Recortes al Poder Judicial afectarían el acceso a la justicia, advierte Acojud
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) manifestó su preocupación por el anuncio de un recorte cercano a los ₡27.000 millones en el presupuesto del Poder Judicial para 2026. La organización advirtió que la medida tendría consecuencias directas sobre los servicios que reciben miles de usuarios del sistema de justicia.
Según Acojud, la reducción de recursos afectaría áreas esenciales como la investigación de delitos, la atención a víctimas, la defensa pública, la resolución de procesos judiciales y el funcionamiento de tribunales en distintas regiones del país.
"Cuando se disminuyen los recursos de la justicia, no se castiga a una institución: se perjudica a la mujer o al adulto mayor que solicita protección frente a la violencia; al trabajador que reclama sus derechos; a los menores de edad que dependen de una pensión alimentaria para atender sus necesidades básicas; a la víctima de un delito que requiere una investigación pronta y seria (…)", señala el pronunciamiento.
Asimismo, la asociación expresó su preocupación por el "clima de confrontación" que, a su criterio, se ha generado en torno al Poder Judicial. También recordó que la independencia judicial constituye una garantía para toda la ciudadanía y no un privilegio de quienes ejercen la función jurisdiccional.
Acojud hizo un llamado a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa para que cualquier decisión presupuestaria valore sus efectos sobre el acceso a la justicia.
"¿Con qué intención se disminuye el presupuesto del Poder Judicial?"
La asociación cuestionó las razones detrás del recorte y afirmó que "resulta especialmente grave" que estas medidas se anuncien en un contexto de reiteradas descalificaciones, cuestionamientos y ataques discursivos dirigidos contra el Poder Judicial y contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
Acojud recalcó que la crítica pública es legítima en una democracia, pero consideró que no lo es la construcción permanente de un discurso que erosione la confianza ciudadana en la justicia, desacredite a quienes cumplen su deber constitucional y presente la independencia judicial como un obstáculo, en lugar de reconocerla como una garantía de libertad, igualdad y control del poder.
Asimismo, reconoció que toda institución pública tiene la obligación de administrar los recursos con austeridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. También señaló que el Poder Judicial debe continuar mejorando sus procesos, reducir los atrasos, fortalecer su gestión y asegurar que cada colón invertido se traduzca en mejores servicios para la población.
No obstante, sostuvo que la "eficiencia" no puede convertirse en una excusa para recortar servicios esenciales y que la responsabilidad fiscal no debe utilizarse de forma selectiva para debilitar los contrapesos democráticos ni limitar la capacidad del sistema de justicia.
"La justicia costarricense requiere reformas, mejora continua, transparencia y responsabilidad. Pero también requiere respeto, independencia y recursos suficientes para servir a la población", concluye el pronunciamiento.
