.
Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, no está opuesto a que judiciales ocupen cargos en el gobierno. No obstante, urge un cambio en la ley. Por ejemplo, si alguien pasa del Poder Judicial al gobierno no podría optar por una magistratura ni por la Fiscalía General al regresar a la institución.
"No creo que la independencia judicial esté siendo debilitada. No tenemos carrera fiscal ni limitaciones para que alguien que fue ministro o viceministro vuelva (…) Todo lo que vivimos con relación a la Fiscalía, Fiscalía General (Chavarría), al exmagistrado de la Sala Penal (Gamboa) son lecciones que nos dan lugar a las previsiones legislativas o de reformas que hemos planteado", subrayó Cruz.
Otros como Román Solís (Sala Segunda) o Carmen María Escoto (vicepresidenta de la Corte), creen que no se puede 'satanizar' la función política y que si algún funcionario judicial es requerido para la labor gubernamental, debe dársele la oportunidad, tal y como ocurrió en el caso de Michael Soto.
"No podemos satanizar, y menos en estos momentos, la función política del país. Tenemos que tener esperanza. Por el hecho de que hayamos tenido que pasar una situación tan lamentable como el 'cementazo', no podemos satanizar la labor política", dijo Escoto.
La discusión no es nueva. Ya hubo un caso reciente, pues Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, externó su inquietud con el caso de un juez penal que obtuvo un permiso para fungir como cónsul general en Australia y urgió al Consejo Superior del Poder Judicial revisar los préstamos de funcionarios de la institución, "y más cuando van a un ámbito esencialmente político como es el Poder Ejecutivo".