Roces constitucionales frenan importante iniciativa contra criminalidad
Plan es de las iniciativas de ley más rezagadas en su tramitación
Las sospechas de eventuales roces con la Constitución Política obligaron a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso a volver a poner en pausa uno de los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo para intentar contener la criminalidad y la inseguridad.
Esta vez se trata del proyecto de ley que pretende penalizar la introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos a las cárceles del sistema penitenciario.
Con este proyecto, ya suman 4 los proyectos del Gobierno para el combate a la inseguridad que los diputados han tenido que poner en pausa y hasta desechar por roces constitucionales (ver nota abajo).
Proyecto necesario sería inconstitucional
La introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos a las cárceles del sistema penitenciario es un agravante de la crisis de seguridad y criminalidad por la que atraviesa el país.
A pesar de que la problemática está identificada, el proyecto para penalizar esta práctica ha avanzado a paso lento en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, pues durante el último año los diputados han tenido que hacerle cambios al texto que el Gobierno presentó en febrero anterior.
Esta semana los congresistas de la comisión tenían previsto dictaminar el proyecto para que pasará a su discusión en el plenario legislativo, sin embargo 2 informes advirtieron a los diputados que aún así con las correcciones que le hicieron hay posibilidades de roces con la Constitución.
La diputada independiente, Gloria Navas Montero, dijo que un primer informe con la alerta de inconstitucionalidad provino del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso en relación a la descripción del tipo penal que se quiere penalizar.
"Esto es muy serio, porque si no tenemos un tipo penal bien establecido no se va poder aplicar- la eventual ley-. Así como está -el proyecto- no va tener un valor jurídico procesal correcto y podría ser inconstitucional", advirtió Navas.
La diputada liberacionista, Alejandra Larios Trejos, cuestionó también que en la propuesta no se dejan claras las penas que van aplicarse para las personas que posean un celular de manera ilegal en un centro carcelario.
El proyecto
En la versión actual, el texto fija entre 2 y 4 años las penas de prisión por la introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos a las cárceles del sistema penitenciario.
El plan pretende reformar el Código Penal para, finalmente, procesar a aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares y otros aparatos de comunicación a las prisiones. La propuesta de ley 24.162 busca adicionar el artículo 257 quáter al Código Penal.
Celulares y chips introducidos ilegalmente en las prisiones permite a los reclusos coordinar actividades criminales fuera de las instalaciones, tales como tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas y homicidios.
Estadísticas oficiales arrojan que durante 2023, la Policía Penitenciaria consiguió interceptar el ingreso de 2.683 teléfonos celulares a las cárceles del país. Además, incautaron 3.592 chips o tarjetas SIM, así como unos 4.954 artículos electrónicos como cargadores, cables de cargador y artefactos similares.
Diputados "atajaron" otros proyectos con roces
En el último año los diputados han tenido que detener la tramitación de 3 proyectos de ley en materia de seguridad presentados por el Ejecutivo por amenazas de roces con la Constitución Política y por mala redacción.
Se trata de 3 de los 5 proyectos en materia de seguridad que propuso el Poder Ejecutivo en abril del año pasado en el marco del plan "Costa Rica Segura".
En esa ocasión la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, admitió que el Ejecutivo ya estaba enterado de esas falencias, pero que aún así los proyectos se presentaron porque a la Asamblea Legislativa le correspondía hacerles las correcciones necesarias.
El primer proyecto con roces era el que pretendía ampliar la potestad de la policía judicial para realizar escuchas telefónicas por ejemplo en casos de femicidios y homicidios, pues entre otras cosas se quería que esa potestad también se les diera a las policías municipales y la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
Otro de los expedientes señalados era el que busca endurecer las sanciones aplicadas a los menores de edad que comentan delitos relacionados con el crimen organizado. En esa ocasión se cuestionó el respeto al principio de proporcionalidad equilibra el poder sancionatorio del Estado con los derechos y garantías fundamentales de los individuos.
En el caso del expediente 23.689 que busca endurecer las penas y prohibiciones para la portación de armas, si bien el informe de Servicios Técnicos no encuentra vicios de constitucionalidad sí hizo señalamientos en cuanto a la "mala redacción del proyecto".