Reforma busca tipificar como violencia política estas conductas contra diputadas
Hacer comentarios o gestos sexuales, obstaculizar el ejercicio del cargo, restringir la participación en comisiones y desacreditar a una diputada por razones de género serían formas de violencia política en el Congreso, según una propuesta de reforma al Reglamento legislativo.
La lista también incluye divulgar información privada para dañar la imagen de una legisladora, así como insultos, amenazas, burlas y comentarios de connotación sexual que afecten sus derechos políticos. La discriminación por embarazo, lactancia o condiciones relacionadas con la maternidad también entraría en esa categoría.
Los jefes de fracción Abril Gordienko (PUSC), Álvaro Ramírez (PLN), Claudia Dobles (CAC), José María Villalta (FA) y Nogui Acosta (PPSO), junto con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, presentaron la iniciativa. Su objetivo es cambiar la forma en que se tramitan e investigan las denuncias por violencia política en el Parlamento.
Las reglas actuales están en el Reglamento de diputaciones para erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobado en 2023 mediante un acuerdo legislativo.
El texto de la reforma estaba listo el jueves pasado y contaba con el aval de todos los jefes de fracción. Sin embargo, varios legisladores de Pueblo Soberano (PPSO) presentaron numerosas observaciones.
Cómo se tramitarían las denuncias
La propuesta fija un plazo de un año para denunciar, contado desde el último hecho de violencia o desde que cese la causa justificada que impidió hacerlo.
Una comisión especial investigaría cada caso. Todas las fracciones tendrían representación en ella, con paridad de género y alternancia, y sin los legisladores involucrados en el proceso.
La comisión contaría con tres meses para rendir su informe. Ese plazo sería ordenatorio, es decir, su incumplimiento no anularía el proceso. Además, podría dictar medidas cautelares para proteger a la denunciante y evitar interferencias en el ejercicio de sus derechos políticos.
El procedimiento prohíbe las investigaciones preliminares y la conciliación entre las partes. El legislador denunciado tendría 10 días hábiles para responder por escrito y ofrecer pruebas.
El Plenario tomaría la decisión final. Si determina que un legislador es responsable, le impondría una amonestación ética pública, aparte de las acciones judiciales que procedan.
Los expedientes serían confidenciales durante el procedimiento. Cuando la sanción quede en firme, la resolución y el nombre del sancionado se harían públicos y permanecerían diez años en un registro. La identidad de la víctima se mantendría protegida.
José Miguel Villalobos y Yara Jiménez, diputados del PPSO. Archivo CRH
Denuncias contra Villalobos, Mora y Dobles siguen sin trámite
La reforma avanza mientras tres denuncias por violencia política contra diputados siguen sin trámite: una contra José Miguel Villalobos, otra contra Ariel Mora Fallas, ambos del PPSO, y una tercera contra Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
El Directorio Legislativo conoció la denuncia contra Villalobos el 19 de agosto. En esa sesión, Jiménez se inhibió y la vicepresidenta del Congreso, Esmeralda Britton, asumió el caso. Jiménez no explicó el motivo.
Según el reglamento vigente, la moción debía ocupar el primer lugar de la agenda legislativa a más tardar el 24 de agosto, y la comisión investigadora debía conformarse antes del 27 de ese mes. Dos meses después, ninguno de esos pasos se ha concretado.
El 24 de setiembre, los diputados presentes en el Plenario recibieron un sobre sellado con una copia de la denuncia. Aun así, la sesión terminó sin que se conformara la comisión.
Una diputada del Frente Amplio acusó a Villalobos de hacer comentarios sexistas y misóginos en su contra.
La fracción del PLN denunció a Mora luego de que el diputado le silbara a la legisladora Norjelens Lobo mientras ella daba un discurso en Puntarenas.
Por su parte, la diputada Marta Esquivel denunció a Dobles después de que esta le pidiera devolver los sobresueldos que recibió cuando presidió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En un caso aparte, que no se tramita como violencia política, el diputado del PPSO Fernando Obaldía enfrenta dos investigaciones legislativas por acoso predatorio contra asesoras de su despacho. Para esas denuncias sí se conformó una comisión investigadora.