Sala IV ordena al ICE arreglar avería en territorio indígena
Plazo para dar solución es de 6 meses
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) arreglar una avería en servicio de telefonía fija en la Reserva Indígena Cabécar de Telire en Limón por un lapso de 6 meses.
Así consta en la resolución constitucional 2024-001844 del 26 de enero de 2024 tras la resolución de un recurso de Amparo.
El recurrente es apoderado general de la Asociación de Desarrollo Integral de la reserva y acusó que "no hay servicio de telecomunicaciones mínimo para acceso a llamadas de emergencia al 911, llamadas telefónicas, comunicación por mensajería de texto, comunicación vía WhatsApp por llamada mediante esta aplicación o por mensajería".
Afirmó que el caso provocó que si surgen emergencias no tengan las condiciones para una llamada de auxilio.
Dijo el recurrente que existen dos teléfonos públicos ubicados en Piedra Mesa y Bajo Bley. No obstante, desde el año pasado presentan problemas y hoy en día se encuentran inservibles.
Aseguró que la población infantil se ve afectada e incluso maestros deben salir del territorio para subir la información que solicita el Ministerio de Educación Pública a los sistemas dados por la misma institución de seguimiento a menores como profesionales y temas administrativos.
Detalló que desde el 20 de junio de 2023 tuvieron reuniones con la presidencia ejecutiva del ICE y de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) para buscar una solución.
No obstante, la comunidad indígena no está contemplada en las zonas que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) pretende intervenir en Telire.
Citó que el 14 de setiembre de 2023 se les envió una nota al ICE, pero no se obtuvo ningún tipo de respuesta.
Respuesta del ICE
Juan José Martínez Gómez, director de la Dirección Gestión Recursos de la Red, de la División Gestión de Red y Mantenimiento de la Gerencia de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad, envió su informe a la Sala Constitucional.
Martínez reconoció que hay una imposibilidad técnica del ICE y no hay evidencia que la denegatoria sea arbitraria, así como también se encuentran con posibles operadores a los cuales el recurrente pueden acudir a solicitar el servicio público de Internet.
Eso sí, señaló que la empresa estatal no es la única que ofrece el servicio de telecomunicaciones en Costa Rica alegando la apertura costarricense desde 2008 a raíz de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
"En la actualidad el ICE no es el único responsable de proveer el servicio de internet, por lo que, cualquier otro operador con presencia en la zona, podría prestar los servicios requeridos, o en su defecto, los interesados como bien lo indica esa Sala Constitucional, podrían acudir a la SUTEL si considera que en su caso procede la aplicación de Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
"(Fonatel) Tiene como propósito llevar telefonía e internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones 8642", indicó el funcionario.
El 3 de octubre se envió respuesta al recurrente indicando que el procedimiento se podía solicitar a la Sutel.
Criterio constitucional
Los magistrados acreditaron que los 2 teléfonos públicos están averiados y no se atendieron a problemas logísticos producto que se encuentran en zonas de difícil acceso.
Lo anterior conlleva el traslado en vehículo 4×4 por 2 horas y media desde Limón hasta la Reserva Arrocera Alto Cohen y caminar por 15 horas en trochas, montañas y ríos.
"Entiende este Tribunal, que el sitio en el que se encuentran los teléfonos en cuestión es de difícil acceso, sin embargo, ello no es justificación para que se extienda el tiempo, en forma indefinida, una solución para mantener incomunicadas a las personas que requieren de tal servicio público. Nótese, que el recurrente refiere -y no refutan las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad-, que desde el año 2022 los aparatos vienen presentando problemas y, para el año 2023, han estado inservibles", precisó.
A su vez se acreditó una lesión al buen funcionamiento de los servicios públicos de las personas que usan los teléfonos públicos porque el servicio se interrumpió y no hay soluciones al respecto. Ese aspecto sirvió para la declaratoria con lugar.