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¿Qué pasó con los 70 niños y adolescentes que estuvieron bajo cuido de falsas monjas?

Por José Adelio Murillo | 13 de Oct. 2024 | 11:04 am

Cuando se intervino la Fundación Manos Abiertas el pasado 5 de marzo, en el Hogar Corazón Redentor en Desamparados de Alajuela estaban albergados 70 menores de edad con enfermedades crónicas, terminales y con cuidados paliativos.

215 días han transcurrido desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público condujeran una serie de allanamientos simultáneos en dos hogares de personas que requieren cuidados especiales, tanto el de Alajuela como el ubicado en La Unión de Cartago, donde solo había pacientes mayores de edad.

Autoridades judiciales e instituciones intervinieron el 5 de marzo los establecimientos debido a que mantenían una investigación por los supuestos delitos de explotación laboral, servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.

En total eran 141 personas bajo resguardo de la organización, señalada de utilizar "falsas monjas" para la atención diaria, así como de malos tratos a sus funcionarios y posibles manejos irregulares de los fondos públicos que recibían.

En total han fallecido 25 personas posterior a la intervención judicial, de los cuales la mayoría eran adultos. Así lo confirman los registros solicitados por crhoy.com al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

Dos 70 menores de edad, tres han fallecido según confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Según la institución, estas muertes ocurrieron por situaciones propias de su condición de salud y ocurrieron durante un internamiento hospitalario.

Cinco pacientes eran de meses de edad, 28 tenían entre 1 y 6 años, 25 oscilaban entre los 7 y 11 años de edad y había también 12 adolescentes.

¿Quién los resguarda?

Tres resoluciones judiciales delegaron el cuido y la protección de todos los menores de edad -expacientes de Manos Abiertas- al Patronato Nacional de la Infancia cuando se dictaron las medidas cautelares durante el mes de marzo anterior.

Fue el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José que dictó una medida cautelar atípica, para delegar la responsabilidad de la administración y posesión de las instalaciones para que los pacientes pudieran permanecer allí y así resguardar a los menores a 18 años.

Inicialmente, esta era una alternativa temporal durante un periodo de 6 meses. Sin embargo, en setiembre pasado los jueces tomaron la decisión de extender por otros 6 meses más la medida, para que el Patronato siga por más tiempo encargado, según confirmó la entidad.

La mayoría permanece en las instalaciones de lo que fue el Hogar Corazón Redentor en Desamparados de Alajuela, pero con personal distinto al de la  Fundación Manos Abiertas. Así lo detalló días atrás a crhoy.com, la presidenta del PANI, Kennly Garza.

A partir de que el Patronato entra con la operativa, lo que hacemos es una sustitución del 100% del personal que se encontraba en la ONG que está atendiendo las disposiciones de la medida cautelar de la jueza.

El Patronato lo que hace es una contratación y a través de la tercerización de los servicios, colocamos toda una operativa, una inversión para garantizar la mayor y mejor atención que puedan tener los menores.

Eso significa que en la actualidad estos menores son atendidos 24/7 en tres turnos, hay tres médicos por turno: pediatra terapista respiratorio, psicólogo, trabajador social, entre nueve y diez enfermeras acreditadas por el Colegio Profesional de Enfermería y por turno también tenemos entre 12 y 14 asistentes de pacientes, así como los servicios de limpieza, nutrición y seguridad.

Según Garza, estos menores de edad suelen tener entre 7 y 10 citas diarias de control en el Hospital de Niños, además de la atención médica del albergue.

Por todas las múltiples enfermedades y patologías requieren mucho acompañamiento de especialidades médicas, entonces son niños que tienen atención ahí y también atención en los centros hospitalarios más especializados del país. 

La medida cautelar también implica responsabilidad para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la atención médica de los menores de edad, debido a que estos niños y adolescentes requieren un nivel elevado de atención especializada. 

Además, la jerarca señaló que casi todos estos menores de edad tienen declaratorias de abandono y depósitos judiciales: la mayoría de los procesos ya están en sede judicial y no administrativa.

La situación de compleja de salud provocó incluso negligencias no dolosas, es decir, que no eran al propio, sino que las familias no tenían las condiciones para garantizar todo el cuido y la atención de estos niños, niñas y adolescentes.

Muchas de estas personas menores de edad, en sus expedientes uno puede identificar negligencias parentales o algunas situaciones violatorias de derechos.

Algunas de estas personas menores de edad han podido nacer en lugares de pobreza pobreza extrema, para quienes garantizar la respuesta y el sostenimiento a todo el control médico y a las adecuaciones que requiere un hogar para cuidar a un niño que requiere tanto servicio y tantas modificaciones del espacio incluso a nivel infraestructural, para una ciertas familias esto es incompatible con los recursos y las capacidades.

Sin manos abiertas

Uno de los niños fue adoptado a mediados de año y 3 están pendientes de acciones judiciales, dado que según el PANI califican para la restitución del derecho a vivir en familia. En total se han hecho 9 valoraciones de este tipo.

Además, 4 menores de edad han sido reubicados con su familia y otros 6 fueron acogidos por otros hogares, que reciben un subsidio de ₡600 mil colones. Organizaciones no gubernamentales también han recibido a 11 pacientes.

Las circunstancias de salud de los niños, niñas y adolescentes han dificultado su retorno a hogares estables, pese a que se han buscado opciones para la reubicación y el cuidado, según la presidenta ejecutiva del Patronato.

Hemos buscado incluso a través de coordinaciones y de los mismos programas de acogimiento familiar así como subsidios especializados, en aquellos muy pocos casos donde incluso existen familiares que pudiera y quisiera y tuviera los atributos de cuido parental para hacerse cargo de algunas de estas personas menores de edad, para poder darles apoyo con algunos programas del Patronato. 

Hemos intentado algunos ejercicios, no es nada sencillo porque en la mayoría estamos hablando de declaraciones de abandono. 

 

 

Altos costos

De acuerdo con el PANI, el costo mensual de la atención a estos menores supera los ₡291 millones de colones, esto incluye contratación de médicos especializados, enfermeros, asistentes de pacientes, terapeutas físicos, respiratorio, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, personal de limpieza, cocina, asistentes de cocina y conductores de ambulancias.

Los cálculos de la entidad señalan que la inversión durante la vigencia de la medida cautelar atípica ronda los ₡2.097 millones. 

La falta de familias dispuestas a recibir a estos menores fue una de las razones que obligó a las autoridades judiciales a extender la permanencia de los pacientes en lo que fue las instalaciones de la Fundación Manos Abiertas, bajo la vigilancia del PANI.

En la institución también señalan que se ha dificultado en sobremanera encontrar alguna fundación, organización no gubernamental, albergue o entidad similar que se haga cargo de forma definitiva de ellos.

Según la jerarca Garza, la imposibilidad de encontrar esa respuesta es lo que termina motivando la prórroga de la medida cautelar.

Se han hecho varios planes de contingencia incluso buscando a través del principio de publicidad si existe en el país otra instancia capaz de brindar estos servicios y ha sido infructuosa.

No hemos tenido éxito en encontrar una organización sin fines de lucro que tenga las condiciones para hacerse cargo de este número importante de personas menores de edad, que no es sencillo. 

No es cualquier ONG que puede sostener esta operativa, porque se requiere una ONG fuerte económicamente y con que asuma con la posibilidad de dar una respuesta integral de bajo riesgo para las personas menores de edad y sostener esta calidad que también el Patronato ha logrado sostener durante estos meses hasta el día de hoy.

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