Pugnas por posible multa de $4.6 millones en planes inconclusos para ruta a San Ramón
Gerente del BCR rechazó recusación contra representante de fideicomiso Ruta Uno
El consorcio H.Solís-TPF Getinsa, que posee desde 2019 el contrato para ampliar el puente sobre el río Torres (cercanías del hotel San José Palacio) y el intercambio a la altura del Monumento al Agua, presentó una recusación contra Roy Benamburg Guerrero, representante legal del fideicomiso Ruta Uno, para que no participe en el proceso administrativo que dilucidará una posible sanción de más $4.6 millones por presuntos incumplimientos contractuales en dicha contratación.
Ambos proyectos comprendían el lote 2a del paquete de obras impostergables (obis) que impulsó el fideicomiso, administrado por el Banco de Costa Rica (BCR), para gestionar la ampliación del corredor vial entre San José y San Ramón.
Ruta Uno trasladó la imputación de cargos sobre la posible multa al consorcio el 23 de noviembre de 2023 y 5 días después, el 28 de noviembre, presentó la recusación contra Benamburg Guerrero, "con la pretensión de que se separara del conocimiento y resolución del procedimiento para determinar la eventual sanción pecuniaria" debido a que existían "dudas razonables de la objetividad, imparcialidad, neutralidad e independencia como órgano decisor".
El contratista alegó que Benamburg emitió manifestaciones durante el trámite previo a la imputación de cargos que implican una "aprobación de multa". De paso, insistieron en que esta situación "compromete la imparcialidad y la objetividad a la hora de emitir una decisión final". No obstante, Douglas Soto Leitón, gerente general del BCR, rechazó la recusación contra el representante legal del fideicomiso a través de un oficio publicado el 18 de enero de 2024.
Tras detallar un análisis legal del proceso, Soto Leitón recalcó que las actuaciones de Benamburg Guerrero "no expresan en modo alguno la determinación del resultado final del procedimiento y que han sido emitidas en resguardo del debido proceso procurando la adecuada conformación del expediente y la correcta y transparente imputación de cargos".
Con el rechazo de la recusación el procedimiento para establecer una posible sanción económica contra el contratista seguirá en curso.
Imagen del puente sobre el río Torres, el cual conforma parte de las obras del segundo lote. Cortesía Fideicomiso Ruta Uno
Antecedentes de los proyectos
Ruta Uno adjudicó el proyecto desde 2020 al consorcio H.Solís-TPF Getinsa Euroestudios. No obstante, pese a tener el contrato firmado, la orden de inicio para arrancar las tareas estimadas en $15 millones nunca se concretó debido a múltiples pendientes.
Con el Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) acordado entre el BCR y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para cerrar el fideicomiso a más tardar diciembre de 2024, se dispuso que el lote 2a de "obis" se limitará a la fase de diseño y no a la de construcción.
El ATA fija una fase de transición que implica que la UAP de Ruta Uno finiquite los contratos vigentes o que se elaboren los acuerdos de cesión para que el Conavi asuma los contratos que se mantendrán en ejecución.
Fue a partir de esas tareas que Ruta Uno emitió un oficio el 23 de noviembre pasado a los representantes de H.Solís y de TPF Getinsa Euroestudios indicando la apertura del procedimiento para establecer la posible sanción pecuniaria por aparentes incumplimientos contractuales.
¿Qué es lo que reclama el fideicomiso? Un presunto incumplimiento del contratista con la presentación de las correcciones en los informes de estado de avance de obras, correspondientes a los periodos comprendidos entre agosto 2021 y febrero 2022. Así como entre mayo 2022 y abril de 2023, de conformidad con lo establecido en el contrato.
Los más de $4.6 millones corresponden al 25% del monto total de la posible sanción, pues ese porcentaje es lo que el contrato permite fijar como multa.
Cabe destacar que, en mayo de 2023 ante una advertencia hecha por el fideicomiso sobre la posibilidad de girar multas por estos aspectos, el contratista rechazó la sanción pretendida y refutó cualquier responsabilidad en lo señalado.
Douglas Soto, gerente general del BCR, rechazó la recusación el pasado 18 de enero de 2024. Captura de pantalla
Pese a que se procuraba iniciar los trabajos desde 2021, eso no ocurrió ante múltiples pendientes. Entre ellos destacaron: un trámite de expropiación para liberar 1 predio y que la Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón (UERS), adscrita al Conavi, determinó que para la aprobación de los estudios y los diseños finales el contratista debía presentar en esos documentos la totalidad de los componentes de las obras.
Según el sitio web de Ruta Uno, la ampliación del puente sobre el río Torres requeriría una inversión estimada de $4.3 millones, mientras el intercambio con Circunvalación costaría aproximadamente $10.8 millones.
Así serían las intervenciones contempladas en el lote 2a del plan de ‘obis'. Archivo CRH/Ruta Uno
En Circunvalación, a la altura del Monumento al Agua, se planteó construir 2 nuevas vías colectoras de 2 carriles, a ambos lados de la carretera actual. Cada una con el respectivo puente, así como la construcción de la conexión necesaria (rampa de ingreso y salida) a la autopista.
En tanto, las intervenciones en el puente sobre río Torres contemplaban la demolición y la ampliación de la obra existente, que cuenta con 4 carriles (2 por sentido), para acondicionar una sección de 8 carriles (4 por sentido).
Para la ampliación global, el gobierno ahora apuesta por un financiamiento de entre $500 millones y $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No obstante, el proyecto se retomaría hasta finales de 2027 y estaría concluido en 2030.
El ATA suscrito entre el BCR y Ruta Uno establece la continuidad del lote 3 (intercambio de El Coyol), el cual está en fase de análisis de ofertas a la espera del aval de la Contraloría General de la República (CGR). De igual forma, con el lote 4 se pretende licitar la construcción de los nuevos intercambios en Grecia, Naranjo y San Ramón.
En el caso del lote 2a, el ATA estipula que únicamente se limitará a la fase de diseño.
Las "obis", distribuidas en 5 lotes, contemplaban intervenciones específicas que se ejecutarían en 17 puntos de interconexión entre la vía principal y otras rutas previo a la ampliación integral de la vía. También, se desarrollarían trabajos en puntos que enfrentaban estrechez para los vehículos debido a aspectos como las barreras naturales (puentes, en este caso).
Las obras estaban valoradas en $115 millones: $65.75 millones aportados por el Conavi y $50 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).