El proyecto recibió primer debate el miércoles anterior en la Comisión Plena Primera. (CRH)

Un proyecto de ley que le permitiría a un grupo de docentes que en 1995 se pasó al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regresar al régimen de jubilaciones del Magisterio Nacional enfrenta a los diputados y a distintos sectores.

La iniciativa fue aprobada en primer debate el miércoles anterior por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera en una votación de 10 contra 4.

Según explicó Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional  (Jupema), con el proyecto los educadores tendrán la posibilidad de decidir si continúan o no en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS o retornan al del Magisterio Nacional.

La discordia se centra básicamente en el número de beneficiados y el impacto financiero en el régimen del IVM y las finanzas públicas.

Según los estudios de la Jupema, las personas que tendrían la posibilidad de pasarse de régimen son aproximadamente 1.173, pero el Gobierno maneja cifras distintas. Dice que serían entre 1.800 y al menos 6.000.

La organización gremial, por otra parte, sostiene que el costo del traslado sería de ¢1.000 millones en el primer quinquenio.

La diputada Marcela Guerrero se mostró extrañada por el apoyo del PLN. (CRH)

Sin embargo, diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), con base en cifras de la CCSS, aseguran que la salida de cotizantes le costará a la Caja ¢52 mil millones y entre ¢11 mil millones a ¢33 mil millones anuales al Ministerio de Hacienda porque pasarían a un régimen que está cargado al presupuesto nacional.

La legisladora Marcela Guerrero, del PAC, aseguró que también se le permitiría a los docentes tener un doble beneficio porque en los 90 se les reconoció el diferencial cotizado cuando fueron trasladados del antiguo régimen del Magisterio al IVM.

"Si la Asamblea Legislativa va a permitir que más de 1.800 y al menos 6.000 docentes se regresen del IVM al régimen del Magisterio Nacional, antes deberíamos conocer cuántos y quiénes de esos docentes ya se beneficiaron del cobro del diferencial de cotización que se les reconoció en los noventas", dijo.

Indicó que, además, los diputados que apoyan el proyecto tienen la obligación de asegurarse primero la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues el erario público deberá aportar el 90% de lo que reciben las personas jubiladas.

"Me llama además la atención que el Partido Liberación Nacional le había negado el apoyo a esta propuesta en las dos últimas administraciones y ahora en año electoral deciden apoyarla sin sustento financiero para el Estado. Creo que el PLN quiere pasarle el costo político al actual Gobierno para que decida si firma o no la ley", criticó Guerrero.

Sin afectación

La legisladora Patricia Mora votó a favor de la iniciativa. (CRH)

El Frente Amplio, que apoya la iniciativa, alega que no habrá afectación con el traslado de los educadores del IVM al régimen del Magisterio.

De acuerdo con los legisladores de esa agrupación política, quienes quieran dejar el régimen del IVM primero deben haber cotizado al menos 10 años en el Magisterio.

Pero, además, tendrían que pagarle al Ministerio de Hacienda, con su propio patrimonio, la diferencia entre lo cotizado en la Caja y lo que debió haber cotizado en el Magisterio.

"Con la Caja se debió cotizar, durante todo este tiempo, entre el 2,05% y el 2,84% del salario, mientras que con el Magisterio se habría cotizado entre el 10% y el 16% del salario. Esta diferencia, traída a valor presente, significaría un costo de traslado para la persona interesada de entre ¢4 millones y ¢25 millones", indica el Frente Amplio.

Los frenteamplistas agregan que debe tomarse en cuenta que de 1995 a la fecha una gran cantidad de personas se ha acogido a la pensión y otras han fallecido, por lo que la cantidad real de personas que puedan llegar a trasladarse no pasarían de 200 el primer año.

"La Junta de Pensiones del Magisterio estima que este traslado constaría a Hacienda cerca de ¢200 millones en el primer año, asumiendo que todas las personas se trasladen al mismo tiempo. En cambio, Hacienda recibiría por las personas que se trasladen, no menos de ¢800 millones. La erogación, por parte del IVM, sobre esa cantidad de personas no sería actuarialmente significativa, por lo que no afectará la estabilidad del régimen ni las finanzas de la CCSS", insisten.

También dijeron que el proyecto está blindado contra el posible otorgamiento de pensiones de lujo porque se aplicarían topes y contribuciones especiales.

El Gobierno pidió este viernes a los diputados que no aprueben la iniciativa en su segundo debate, previsto para el 22 de junio.