PUSC propone que autoridades den audiencia a investigados por capitales desconocidos
Audiencia se daría una vez que el juez autorice la inmovilización de los bienes o se congelen las cuentas
María Marta Carballo Arce, jefa de fracción del PUSC para el período 2024-2025. Cortesía Asamblea Legislativa
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) está proponiendo una modificación al expediente 22.834, una reforma que propone secuestrar capitales sin un origen lícito aparente, para que las autoridades tengan que dar una audiencia a las personas investigadas.
Este proyecto ya fue votado en primer debate el pasado 13 de mayo, pero existe un acuerdo para retrotraerlo y aprobar un nuevo texto, sin que a la fecha se haya logrado un acuerdo.
La jefa de fracción del PUSC, María Marta Carballo, señaló que si bien el proyecto es una herramienta útil para combatir la delincuencia organizada, tal y como está planteado podría atentar contra derechos fundamentales como el principio de inocencia, el derecho a la defensa y la tenencia de propiedad privada.
"Si no se hacen estos cambios, se corre el riesgo de caerse en la Sala Constitucional. Con la propuesta que hemos trabajado se busca, entre otras cosas, que el juez pueda otorgar la medida, sin audiencia, y una vez que se inmovilizaron los bienes o se congelen las cuentas, se dé el espacio para que la parte pueda demostrar de donde se da el incremento", explicó la socialcristiana.
"Finalmente, será el juez el que determine si mantener, modificar o revocar la medida", agregó.
En el documento que la fracción del PUSC circuló entre los asesores sobre las observaciones para un posible texto sustitutivo se indica:
Sobre el derecho de defensa por medio de la audiencia a la parte: Buscando garantizar derechos fundamentales como debido proceso, derecho de defensa y respetando el principio de inocencia, sin debilitar la acción ni buscar desmejorar el proyecto de ley, se incorpora, al igual que como está establecido en el artículo 25 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, la posibilidad de que, una vez adoptada la medida, es decir con la medida ya aprobada por el juez competente, dar audiencia a las partes, por 24 horas, equiparando el plazo del art 22 bis sobre la apelación, para que se refiera sobre la medida. Importante destacar que es sin efectos suspensivos, es decir, la medida se mantiene y solo después de la audiencia el juez decidirá si, mantener, modificar o revocar la medida.
Ponerlos en alerta
La diputada del Frente Amplio (FA) Priscilla Vindas, alertó que aprobar esta modificación daría alertas a los investigados por estos delitos para que puedan mover sus capitales.
"Fijar audiencias es poner sobre alerta a estas organizaciones de que puedan mover sus capitales y bienes a otros lugares u otras personas y esto vendría a entorpecer la naturaleza que busca este proyecto que es hacer un proceso más expedito", señaló Vindas.
Otro tema que está en discusión es la fijación de un umbral de los capitales que podrían ser incautados.
El texto actual habla de bienes o cuentas iguales o superiores a los $50 mil, es decir, unos 26 millones de colones, con una retrospectiva hasta de 10 años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica.
Diputada del FA, Piscilla Vindas.
La frenteamplista mencionó que establecer un techo es una camisa de fuerza, ya que si se establece un umbral, lo que harían estas organizaciones es realizar transacciones por debajo de ese monto para que no se investiguen como capitales emergentes.
La propuesta de ley propone que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público puedan, antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente, solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
Este proyecto fue acogido por los jerarcas de los 3 supremos poderes de la República como parte de la lista de 10 iniciativas de ley para combatir la criminalidad y el narcotráfico.