Recorte de Hacienda al Poder Judicial dejaría sin atención casos de pensiones alimentarias
El recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial pone en riesgo la atención de procesos de pensiones alimentarias, debido a la falta de recursos para que la Defensa Pública continúe brindando sus servicios en distintas zonas del país.
La institución advirtió que existe un riesgo inminente de que la Defensa Pública deba suspender la atención en más de 20 oficinas a nivel nacional. Esto afectaría principalmente a mujeres, niños y otras poblaciones vulnerables que dependen de este servicio para tramitar pensiones alimentarias y otros procesos no penales.
El Ministerio de Hacienda aplicó una reducción de ¢3.053 millones, equivalente a un 42% del presupuesto operativo que le restaba al Poder Judicial para finalizar el año.
Ese recorte afecta las partidas destinadas a combustible, viáticos, peritajes, horas extra y servicios, mientras que los salarios de los funcionarios no sufrieron ninguna reducción.
Según explicó el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, la falta de recursos impedirá que los defensores públicos se trasladen a comunidades rurales y territorios alejados para atender a los usuarios.
"Los servicios que ofrece el Poder Judicial no son únicamente en el área penal. Damos un servicio a personas vulnerables en temas como pensiones alimentarias y existe un riesgo claro y inminente de que la Defensa Pública deba cesar de dar servicio en más de 20 oficinas a nivel nacional porque debemos retraer a los funcionarios", señaló.
El funcionario indicó que la institución no contará con presupuesto para combustible ni viáticos, por lo que los defensores públicos no podrán desplazarse a las comunidades donde habitualmente brindan atención.
"¿Qué respuesta le vamos a dar a estas personas, a estas mujeres, a estos niños que requieren alimentos?", cuestionó.
Además, advirtió que tampoco podrán realizarse audiencias en el sitio donde ocurren los conflictos, ya que jueces y defensores no tendrían recursos para desplazarse.
La consecuencia, añadió, será que los usuarios deban trasladarse hasta los principales centros de población para acceder al servicio judicial, lo que incrementará los costos para quienes cuentan con menos recursos económicos.
"Los costos para el acceso a la justicia van a ser mayores. Y esto, perdón, no se vale y esto hay que decirlo porque no solo la afectación es en materia de pensiones alimentarias", afirmó Pérez.
Poder Judicial cuestiona forma en que se aplicó el recorte
Las autoridades judiciales también cuestionaron el mecanismo utilizado por el Ministerio de Hacienda para aplicar la reducción presupuestaria.
Según explicaron, el rebajo no se tramitó mediante un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa, sino que se aplicó una retención en la programación financiera del Poder Judicial.
De acuerdo con la institución, actualmente Hacienda únicamente deposita el 90% de la cuota programada para el tercer y cuarto trimestre, lo que se traduce en un recorte del 42% de los recursos destinados al funcionamiento operativo.
La presidenta de la Sala Tercera, la magistrada Patricia Solano, calificó esa decisión como una actuación realizada por "vías de hecho".
"Para poder hacer este rebajo que ya inició, se requiere que se vaya a la Asamblea Legislativa con un procedimiento de un rebajo extraordinario. Sin embargo, por las vías de hecho, ¿qué se hace? Simplemente no se deposita. Se cierra la llave del tubo y simplemente nos quitan los recursos", manifestó.
La magistrada agregó que la medida busca debilitar el funcionamiento de la institución.
"Ahogan económicamente al Poder Judicial para que no podamos hacer lo que nos corresponde. Lo que están haciendo es ahogando económicamente al Poder Judicial", sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, consideró que la decisión responde a un criterio político.
"Yo particularmente lo considero como una decisión de carácter político", expresó.