Sala IV no ha declarado ilegalidad de Uber en Costa Rica
Ejecutivo "instó" a empresa a cesar operaciones mientras se crea ley
La Sala Constitucional no ha emitido ninguna resolución que declare la ilegalidad de Uber, como lo señala un documento firmado por el Consejo de Gobierno y que circuló mediante una filtración en redes sociales.
El acuerdo gubernamental "insta" a la empresa norteamericana a abandonar sus operaciones en el país. En el cuarto punto del documento, manifiesta que "el gobierno de la República ha señalado también que las plataformas tecnológicas no reguladas para el transporte remunerado de personas es un servicio ilegal, tal y como lo ha resuelto la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP)".
El 22 de febrero de 2017, la Sala Constitucional rechazó una serie de acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Modalidad de Taxi. Ese voto, el 2017-2791, nunca juzgo la constitucionalidad de Uber.
Con la sentencia por mayoría, los magistrados señalaron que el servicio de taxis, "no se trata de un monopolio sino de un servicio público, declarado de esa manera por el legislador en uso de su facultad de configuración legislativa, por lo que no se requería de una ley aprobada por una mayoría calificada".
Además, consideraron que "la existencia de un servicio público gestionado, directa o indirectamente -a través de concesionarios- no lesiona la libertad de comercio".
Sobre si esa ley impugnada violenta el Tratado de Libre Comercio (TLC), por mayoría, la Sala estimó que ese acuerdo no forma parte del parámetro de constitucionalidad. Es decir, nunca se planteó nada referente a la legalidad de Uber.
Empresa urge diálogo
Tras la posición del Poder Ejecutivo, la compañía estadounidense solicitó invitar a un diálogo multisectorial para alcanzar un acuerdo que permita emitir una legislación adecuada.
Uber opera en 132 jurisdicciones distintas en el mundo. Mientras, en Costa Rica funciona bajo la sombra de la clandestinidad desde el 21 de agosto de 2015.
Para lograr un acuerdo, la Asamblea Legislativa debe aprobar un proyecto de ley que faculte el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad colaborativa.
"Hoy somos una opción de movilidad para más de 783 mil usuarios activos. En Uber siempre hemos apostado por invertir en el país y proveer oportunidades para los costarricenses. En nuestros primeros 3 años en Costa Rica, nuestra plataforma se ha convertido en una fuente de ganancias para las familias de más de 22 mil socios colaboradores que han encontrado en Uber una opción para hacerle frente al costo de la vida. Estas miles de personas no pueden dejar de generar ingresos en espera que se emita una regulación", sostuvo Andrés Echandi, gerente general de Uber para Centroamérica.
La decisión del gobierno causó molestia en sectores de oposición y entre los mismos conductores que brindan servicios con la aplicación.