Autoridades tienen 1 mes para atender problema de aguas negras en Tamarindo
Sentencia se dio el 15 de diciembre de 2023.
Edificio de la Sala Constitucional, en San José. (Paulo Villalobos | CRHoy.com)
Los magistrados de la Sala Constitucional declararon con lugar un recurso de amparo interpuesto en junio de 2023 contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Guanacaste por la situación del alcantarillado en Tamarindo.
En el recurso de amparo, que se tramita bajo el expediente 23-015383-0007-CO, se lee que desde el 2018 y 2019 se coordinó con el director regional del AyA de Liberia para resolver el problema del sistema de alcantarillado sanitario de Playa Tamarindo de Santa Cruz de Guanacaste.
Esto debido a que por el crecimiento del turismo, la comunidad se ha visto afectada por las aguas negras. Se denuncia en el escrito que más de 5 años después no hubo avance y la situación de contaminación por aguas negras continuó en Tamarindo.
De igual manera, se confirma que actualmente existen descargas directas de aguas residuales en las quebradas, ríos y playas, generando una situación insostenible para la salud pública y el turismo de la zona.
Quien interpuso el recurso afirmó que es necesario que se implemente un proyecto de alcantarillado sanitario en la ciudad de Tamarindo, para tratar las aguas residuales que se producen en las viviendas y comercios.
Por esto, la Sala ordenó que el director del Área Rectora de Salud de Santa Cruz, Warren Chavarría, dentro de un plazo máximo de un mes, realizara una evaluación de la situación y emitiera las órdenes sanitarias a quien corresponda y de seguimiento hasta que se cumpla.
Por otro lado, se le ordenó al presidente ejecutivo y director de la región Chorotega de AyA, Alejandro Guillén y Eliecer Robles, darle seguimiento al Proyecto de Construcción de sistema de saneamiento para la comunidad de Tamarindo.
Este proyecto fue diseñado por el ICAA y deberá seguir los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud.
En caso de que no se cumplan estos ordenamientos se pueden enfrentar a prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa.
En la resolución se condenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Estado a pagar las costas, daños y perjuicios.
La Sala Constitucional pudo comprobar hechos relacionados con el recurso, y determinó que a pesar de que el Ministerio de Salud y AyA han hecho acciones para buscar una solución, no ha sido suficiente.
El Magistrado Luis Fernando Salazar, agregó una nota al expediente donde explicó que este hecho "afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida de la parte recurrente y los vecinos del lugar".