Robos, contrabando, ensamblaje y vacíos legales facilitan circulación de armas ilegales
Los vacíos normativos y la debilidad en los controles son algunos de los factores que facilitan la circulación de armas en Costa Rica, de acuerdo con la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Las leyes y reglamentos actuales han resultado insuficientes para contener el trasiego y la adquisición ilegal de armas, especialmente por parte de las organizaciones criminales, que las utilizan para aumentar su poder y atentar contra otras personas.
Prueba de ello es que más del 77% de los homicidios se cometen con armas de fuego. La normativa carece de sanciones efectivas.
Por ejemplo, cuando un portador civil pierde o extravía su arma y no lo denuncia, la sanción se limita a una simple multa, sin consecuencias judiciales, pese a que se ha documentado que armas vinculadas con delitos violentos son devueltas a sus propietarios originales.
Las autoridades han detectado casos en los que portadores civiles alquilan o venden sus armas de fuego aprovechando la laxitud de las sanciones.
También faltan límites para la adquisición de municiones. No existe una regla clara sobre la cantidad de munición que una persona puede comprar legalmente, lo que facilita que las estructuras criminales se abastezcan de manera amplia y sostenida.
A esto se suman las debilidades en el control y la fiscalización del armamento perteneciente a las empresas de seguridad privada, así como las dificultades de detección en las aduanas, por donde ingresan armas modulares en piezas separadas dentro de contenedores o paquetes.
El mercado ilícito de armamento se alimenta principalmente de armas robadas, que son sustraídas a portadores civiles o a oficiales de seguridad. Sin embargo, también ha aumentado el ingreso al país de armas desarmadas o introducidas por partes en paquetes o contenedores, las cuales posteriormente son ensambladas dentro de Costa Rica.
Los grupos criminales también han innovado mediante el uso de armas artesanales y tecnología de impresión 3D. Fabrican artefactos con este tipo de tecnología y los adaptan con componentes metálicos para hacerlos funcionales.
No se descarta que también se estén negociando armas legales que originalmente fueron adquiridas de forma lícita, pero que terminan en el mercado ilegal porque sus propietarios las venden o alquilan. Así lo detalló Karen Jiménez, encargada de Ciencias Policiales de la UNED.
"Si bien son pocos los casos en los que armas legalmente inscritas se vinculan con hechos delictivos, es necesario revisar la normativa vigente ante nuevas dinámicas criminales que podrían estar aprovechando vacíos legales", manifestó.
Todo ello sin perder de vista el tráfico internacional de armas: cantidades de pistolas, rifles y fusiles que ingresan por rutas marítimas, terrestres y aéreas, muchas veces junto con cargamentos de droga y como parte de operaciones entre organizaciones criminales extranjeras y bandas costarricenses.
Consecuencias letales
El uso de armas modificadas para disparar en ráfagas por parte de personas sin capacitación, como suele ocurrir con los gatilleros, genera graves consecuencias, entre ellas un aumento en la letalidad de los ataques, lo que potencia hechos cada vez más violentos.
Además, se producen lesiones o muertes de personas inocentes, ya que delincuentes sin conocimiento ni entrenamiento terminan hiriendo o matando a terceros en espacios públicos debido al uso indiscriminado de estas armas.
Personas ajenas a los hechos resultan víctimas colaterales no solo en el sitio específico donde ocurre el ataque, sino también en áreas circundantes. Este peligro puede extenderse hasta un kilómetro de distancia, dependiendo de la trayectoria que alcance un proyectil.
Dependiendo de su capacidad letal, los proyectiles disparados pueden incluso atravesar infraestructuras y provocar daños mayores.
La especialista señaló que el fácil acceso a armas de fuego de alto poder por parte de estructuras criminales representa un problema de seguridad nacional, pues estas organizaciones están adquiriendo armamento cada vez más letal y sofisticado, al tiempo que operan de manera impulsiva y con escasa planificación.
De acuerdo con el Informe 2025 de la Fundación para la Paz y la Democracia (Fundepaz), Costa Rica cerró el período 2014-2024 como la década más violenta de su historia reciente.
Además, el estudio revela que cerca del 50% de las víctimas fueron jóvenes y menores de edad, y que se ha incrementado el número de víctimas colaterales: personas inocentes que resultan heridas o fallecidas en espacios públicos debido al uso indiscriminado de armas de alto poder.
