“Pudo haber un descuido”, dice exdiputado del PLN acusado por donación ilegal

(CRHoy.com) El exdiputado Óscar Alfaro Zamora afirmó la mañana de este miércoles frente al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José que pudo "haber un descuido" que dio pie a un caso en su contra por la presunta donación ilegal de un inmueble a la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) en 2010, en la que resultó electo.

Previo a las conclusiones, el excongresista hizo uso de su derecho a declarar para hacer una manifestación de unos 10 minutos, en los que insistió en que jamás fue informado o capacitado sobre una reforma al Código Electoral que entró en vigor el 2 de setiembre de 2009 y que introdujo una prohibición para que las personas jurídicas realicen contribuciones a agrupaciones políticas. Insistió que durante ese tiempo, aun cuando es abogado de profesión, tampoco estudió la nueva legislación toda vez que se dedicó de lleno a la búsqueda de votos en la capital.

"Por eso entenderán ustedes que en ningún momento estuve atento a estas regulaciones, menos si no teníamos ninguna capacitación o información. Realmente la tarea en ese barrial político, en ese momento electoral es sumamente fuerte. Puede haber un descuido, pero estábamos en una jornada electoral", sostuvo Alfaro Zamora en su declaración.

El empresario cuestionó también cuál fue el daño provocado por la donación, ya que este no fue demostrado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Agregó que una muestra de que jamás se causó una afectación es que la Procuraduría General de la República (PGR) descartó participar en el expediente aun cuando le corresponde la defensa del Estado, así como el reclamo económico por concepto de daños sociales o materiales.

Negó además que en la donación mediara algún "oscurantismo" o que se diera "una forma ilegal de conseguir los votos", en el tanto que su persona jurídica Chicharrín S.A. -dueña del recinto facilitado a los verdiblancos- era familiar y únicamente ha sido conformado por él y su esposa, Faridi Guerrero Nader.

Desde el inicio, el exparlamentario rechazó los cargos en su contra y se dijo convencido de que jamás transgredió la ley. Además, sostuvo que el proceso penal en su contra responde a una "persecución política orquestada", al tiempo que calificó que "burda" la pesquisa que llevó adelante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que derivó en una denuncia ante el Ministerio Público.

Por todo lo anterior, Alfaro Zamora solicitó que en su favor se dictara una absolutoria.

"Casa de la Victoria"

Óscar Alfaro Zamora es acusado de presunta donación ilegal, mientras que el también exlegislador Antonio Calderón Castro, como secretario general de los verdiblancos, es señalado de una aparente recepción de contribuciones privada ilegales. Estas figuras están previstas en los artículos 274 y 275 del Código Electoral, que las sanciona con entre 2 y 6 años de prisión.

Específicamente, al segundo se le señala de haber inscrito -a solicitud del primero- una casa club en San José perteneciente al Chicharrín S.A. -del cual este último es presidente y representante legal- para la realización de actividades proselitistas de la campaña de 2010.

Precisamente, la normativa electoral prohíbe las contribuciones de parte de las personas jurídicas, como en este caso sería esa empresa.

Tanto el defensor de Alfaro Zamora, Érick Ramos Fallas, como el de Calderón Castro, Mario Soto Baltodano, han alegado que no existió delito alguno en los hechos en cuestión. Además, han sostenido que los mismos están prescritos; asunto que deberá resolver el órgano jurisdiccional al final del debate.

"Este caso nunca debió llegar a juicio. Aquí no hay ninguna violación del Código Electoral, aquí no hubo ninguna vulneración al principio de transparencia en el financiamiento de la campaña de 2010. Aquí existió una investigación ayuna del Ministerio Público y una deficiente y torpe pesquisa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que se acusa es un tema de forma porque la inscripción de la Casa de la Victoria se hizo con la legislación que estaba vigente antes del Código Electoral, que era un reglamento de 2005. El nuevo reglamento es del año 2012, cuando ya habían pasado las elecciones, entonces hay un análisis incorrecto para las imputaciones particulares", declaró el primero de los abogados.

Desde la perspectiva de su colega, esto dio pie a una "aplicación retroactiva" de la ley por parte de la Fiscalía.

Sobre este particular, el fiscal Alexander Valverde Peña indicó que se referiría en las conclusiones del contradictorio, las cuales se mantienen en desarrollo al momento de esta publicación.