Reos descubiertos con celulares perderían beneficios carcelarios

Los privados de libertad que sean descubiertos con celulares u otros dispositivos electrónicos de comunicación no podrían optar por beneficios carcelarios por un periodo que determinará el Ministerio de Justicia y Paz en su reglamento, y en caso de reincidencia no podrían ser sujetos a estos beneficios durante el total de su condena.

Esta es la sanción que contempla un nuevo proyecto de ley presentado a la corriente legislativa y que será discutido en las próximas semanas por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.

Además de sancionar a los privados de libertad con la no aplicación de beneficios carcelarios el texto impulsa otra serie de reprimendas a quien introduzca, distribuya, reciba, facilite o tenga de forma ilícita a lo interno de centros de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional aparatos de comunicación no autorizados.

Algunas de las sanciones contempladas en el expediente legislativo son:

• Inhabilitación de 3 a 5 años para el ejercicio de cargos en la administración pública a la persona funcionaria que facilite, reciba, introduzca o distribuya el ingreso de forma clandestina a un centro de detención, de cualquier tipo de aparato electrónico de telefonía y telecomunicaciones.
• Inhabilitación de 3 a 5 años, para contratar con la administración pública, a la persona física o jurídica proveedora de bienes y servicios, que reciba, introduzca o facilite el ingreso a un centro de detención, de cualquier tipo de estos aparatos.
• A las personas que no sean funcionarias públicas ni proveedores y que introduzcan estos aparatos se le impondrá una multa de 10 salarios base y una medida de seguridad, consistente en impedirle el ingreso en calidad de visitante a cualquier centro de detención en el territorio nacional, durante el lapso de un año. En caso de que se demuestre que la comisión de este delito este asociado a una organización criminal, crimen organizado o trata de personas, la pena será de 2 a 6 años.
• Se impondrá la pena de prisión de 2 meses a 2 años, a quien no denuncie al privado de libertad que tenga en su poder un aparato de telefonía y telecomunicación.