Sala IV ordena solucionar desbordamientos de aguas negras en Juan Viñas
La Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Jiménez solucionar de forma definitiva los desbordamientos y la acumulación de aguas residuales y pluviales en el barrio El Invu de Juan Viñas, en Cartago. También ordenó al Ministerio de Salud emitir las órdenes sanitarias necesarias y vigilar continuamente su cumplimiento.
En una sentencia del 2 de octubre de 2026, los magistrados concluyeron que las medidas municipales no habían resuelto el problema y que el Área Rectora de Salud de Turrialba había dado seguimiento insuficiente a la denuncia de los vecinos. La Sala mantuvo el plazo de 12 meses fijado en un fallo del 30 de julio de 2026 sobre el alcantarillado del mismo barrio.
Origen del problema
El problema se remonta a la construcción de la urbanización, entre las décadas de 1970 y 1980. La Sala comprobó que el sistema descargaba indebidamente las aguas del barrio a través de una propiedad privada. La alcaldesa de Jiménez, Ana Isabel Azofeifa Pereira, reconoció bajo juramento que las aguas residuales y pluviales pasaban por ese terreno. Además, dijo que desconocía si el propietario había consentido ese uso.
Según el informe municipal, las inundaciones en varias propiedades comenzaron cuando el dueño hizo obras para impedir que las aguas siguieran pasando por su finca. Los vecinos acudieron al Concejo Municipal y a la Alcaldía para presentar sus reclamos. La alcaldesa reconoció que las intervenciones realizadas en los últimos años fueron parciales o tuvieron un efecto temporal, y que las inundaciones reaparecían durante los años más lluviosos.
El 24 de abril de 2002, el Concejo Municipal ya había autorizado al alcalde de entonces a atender el problema y procurar una disposición adecuada de las aguas negras y servidas. La vecina que presentó el nuevo amparo también mencionó un proceso judicial iniciado en 2004 y sostuvo que la Municipalidad había incumplido una orden para ejecutar las obras necesarias.
En el recurso de amparo que dio origen a esta sentencia, presentado el 5 de agosto de 2026, la vecina afirmó que la comunidad llevaba más de dos años sufriendo desbordamientos y acumulación de aguas. Reportó malos olores, presencia de mosquitos y riesgos para la salud y la seguridad, especialmente para menores de edad y personas adultas mayores. También advirtió sobre un caño de más de 50 centímetros de profundidad que, según dijo, representaba un peligro para quienes viven en la zona.
Municipalidad presentó un proyecto de drenaje
La alcaldesa defendió que la Municipalidad había intervenido en varias ocasiones y que, ante la persistencia de las inundaciones, buscó una solución bajo dirección técnica. Como parte de su plan estratégico 2026-2030, el gobierno local incorporó al segundo presupuesto extraordinario de 2026 un proyecto para mejorar el drenaje cerca del salón comunal. Entre las obras previstas figuraba una cuneta de concreto para reducir la acumulación de agua y proteger el camino público.
La Municipalidad informó que emitió una orden de pedido el 28 de agosto y que preveía iniciar los trabajos durante la primera quincena de octubre. El informe ubicó las obras en el mismo cuadrante donde se encuentran las viviendas de la recurrente y del propietario por cuyo terreno pasaban las aguas.
Al examinar el expediente, la Sala tomó en cuenta la programación de los trabajos y las fotografías de finales de abril de 2026 aportadas por la vecina. Concluyó que, al momento de dictar el fallo, la afectación seguía sin una solución efectiva.
La resolución retomó el criterio del fallo de julio, en el que el tribunal determinó que el gobierno local se había demorado en atender el problema del alcantarillado sanitario y que la documentación presupuestaria disponible entonces no acreditaba que el proyecto fuera a resolverlo.
Salud pidió un informe y no dio seguimiento a la denuncia
La Sala tuvo por probado que los vecinos denunciaron ante el Área Rectora de Salud de Turrialba, el 10 de abril de 2024, los problemas de higiene y seguridad derivados del manejo de las aguas negras y servidas. El 20 de agosto de ese año, la dependencia pidió a la Municipalidad que informara sobre las medidas dispuestas para corregir el problema. Sin embargo, el expediente no contiene constancia de que Salud diera seguimiento adecuado después de esa gestión.
El director del Área Rectora tampoco rindió el informe que la Sala le solicitó durante la tramitación del amparo. Debido a esa omisión, el tribunal tuvo por ciertos los hechos denunciados en lo relativo a esa autoridad. La Sala consideró que la falta de atención a una denuncia ambiental justificaba examinar el caso por la vía del amparo.
La Sala condenó a la Municipalidad de Jiménez y al Estado al pago de las costas, los daños y los perjuicios derivados de los hechos que motivaron el fallo. Las sumas se determinarán en la etapa de ejecución ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
