Regulación de plataformas en un limbo de 5 años por desidia
Ejecutivo y legisladores titubean con propuestas para dar marco jurídico a sistemas
Uber comenzó a funcionar en agosto de 2015. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
(CRHoy.com). Ni el gobierno de la República ni la Asamblea Legislativa fueron capaces en los últimos 5 años de concretar propuestas para regular el medio de vida de miles de personas: las plataformas tecnológicas que gestionan los servicios de transporte privado de pasajeros.
El próximo 21 de agosto se cumplirán 5 años, 1.825 días y 43.800 horas de que Uber comenzó a funcionar en Costa Rica. Lo hizo entre interrogantes legales que se mantienen hasta la fecha, pero que no han sido suficientes de detener la operación de la aplicación móvil.
Incluso, el alcance de la plataforma y su expansión hacia distintos puntos del territorio nacional provocaron que en 2019 ingresara otra compañía: DiDi, de capital chino y con presencia en numerosos países, incursionó aquí en noviembre de ese año.
La incapacidad política para consensuar un plan que regule las plataformas se conjuga con la enconada oposición de los taxistas formales, quienes aseguran que la inercia para fiscalizar las plataformas los "llevó a la ruina".
Esa misma incapacidad se refleja en múltiples propuestas construidas desde el seno de la Asamblea Legislativa y el mismo Poder Ejecutivo, las cuales ninguna ha prosperado.
El último revés lo tuvo el proyecto 21.587, construido en setiembre de 2009 por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el cual fue convocado el viernes por el gobierno para las sesiones extraordinarias de este mes de agosto. Sin embargo, fue desconvocado este lunes por las autoridades al indicar "posiciones encontradas con la propuesta".
"La agenda legislativa que fue convocada por el Poder Ejecutivo, de común acuerdo con el resto de fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, pretende ser de consenso y no controversial. Una agenda que permita sacar adelante los proyectos de ley relacionados de manera directa y urgente con la pandemia y la crisis fiscal del país. Al haber encontrado puntos de controversia en los proyectos de regulación las plataformas digitales, hemos preferido retirarlo de conocimiento de la Asamblea Legislativa", justificó Marcelo Prieto, ministro de Presidencia.
Para Rubén Vargas, dirigente de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), el proyecto que pretendía convocar el Poder Ejecutivo no empareja la cancha en relación con las plataformas. Según señala, el gremio de la "fuerza roja" estaría sujeto a numerosos requisitos de operación que los mantendrían en desventaja frente a otros transportistas.
"El proyecto no solo no ha sido consensuado. Se pretende regular una actividad que hoy es ilegal, pero la regulan para dejarla a la libre: libre de operadores, libre de tarifa, libre de control, libre de identificación, libre de tarifas de bases de operación y libre de ir 2 veces a la revisión técnica. La misma ley hace un nudo gordiano, pues deja al taxista con las leyes de hace 60 años. Eso era burro amarrado contra tigre suelto", detalló el líder del sector.
El dirigente apunta que "tienen 5 años de buscar un diálogo, no solo con la Asamblea Legislativa, sino con representantes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep)", quienes no han atendido las peticiones para ajustar un artículo legal que permita –de previo- negociar la tarifa con el usuario y utilizar aplicaciones móviles (similares a Uber o DiDi).
Uber brinda servicios de transporte privado desde agosto de 2015, sin embargo hasta este año 2019 el Ejecutivo propuso un plan para regularlo. CRH
Uber alza la voz
Este martes, mediante una carta abierta dirigida a la población, Uber se unió a los señalamientos por la ausencia de consensos que es urgente garantizar seguridad jurídica a las miles de personas que dependen de los ingresos generados a través de las plataformas digitales.
Para la empresa, es oportuno que el gobierno permita la discusión del proyecto de ley que regularía estos sistemas de transporte privado de pasajeros.
"Creemos que es ahora cuando se hace más urgente retomar una discusión crucial para todas aquellas familias costarricenses que han visto disminuidos sus ingresos a causa de la pandemia y permitir así a las plataformas de movilidad ser parte de la recuperación económica del país. Iniciar el debate de esta iniciativa implica abrir las puertas al diálogo. Nuestro país debe aprovechar la voluntad política y el afán de construir de esta comisión. Miles de familias así lo demandan. Permitir la discusión de temas con puntos de vista diferentes, pero que son fundamentales y prioritarios para el beneficio del país y sus ciudadanos, es parte fundamental de toda democracia. Ese es el rol principal de la Asamblea Legislativa. Costa Rica requiere del compromiso de todos para resolver nuestras diferencias y construir en unidad un mejor país", recalcó la compañía, a través del documento.
Uber opera en el país desde agosto de 2015. Tenía a inicios de este año un promedio de 1 millón de usuarios y 28 mil conductores registrados. Eso sí, persisten las pugnas en torno a su legalidad para funcionar en la jurisdicción costarricense y en la Asamblea Legislativa mantiene varios proyectos en esa línea.
Mientras, DiDi contaba con 5 mil choferes registrados al inicio de su operación en territorio nacional (noviembre de 2019). En tanto, según cálculos del Consejo de Transporte Público (CTP), en todo el país hay alrededor de 12 mil taxistas formales.