¡Reos desesperados por celulares! Negocio mueve corrupción, dinero y hasta amenazas
30 funcionarios fueron suspendidos y 17 despedidos
Archivo CRH
(CRHoy.com) En 8 meses, la señal celular, al menos en el papel, estará bloqueada de los centros penitenciarios costarricenses. Ante esto, pareciera que los privados de libertad están sedientos y quieren aprovechar hasta el último día con señal para cometer estafas con celulares.
En lo que va del año, la Policía Penitenciaria registra el decomiso de 2 mil celulares y el negocio va más allá, pues mueve corrupción de funcionarios, dinero, el uso de gatos entrenados y hasta amedrentar con golpes a personas para que traten de llevar los dispositivos celulares.
Ya la policía judicial le sigue la pista a bandas que convencen a ciudadanos, y luego los amedrantan hasta con golpes si se niegan a trabajar.
Así sucedió el fin de semana pasado cuando 3 personas golpearon a un hombre por negarse a introducir celulares en San Rafael de Alajuela.
El Ministerio de Justicia detalló que la víctima se presentó al centro penitenciario el sábado anterior como un visitante y luego solicitó ayuda, pues las personas que "lo contrataron", luego lo agredieron al negarse a ejecutar el plan.
Según Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, las investigaciones señalan que grupos pagan desde los ₡80 mil por introducir un celular. Eso sí, las sumas aumentan y se han estimado casos que llegan hasta los ₡400 mil colones.
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Estas cifras revelan que el negocio podría ser millonario, además, desde el año 2015, el Ministerio de Justicia reporta el decomiso aproximado de 15 mil celulares en centros penitenciarios.
Las autoridades tienen claro el panorama: desde la cárcel se han cometido la mayor cantidad de estafas telefónicas que hasta julio fueron más 1500 víctimas.
30 suspensiones y 17 despidos
El crimen también ha atacado a los funcionarios y los seduce con diferentes "premios". Desde el año 2018 y hasta mediados de agosto (los datos no incluyen 7 investigaciones que iniciaron esta semana) el Ministerio de Justicia realizó 77 investigaciones.
De ellas, 30 están pendientes de resolución, mientras que 30 funcionarios fueron suspendidos y 17 despedidos.
"Hemos experimentado un aumento en la cantidad de funcionarios investigados. Por ejemplo, en el 2018 se abrieron 17 investigaciones y para este año ya llevamos 30. Hemos sido muy contundentes en el tema de cero tolerancia a la corrupción", indicó Bertozzi.
Esto fue lo que le decomisaron al oficial.
Procesos y sanciones
Lorena Ortega, jefa del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Justicia y Paz explicó, semanas atrás, que cada investigación tarda entre 2 y 4 meses.
Por el momento, no se ha vinculado a ningún funcionario con las estafas cometidas desde los centros penitenciarios.
"El ingreso de celulares a los centros penitenciarios no es permitido debido al riesgo de comercialización. En el caso de los funcionarios, en muchos casos la carga probatoria no permite concluir la existencia de complicidad para la comisión de un delito", detalló.
Ante esto se sanciona con:
- Suspensiones que van de 1 a 30 días, en el caso de los policías penitenciarios.
- De 1 a 15 días en el caso de otros funcionarios administrativos.
- Cuando se demuestra un dolo, se procede con el despido.
- Además, si funcionarios por error se llevan entre sus pertenencias un cable USB o un chip se les abre un procedimiento.