Retrasan petición de medidas cautelares contra Turesky y 21 sospechosos en caso narco
Sospechosos de exportar cocaína en contenedores fueron libertados el 25 de junio
Para este miércoles estaba agendada una nueva audiencia para determinar si los sospechosos del caso Turesky, sobre presunto narcotráfico y legitimación de capitales en Limón, regresan o no a prisión preventiva o bien, son sometidos a alguna restricción mientras se inicia un eventual juicio.
Esto luego de que el 25 de junio anterior, fueron puestos en libertad tras 3 años y un mes de estar detenidos.
La audiencia de hoy fue solicitada con por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) para pedir nuevas medidas, y evitar que los sospechosos estén por la libre sin ningún tipo de limitante que los mantenga apegados al proceso penal.
No obstante, a las 8:30 a.m. de hoy que inició la audiencia en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en San José, abogados defensores presentaron una recusación contra el juez que iba a conocer la petición, razón por la cual la diligencia se suspendió en horas de la mañana.
Al ser la 1:30 p.m., la audiencia se reinició y se rechazó la petición de los abogados de separar al juez designado, según consta en el voto 124-R-2024.
No obstante, no se conocieron las medidas cautelares pedidas por el Ministerio Público, sino que ahora el Tribunal debe designar una nueva fecha para la audiencia, según confirmó el abogado Michael Castillo.
Nuevo retraso
Inicialmente, la audiencia se había definido para iniciar el 15 de julio con posible extensión hasta el 18 del mes, luego de que el Ministerio Público hiciera la petición urgente de convocar a las partes con el afán de buscar nuevas disposiciones más restrictivas sobre los imputados.
No obstante, había un choque de agendas de los abogados Humberto Méndez y Randall Céspedes, así como por los escritos interpuestos por los defensores Juan Navas y Celso Gamboa.
Posteriormente, la fecha se fijó para este miércoles de 31 de julio, pero tras el traspié de hoy, habrá más largas a la posible gestión de medidas cautelares sobre Alejandro James Wilson y los supuestos cómplices.
El supuesto cabecilla y 9 personas más permanecían en prisión preventiva hasta hace poco más de un mes, mientras que 6 involucrados más estaban bajo arresto domiciliario y otros 6 cumplían medidas alternas. La investigación se maneja bajo el número de expediente 18-000092-1219-PE.
Se presume que todos conformaban una organización liderada por el sujeto de apellidos James Wilson. En apariencia, esta agrupación criminal importaba paquetes cocaína desde Colombia para ser almacenados en propiedades adquiridas en San José, Heredia y Limón y posteriormente enviarlos en embarcaciones con contenedores contaminados hacia Europa.
Según la Fiscalía, el grupo también se dedicaba a legitimar las ganancias obtenidas del negocio ilícito del narcotráfico, mediante la creación de empresas fachadas, desde donde compraban bienes tanto muebles como inmuebles, adquiridos o inscritos directamente a nombre de integrantes del grupo, testaferros o sociedades anónimas.
Los imputados en la causa además de James Wilson, son de apellidos Cartín Ceba, Picado Marín, Soto Rivera, Zúñiga Araya (mujer), Cartín Ramírez, Wein Calvin, Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez Agüero (mujer), Chacón Bonilla, quienes estaban en prisión preventiva.
Solís Sánchez, Bejarano Benavides y Praslin Delgado estaban con arresto domiciliar con localización permanente, impedimento de salida del país y no tener contacto con ningún testigo, coimputado del proceso.
Medidas similares tenían Alfaro Pérez, Picado Mora, Aguilar Ulloa (mujer), Molina Fonseca, Alfaro Alfaro, Vega Quirós, Mora Núñez (mujer), Guadamuz Herrera (mujer) y Marín Madrigal.
Controversial resolución
En esencia, el pasado martes 25 de junio, el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada tomó la decisión de no acoger la petición de la Fiscalía para extender las medidas cautelares contra los sospechosos.
Ordenaron el cese de todas las restricciones hacia ellos, principalmente bajo el argumento de la falta de celeridad de los fiscales del caso en culminar la investigación tras 3 años. Citaba el documento en manos de este medio:
(…) No se vislumbra una fecha cierta, ni siquiera aproximada de cuándo se contará con una acusación formalmente incorporada a los autos, ya que el Ministerio Público no cumplió con la prevención (…), tampoco consta agregada de manera formal al expediente, con lo cual, se mantiene la misma incertidumbre de hace un año, no existiendo justificación entonces para sostener las medidas cautelares, más que convertirlas en una pena anticipada.
Dicha decisión generó gran molestia en el Ministerio Público. En entrevista con crhoy.com, el fiscal general Carlo Díaz, arremetió contra los jueces que parecen no comprender la complejidad de estos casos y dijo que hubo un mal actual por parte de los juzgadores.
Creo que los jueces no han entendido que estos casos son de crimen organizado, que son casos gigantescos y que no tienen el volumen de los casitos ordinarios que ellos reciben.
Esto lo comprendo en los jueces que no trabajan en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO). Pero no lo comprendo en la Jurisdicción Especializada, porque ellos deberían entender que estos casos no son los ordinarios: son los más grandes, específicos y diferentes que se pueden presentar.
Ellos sí deberían comprender la magnitud de este tipo de casos.
