¿Qué pasa ahora con la investigación penal contra Marta Esquivel por el caso Barrenador? Estos son los 2 caminos
La jerarca adquirió una inmunidad legal que no tenía, lo que hará más complejo el proceso
El mandatario Rodrigo Chaves Robles anunció ayer miércoles el nombramiento como nueva ministra de Planificación, de Marta Eugenia Esquivel, quien durante los últimos años ejerció como la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que fue suspendida de ese cargo por orden judicial.
Esquivel fue apartada temporalmente de la presidencia ejecutiva de la CCSS, mientras es investigada por el caso Barrenador: un escándalo de corrupción sobre posibles influencias y presiones para otorgar un contrato con aparentes sobreprecios de unos ₡12.400 millones al año, para que varias cooperativas se encarguen de la administración de 10 áreas de salud.
Hasta el momento la investigación avanzaba a buen paso: fuentes judiciales confirmaron a crhoy.com que incluso, los planes eran culminar este mismo año la acusación contra la jerarca y los restantes 7 imputados, entre los que figura la gerente general Marielos Gutiérrez y directivos actuales y anteriores de la institución.
Entre los planes del Ministerio Público estaba en 2025, finalizar con la revisión de evidencias recolectadas hasta ahora para formular la investigación e inclusive, solicitar la apertura a juicio antes de que terminara el año.
No obstante, al ser nombrada por Chaves como la nueva jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), Marta Eugenia adquirió inmunidad ante la justicia.
Este fuero especial no la protege o exime por completo de su eventual responsabilidad penal y legal, pero sí retrasa el proceso que se seguía contra ella.
Así lo explicaron fuentes judiciales que llevan el caso.
Las personas consultadas calificaron la decisión de Rodrigo Chaves como inconcebible y sin precedentes, ya que no recuerdan que nunca antes un presidente de la República haya nombrado como ministro a una persona investigada penalmente, para otorgarle inmunidad.
Proceso más complejo
Al adquirir la inmunidad, ahora el proceso penal en contra de Marta Eugenia Esquivel será diferente porque así lo obliga la Constitución Política y varias leyes.
La Carta Magna señala que los diputados, ministros y miembros de los Supremos Poderes no podrán ser privados de libertad por motivos penales, sino hasta que la Asamblea Legislativa apruebe el levantamiento de la inmunidad.
Además, ordena un procedimiento especial en el cual es la Fiscalía General la que debe asumir el expediente, y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se convierte en el juzgado o tribunal que debe tramitar todas las diligencias. El artículo 394 de la Constitución señala:
Cuando el Ministerio Público tenga noticia o se formule denuncia por un presunto delito, atribuido a alguna de las personas sujetas a antejuicio, el Fiscal General practicará la investigación inicial tendente a recabar los datos indispensables para formular la acusación o solicitar la desestimación ante la Corte Suprema de Justicia, según corresponda.
Es decir, en el proceso ordinario, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) -que llevaba el caso hasta ahora- debía terminar la investigación, presentar una acusación y solicitar la apertura a juicio, para que luego el Juzgado Penal de Hacienda permitiera o no elevar el caso a debate.
Ahora lo que ocurre es que en el caso de Marta Esquivel, el fiscal general asume la causa y cuando tenga lista la acusación, tiene que elevarla a la Sala Tercera de la Corte que tendría que pedir a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad de la ahora ministra, para poder juzgarla.
Federico Campos, abogado penalista y exletrado de la Sala Tercera, explicó que este procedimiento especial para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes, no impide que estas personas -aún protegidas por el fuero de inmunidad- sean investigadas por la Fiscalía General y se recaben las pruebas necesarias por cualquier hecho que se presuma puede constituir un delito.
"Realizada la investigación inicial, si el fiscal decide plantear una acusación, primero debe comunicarlo a la Corte y esta debe enviarlo a la Asamblea Legislativa para que se realice un antejuicio con la finalidad de levantar el fuero de inmunidad.
Y solo si este fuero de inmunidad se levanta por los diputados, con las 2/3 partes de la totalidad de legisladores, el expediente regresa para que se realice el juicio ante la Sala Penal de la Corte.
Cumpliéndose el anterior procedimiento es la única forma de que pueda ser juzgado un miembro de los Supremos Poderes del Estado", explicó el Campos.
Dos caminos
Las fuentes judiciales consultadas por crhoy.com, confirmaron que ahora existen dos caminos. Uno es separar el expediente en dos partes: una causa con todos los sospechosos investigados excepto la expresidenta de la CCSS continuaría en el proceso ordinario.
Esto implicaría que Esquivel, ya con su inmunidad, afrontaría un proceso penal mucho más complejo y lento.
El otro camino es que la Fiscalía General asuma por completo el caso Barrenador contra los 8 sospechosos, independientemente de la inmunidad. La Fiscalía General tiene la competencia total y absoluta de llevar la causa completa, entonces no hay ningún tipo de impedimento para que el expediente se traslade completo.
Miembros del Ministerio Público consultados por este medio, consideran que es más recomendable eso a separar a Esquivel con un testimonio de piezas, debido a que la investigación estaría más consolidada, aunque avance más lento.
Como todos los imputados son encausados por los hechos que presuntamente cometieron en conjunto, en las mismas fechas y todos participaron, no tendría sentido separar la causa, porque generaría un caos mayor.
Separar la causa podría provocar que la acusación contra los funcionarios y exdirectivos de la CCSS se tramite por un lado, mientras que la causa de Esquivel esté estancada en otro lado, o que un juez decida en fase ordinaria algo diferente a lo que decida la Sala Tercera.
Medidas cautelares
Otro aspecto importante es que posiblemente ocurran cambios en las medidas cautelares de Marta Esquivel.
Sobre la expresidenta de la Caja pesa una suspensión del cargo, el impedimento de intervenir en la adjudicación bajo escrutinio en el caso Barrenador y la prohibición de comunicarse, influir, amenazar e intimidar o perturbar de cualquier forma a 11 testigos
Al haber sido destituida por completo de la CCSS y estar en otra institución, las restricciones perderían sentido, por lo cual es posible que la defensa de Marta Eugenia solicite una revaloración de medidas cautelares.
Cualquier alteración de estas medidas tendrá que ser analizada y tramitada ahora por la Sala Tercera de Casación Penal, al ya contar con inmunidad la funcionaria.
Las fuentes judiciales aclararon a crhoy.com que el Ministerio Público no solicitó a un juez impedirle a Esquivel que ocupara cualquier cargo público, porque no existe ninguna medida cautelar que lo permita.
Es decir, las medidas cautelares son restricciones creadas específicamente para un procedimiento penal y para evitar los peligros procesales de interferir con la investigación.
La única forma de limitar a Marta Esquivel o cualquier persona a que ocupe un puesto en una institución pública es mediante una condena penal, cuando ya un imputado es declarado culpable y la sentencia queda en firme.
Mientras no se modifique, las medidas cautelares actuales siguen vigentes hasta inicios de abril.
Este medio consultó al Ministerio Público si van a separar la causa o trasladarla completa a la Fiscalía General, pero la gestión está en trámite.
Caso Barrenador
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos de contratos en la Caja para la administración de ebais, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el "Caso Barrenador".
Fueron 28 allanamientos ejecutados por las autoridades en oficinas centrales de la CCSS, casas de habitación y sedes de cooperativas contratadas. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE.
En total, confiscaron ₡2 millones, $5.400 y €875, sin embargo, no se detallaron los montos por cada sospechoso.
Adicionalmente, los agentes judiciales decomisaron los celulares de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, así como los 7 funcionarios y exdirectivos que fueron arrestados.
Según la Fiscalía, también se incautó otra evidencia de interés para el caso, como documentos y prueba digital.
Entre los imputados detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes del gobierno y el sector empresarial; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.