¿Qué proponen en justicia penal las candidaturas a presidir el Poder Judicial?
La carrera por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia tiene una particularidad: tres de las candidaturas provienen de la Sala de Casación Penal. Las magistradas Patricia Solano y Patricia Vargas, junto con Gerardo Rubén Alfaro compiten por el máximo cargo judicial en un contexto marcado por las preocupaciones sobre la seguridad ciudadana, la mora judicial y las restricciones presupuestarias.
Se suma Damaris Vargas, la única aspirante miembro de otro órgano (Sala Primera). Los cuatro aseguran contar con propuestas de reformas legales, el combate a la corrupción y cómo afrontar los cuestionamientos sobre las decisiones de los jueces en materia penal.
La congestión de los tribunales y la duración de los procesos figuran entre los principales desafíos del Poder Judicial. Todos coinciden en que, aunque la institución no tiene potestad legislativa, puede proponer y ha presentado ya reformas procesales a partir de su experiencia en la aplicación de las leyes.
Patricia Solano aseguró que, al presidir la Sala Tercera, ya ha liderado cambios orientados a hacer más expeditos los procesos mediante la oralidad y presentó propuestas de cambios legales relacionados con las medidas cautelares en las materias penal, laboral y contencioso-administrativa.
Gerardo Rubén Alfaro propone un plan de trabajo de seis ejes, que dará a conocer el lunes. Aunque adelantó que aspira a que la Dirección de Planificación diseñe planes remediales para los despachos con mayores atrasos y aplicar una reforma que obligue a los jueces a valorar la posible vinculación de un imputado con el crimen organizado al resolver sobre medidas cautelares, para imponer prisión preventiva.
Patricia Vargas, por su parte, defiende una reforma procesal penal integral para reducir la congestión de los tribunales de juicio. Según señala, esa etapa concentra actualmente el 70% de la duración total de los procesos penales. Su propuesta busca que a esa fase lleguen únicamente los asuntos que lo requieran.
Magistrados Patricia Vargas, Patricia Solano, Damaris Vargas y Gerardo Rubén Alfaro.
Combate a la corrupción
La integridad del personal judicial y la coherencia de las resoluciones son otros de los desafíos que abordan los candidatos. Sus propuestas incluyen controles disciplinarios más estrictos y capacitación continua para mejorar el desempeño de los funcionarios.
Los cuatro destacan la importancia de combatir la corrupción dentro de la institución. Explican que reforzarán la aplicación del nuevo régimen disciplinario del Poder Judicial, que permite fortalecer los controles, incluido el acceso a información sobre cuentas bancarias y la fiscalización del nivel de vida de los juzgadores.
Alfaro, por su parte, afirma que "hay cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial" y sostiene que la propia institución debe investigar y sancionar a los funcionarios que incurran en conductas indebidas.
En cuanto a la unificación de criterios y la calidad de las resoluciones, los candidatos destacan la importancia de la capacitación a través de la Escuela Judicial y de las unidades especializadas del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Alfaro considera necesario desarrollar seminarios especializados, como los relacionados con ciberdelincuencia y medidas cautelares, para que los operadores jurídicos puedan responder a las nuevas modalidades delictivas.
Vargas, en tanto, subraya que la selección de personal idóneo y la formación técnica son fundamentales para reducir los errores en las decisiones judiciales y mejorar la calidad del servicio.
El debate sobre las decisiones judiciales en materia penal también ocupa un lugar central en las propuestas. Ante los cuestionamientos de que los jueces liberan a personas sospechosas de cometer delitos, los tres magistrados defienden la labor de la judicatura y destacan la necesidad de analizar las resoluciones dentro del marco legal y procesal.
Candidatos a presidencia de la Corte: Magistrados Patricia Vargas, Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Solano y Damaris Vargas.
Patricia Vargas cuestiona el discurso sobre una supuesta impunidad generalizada y lo contrasta con las cifras de condenas y población penitenciaria, aunque aclara que la ley también aplica cuando se reconoce la inocencia de una persona.
"Para los amantes de esta postura tenemos las cárceles totalmente abarrotadas y colapsadas. En prisión preventiva el número de personas en prisión preventiva se ha prácticamente duplicado, un 96% se ha incrementado.
Entonces, es muy inconsistente que esta situación se esté dando a la misma vez que dicen que el Poder Judicial pone en la calle a la gente o no dicta condenas", afirmó la penalista.
La magistrada también señala que la población carcelaria aumentó un 20% en los últimos años y se acerca a las 20.000 personas.
Gerardo Rubén Alfaro también rechaza los cuestionamientos sobre un supuesto favorecimiento judicial a la delincuencia. Para respaldar su posición, se refiere a la actividad diaria de los tribunales y al aumento de las condenas.
"Todos los días los jueces de la etapa intermedia valoran acusaciones de los fiscales y las condenas en este país han aumentado. Eso no significa otra cosa que el Poder Judicial está haciendo lo que le corresponde", afirma.
Alfaro recuerda que las autoridades realizan más de 10 allanamientos diarios, lo que representa más de 3.500 al año. También sostiene que los jueces deben resolver con base en los elementos del caso, la probabilidad de los hechos y las normas legales, sin responder a intereses externos.
Patricia Solano, por su parte, defiende la independencia judicial y recuerda que el ordenamiento procesal establece mecanismos para cuestionar las resoluciones con las que alguna de las partes esté en desacuerdo.
"Las reglas del proceso ya contemplan la posibilidad de que alguna de las partes en el proceso quede disconforme con lo que se resuelve tienen un remedio para cuestionar esa decisión", explica.
Para Solano, el desacuerdo de una de las partes con una resolución forma parte de la naturaleza de los procesos judiciales. Por ello, destaca la existencia de recursos como la apelación y la casación, que permiten solicitar la revisión de las decisiones ante los órganos competentes.