Sancarleños dicen que el gobierno miente y “vende humo” con plazos sobre carretera

(CRHoy.com).-Los miembros de la Asociación Procarretera a San Carlos comparecieron este lunes ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa para referirse al proyecto de la nueva vía hacia ese cantón alajuelense.

Pese a que estaba citado, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, no acudió a la cita.

Amador indicó desde horas tempranas que no podría asistir por "compromisos previos".

La ausencia de jerarca fue cuestionada por los dirigentes comunales, quienes alegaron que el ministro Amador y el viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón, no responden oficios para conocer el estado de los proyectos. Lo mismo expresó Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) y presidente de ese foro legislativo.

La audiencia versó en principio sobre una aparente descoordinación entre las empresas involucradas para la construcción de la ruta 700. Un tramo de 10 kilómetros que uniría el proyecto nuevo (ruta 35, Sifón-La Abundancia) y la ruta 141 (Naranjo-Ciudad Quesada).

Ese proyecto de $12 millones fue adjudicado en mayo de 2022 a Constructora Santa Fe, para la fase de diseño y construcción. En tanto, Cemosa fue contratada para la supervisión de la obra e Ineco para la unidad ejecutora.

Pese a esto, la audiencia también sirvió para que la organización denunciara lentitud en las acciones del gobierno para poner a caminar la construcción del proyecto integral: la ruta 35, en 3 secciones: tramo central (Sifón de San Ramón-La Abundancia de Ciudad Quesada), punta sur (Sifón de San Ramón-San Miguel de Naranjo-Autopista Bernardo Soto) y punta norte (La Abundancia-Florencia).

El proyecto prevé 3 estaciones de peaje, algunas cobrarán en ambas direcciones, en la punta norte a 4.2 kilómetros de la rotonda de Florencia, en La Abundancia (donde se incorporarán los vehículos desde Ciudad Quesada) y otro más a 3 kilómetros de llegar al cruce de Alto Villegas, en San Ramón.

Rafael Solís, presidente de la asociación, cuestionó que el gobierno plantea que la punta sur sea de 2 carriles y no de 4, como está previsto en el proyecto inicial.

El dirigente alegó que meses atrás el ministro Amador prometió que en corto plazo tendrían lista la licitación para precalificar oferentes interesados en el proyecto. Sin embargo, esto no se está cumpliendo.

Por ejemplo, dijo que las gestiones pendientes hacen inviable la intención del gobierno para abrir la licitación del proyecto en febrero de 2024 e iniciar la construcción en octubre de ese mismo año, tal y como lo prometieron.

"El gobierno ha mentido en las fechas y no las está cumpliendo. Dijeron que el estudio de precalificación de oferentes lo entregarían en 1 mes y el estudio de IDOM (contratado por el BID) no lo han devuelto. Para la precalificación necesitan los costos totales y no los tienen", dijo Solís.

Pese a que fue una de las promesas de campaña del actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, el proyecto integral correrá contra el tiempo para estar listo a más tardar mayo de 2026.

El cronograma más actualizado, según una presentación hecha por la Unidad Ejecutora del Proyecto, se prevé que la contratación de la constructora que se encargará de finalizar la ruta se concretará a más tardar agosto de 2024. Mientras, las obras en el tramo central arrancarían en setiembre de 2024 y finalizarían en abril de 2026 (justo antes del cambio de gobierno).

En el caso de la punta sur, la construcción está prevista para arrancar en setiembre de 2024 y finalizar en abril de 2026. La recepción de la obra está proyectada para mayo de 2026. Sin embargo, en junio pasado, el viceministro Zeledón aseguró que preveían la finalización de la construcción para 2027.

Diana Korte, gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue clara que el cumplimiento del cronograma estará sujeto a la gestión de expropiaciones.

De momento, están pendientes de completar 38% de los trámites requeridos. Si las expropiaciones no se obtienen a tiempo, el proyecto no podrá reanudarse, ni los contratistas podrán ingresar a las unidades funcionales en que se dividiría el proyecto.

"Necesitamos que el gobierno diga la verdad con los plazos. Se está vendiendo humo (…) Si no tienen el estudio de precalificación no pueden hacer la licitación ", señaló Solís.

La estrategia para concluir el proyecto es tomar hasta $100 millones aportados por el BID para el proyecto de Barranca-Limonal y tapar el faltante de $140,6 millones que se requieren para retomar y finalizar la vía a San Carlos.

El directorio del BID avalaría en los próximos meses el crédito de $225 millones que se acordó en 2020, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), para las obras de la ruta hacia San Carlos.

Para aprobar el crédito, el banco tenía como condición que el gobierno costarricense garantizara la existencia de los $140,6 millones que hacen falta para finalizar los 2 tramos pendientes de la ruta: el central y la punta sur.

En tanto, para finalizar la vía a la Zona Norte se requieren $340,6 millones, de los cuales el Estado debía aportar $140 millones. Los $200 millones restantes están acordados mediante un crédito con el BID, el cual está pendiente de aprobación.

El obstáculo estaba en que las arcas estatales no contaban con los recursos necesarios para asegurar el aporte que hace falta. Y, sin que el gobierno dijera de dónde obtendrá los $140 millones, el banco no aprobará la otra parte del financiamiento que ya está acordado.

El diseño original de la carretera procuraba que la vía fuera de 2 carriles, 1 por sentido. Sin embargo, en 2014, se aprobó la posibilidad para que el trazado pasara de 2 a 4 carriles.

El proyecto tiene 2 tramos pendientes: el central, que quedó con un avance superior al 70% en 2018, cuando la Administración Alvarado Quesada acordó finiquitar el contrato con la empresa constructora Sánchez Carvajal para reformular el proyecto, y la punta sur. El primero costaría $130 millones y el segundo $190 millones.

Según los datos oficiales, se requieren aproximadamente ₡8.000 millones para completar todas las expropiaciones necesarias.

Ya hay un primer desembolso efectuado por el MOPT por el orden de ₡1.600 millones y se espera que, tras completar las primeras gestiones, se volvería a solicitar al Ministerio de Hacienda un monto de ₡1.600 millones para continuar con los procesos.