Racsa y socios brasileños se dejan millonario negocio de tobilleras
Contrato por los próximos 4 años supera los $25 millones de dólares
(CRHoy.com) Un consorcio conformado por Radiográfica Costarricense (Racsa) y socios brasileños fue adjudicado para dotar al Ministerio de Justicia de tobilleras electrónicas por los próximos 4 años.
El monto económico de esta licitación internacional supera los $28 millones de dólares y la adjudicación ya fue publicada en el Sistema de Compras Públicas (Sicop) a nombre del Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica.
No obstante, la adjudicación no está en firme, pues todavía falta el proceso final de objeciones ante la Contraloría General de la República (CGR).
Según los documentos presentados en la licitación, el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica está conformado de la siguiente manera:
- Servicios de Gestión en Seguridad Vial (SGSV): tiene el 25% de participación dentro del consorcio. Como aportes generales se expresa que tiene la representación de Synergye para Centroamérica, es el administrador del proyecto y responsable de la implementación general.
- Racsa: maneja el 25% de participación dentro del consorcio. A Racsa le tocará encargarse del Data Center, la central telefónica y el recurso humano, entre otros.
- Synergye: posee el 50% de participación y aporta el software de la plataforma Chronos y las actualizaciones necesarias. Da los dispositivos y accesorios, así como se encargta de la integración de las bases de datos.
El consorcio es representado por el empresario brasileño, Igor de Oliveira, quien es el apoderado generalísimo de la empresa SGSV, y a la vez es el representante de la firma Synergye, por medio de un poder especial otorgado en mayo pasado.
En el acuerdo consorcial se describe que Synergye es el fabricante del dispositivo y software para rastrear a las personas y cuenta con más de 10 años de experiencia en los principales estados de Brasil.
La facturación y pago de especies fiscales estará a cargo de SGSV y esta entidad trasladará los pagos a los otros participantes del consorcio.
1900 dispositivos base
Según el estudio de costo-beneficio del Ministerio de Justicia y Paz, se estableció como base del inventario requerido un total de 1900 unidades de tobilleras electrónicas.
Según los datos de Justicia, desde el año 2017 hasta febrero de 2022 se ha tenido como punto máximo a un total de 1922 personas utilizando este tipo de dispositivos electrónicos.
Según el informe correspondiente a esta licitación, el costo diario de una persona privada de libertad ronda los $44 dólares, mientras que con los dispositivos se podrían tener un costo diario menor a los $10 dólares. En el caso de la oferta dada por el consorcio elegido es de $5,98 dólares.
País ya había usado tecnología brasileña
En la primera contratación directa del año 2016, para la implementación de las tobilleras electrónicas en el país, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia había ofertado dispositivos que utilizaban tecnología brasileña de "CHRONOS TRACKING de SYNERGYE". No obstante, tras cuestionamientos por diferentes eventos, después se usaron dispositivos de origen suizo e inglés.