Sala IV emite una segunda medida cautelar y pide a Asamblea no discutir presupuesto
Edificio de la Sala Constitucional. Imagen con fines ilustrativos/CRH
La Sala Constitucional acogió una nueva medida cautelar, solicitada por 12 diputados, y ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate el Presupuesto Nacional de 2027 antes del 29 de noviembre.
La gestión fue presentada por diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN).
Esta resolución se produce luego de que la Sala acogiera una primera medida cautelar solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, quien advirtió que varios recortes incluidos en el presupuesto podrían afectar directamente el funcionamiento del Poder Judicial.
En esa primera resolución, la Sala ordenó al Plenario abstenerse de dar segundo debate al proyecto antes del 29 de noviembre. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, interpretó que la prohibición se refería únicamente a la votación, por lo que permitió continuar con la discusión y dejar pendiente la aprobación.
Los diputados del Bloque Democrático cuestionaron esa interpretación y señalaron que la orden también impedía discutir el presupuesto. Pese a sus objeciones, la fracción de Pueblo Soberano mantuvo su posición de continuar con el debate.
Horas después, la Sala Constitucional resolvió la nueva gestión y aclaró expresamente que el Plenario debe abstenerse tanto de discutir como de aprobar en segundo debate el proyecto de ley, antes del 29 de noviembre de 2026.
Esta segunda medida cautelar se relaciona con el recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Los diputados alegaron que la rebaja podría vulnerar la autonomía universitaria y la Constitución Política. También cuestionaron que la moción se aprobara sin consultar previamente a los órganos directores de las universidades afectadas.
La Sala acogió la medida cautelar para evitar que el presupuesto se apruebe antes de resolver los cuestionamientos constitucionales planteados por los diputados.