Reclamo laboral de ₡9 mil millones tambalea futuro financiero de Japdeva
Organización gremial exigió pago por aporte de entidad a fondo de ahorro
Instalaciones del muelle de Moín, en Japdeva. Foto: Japdeva
Sussy Wing Ching, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), compareció este jueves ante la comisión legislativa de la provincia de Limón y advirtió las consecuencias financieras negativas por una demanda planteada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) por pugnas laborales.
Todo surgió a raíz de una denuncia planteada en 2013 por la organización sindical ante el Juzgado de Trabajo de Limón.
En esa oportunidad, se señaló a la institución por no aportar una serie de recursos al fondo de ahorro de los trabajadores.
Según Japdeva, desde 2002 se negoció -a través de la convención colectiva- un aumento del aporte patronal al fondo. Ese incremento estaba sujeto al cargo a las tarifas que cobraba la entidad. Pero, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no aprobó la gestión y la administración no alcanzó a cubrir el aumento (al no aprobarse el presupuesto para ese fin).
Este año, los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron una acción de inconstitucionalidad planteada por la institución que frenaba el cobro judicial promovido por la organización sindical.
Hasta 2002, Japdeva aportaba un 5 % de los salarios al fondo y ese monto se incrementó al 8% tras negociaciones con el sindicato.
La cláusula que estipulaba este porcentaje estuvo vigente en la Convención Colectiva hasta la derogatoria en el 2016, pero el aumento del 3% nunca fue pagado porque la Aresep rechazó el ajuste de tarifas requerido para enfrentar el gasto.
Según Wing, Aresep le dijo a Japdeva en aquel entonces que no podían incrementar el aporte hasta el 8% y la cúpula institucional nunca dio marcha atrás con el acuerdo. Entonces, la alternativa quedó abierta para que la organización gremial planteara el reclamo.
"Ellos (Sintrajap) lo que hicieron fue meter un recurso de amparo ante la decisión del juez que dijo que (el pago) no podía ser más de ₡3.800 millones. Ellos alegan que no es eso. Lo que reclaman supera los ₡5 mil millones", manifestó la jerarca institucional.
Wing dijo este jueves que, hasta este 30 de noviembre, el monto a cancelar por el reclamo laboral ascendería a los ₡9 mil millones (tomando en cuenta intereses e indexaciones). Incluso, dijo que eventualmente requerirían ayuda de la Asamblea Legislativa
"El juez lo que dictaminó es que eran 3.800 millones y, aunque ustedes lo vean increíble, lo apelaron (sindicato)y dijeron que no es suficiente, porque es más dinero. A ese monto usted le suma los intereses, más la indexación, y está dando los ₡9 mil millones", citó la presidenta ejecutiva.
Sussy Wing, presidenta ejecutiva de Japdeva. Captura de pantalla/YouTube
Lejos de pensar en un cierre, las autoridades de gobierno insisten en que están tratando de "levantar la institución". Por ejemplo, Wing aseguró que más allá de la administración del millonario canon que Japdeva recibe por la operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a cargo de APM Terminals, la entidad tiene un rol "clave" para el desarrollo socioeconómico de la provincia.
"Sin Japdeva, aunque tengamos canon, ocupamos Japdeva (…) Estamos haciendo los máximos esfuerzos por levantar Japdeva", citó Wing.
Desde octubre de 2019, Japdeva experimentó un proceso de transformación enfocado en reducir la planilla. En ese entonces, existían 1.405 empleados, los cuales mediante diferentes alternativas (movilidad laboral, cese mediante bono o pre-jubilación) actualmente llegan a los 292.
En setiembre, Wing aseguró al diario La República, que mensualmente cerraban con un déficit financiero cercano a los ₡681 millones (sin tomar en cuenta los recursos que recibe por el canon de APM Terminals).
A mayo pasado, en las cuentas de la entidad estatal existen aproximadamente $75 millones producto de este rubro.
Por ley, los recursos del canon deben ser destinados a proyectos para desarrollo económico y social en todos los cantones de la provincia de Limón.
El contrato entre el Estado y la APM Terminals estipula que durante los 33 años en que la terminal esté concesionada la empresa cancelará una cifra cercana a los $1.000 millones. Dichos desembolsos serán periódicos durante todo ese tiempo. La empresa europea comenzó a operar en febrero de 2019.