Psicóloga reclama ₡30 millones por daño moral en demanda contra alcaldesa de Puriscal
Gobernante local impulsó procedimiento para suprimirle plus a funcionaria

(CRHoy.com) Una psicóloga reclama ₡30.000.000 por daños morales derivados de un presunto acoso laboral que le achaca a la alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo Herrera.
La demanda se tramita bajo el expediente 22-000042-1529-LA-4 en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de la zona, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante una consulta de CRHoy.com.
El proceso fue accionado por la responsable de la Oficina de la Mujer (OFIM) del ayuntamiento, de apellidos Salazar Ramírez, afiliada a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Ella asumió el puesto en 2015, pero además desde entonces y hasta 2021, tuvo a su cargo el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), al tiempo que participa en siete comisiones y redes.
La servidora alegó un cambio de clima laboral con la llegada de la gobernante local, el 1° de mayo de 2020.
Marcó como primer acto del supuesto acoso una reunión de transición el 3 de marzo de 2020 que mantuvo Arroyo Herrera, el entonces alcalde Luis Madrigal Hidalgo y el actual vicealcalde Miguel Mata Zúñiga, en la que la demanda -en poder de este medio- señala a la gobernante local de haber mostrado "un marcado desinterés y falta de respeto" en el tanto que no puso atención a la psicóloga y únicamente le cuestionó porque estaba encargada del Centro de Cuido y los demás foros.
Salazar Ramírez estaba embarazada en ese momento, razón por la cual capacitó a una colega de apellidos Salazar Badilla para que la remplazara durante su licencia de maternidad.
No obstante, la demandada rescindió el contrato y dejó la Oficina de la Mujer sin nombramiento por un mes, hasta que designó a otra psicóloga de apellidos Arce Guevara, indica el documento. Pero esta última no recibió el acompañamiento necesario para dar seguimiento a las labores de la encargada de la Oficina de la Mujer, situación que generó que la psicóloga recibiera llamadas de compañeros y personas externas al municipio contándole sobre lo que acontecía.
"Esta situación creó un profundo impacto en su salud integral, ya que se encontraba en un momento tan vulnerable como el acabar de tener una bebé, su sentido de responsabilidad hacia sus pacientes le preocupaba muchísimo, ya que la Oficina de la Mujer atiende en un promedio diario de 35 a 40 personas mensuales individuales más grupos de apoyo semanal con promedio de 15 mujeres, así como del resto de procesos de la propia oficina", describe la demanda.
Asimismo, apunta que el 19 de mayo de 2020, la alcaldesa emprendió una consulta al Departamento de Recursos Humanos, sobre si podía cambiar el tiempo completo a la psicóloga, si podía hacer una contratación de cuarto de tiempo para el puesto que ocupaba y si se podía contratar a una profesional sin el sobresueldo dedicación exclusiva. Esa solicitud de criterio marca el inicio de una serie de acciones con las que, dos años después, le fue suprimido el plus a Salazar Ramírez, según el documento.
En 2021 la mujer escucha comentarios entre pasillos sobre las intenciones de que en su contra se abra un órgano director para quitarle la dedicación exclusiva; situación que se materializó el 6 de julio de ese año. El proceso tenía como objetivo, además de eliminar el sobresueldo, cobrar las sumas pagadas desde el 2015.
La demanda recalca que esto ocurrió en detrimento de lo señalado en las leyes de Contratación Administrativa y General de Control Interno.
Dicho plus le fue eliminado a la psicóloga el 26 de febrero de 2022, lo que derivó en una reducción sustancial de su salario, al pasar de ₡1.061.813 a ₡684.491.
Otro flanco del supuesto acoso tiene que ver con una licitación del Centro de Cuido, en la que Salazar Ramírez trabajó en 2019 y 2020. Aparentes atrasos en el proceso, que el documento achaca a la Alcaldía, ocasionaron el cierre del proyecto, el 24 de setiembre de 2021. Ese día, Arroyo Herrera ordenó al Departamento de Proveeduría recibir las llaves de la oficina y hacer un levantamiento de activos, sin tomar parecer alguno a su encargada.
Agrega la demanda que el 21 de octubre de 2021, se convocó a una reunión que tenía como fin "exagerar de manera injustificada el desconocimiento de la administración ante el procedimiento de pago del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil". Diez días después, se solicitó un informe sobre el proyecto.
El 3 de diciembre de 2021 se le citó para hablar sobre su calificación por desempeño. En el encuentro, la gobernante local -presuntamente- señaló a la psicóloga como la responsable de lo sucedido con el Centro de Cuido.
Debido a estas situaciones, y otras exclusiones documentadas, así como la "violencia psicológica extrema continua, progresiva, sistemática, recurrente y deliberada", Salazar Ramírez sufrió "una afectación emocional muy grande en todo su entorno familiar, psicológico, moral y de salud que la llevó a solicitar ayuda a la (entonces) ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Marcela Guerrero Campos, el 20 de septiembre de 2021", reza la demanda laboral.
La funcionaria llegó a estar incapacitada por un "episodio depresivo leve" entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2022.
"Las hipótesis de mi representada para descifrar por qué ha recibido tantos actos de acoso laboral por parte de esta administración, es debido, a que ella fue testigo de la licenciada Maikely Salazar Badilla cuando demandó a la municipalidad por haberla sustituido de manera incorrecta cuando se encontraba realizando la licencia de maternidad de mi representada. Además, en la actualidad, también es testigo de la licenciada Mónica Sisfontes Zúñiga, abogada municipal, en una demanda por acoso laboral, la cual, mi representada por su profesión de psicóloga recibió constantemente a la señora Sisfontes Zúñiga en su oficina cuando se encontraba afectadas por las conductas de acoso de la alcaldesa y el vicealcalde", puntualiza el documento.
Esa última demanda fue declarada sin lugar el 18 de julio de 2022, según consta en la sentencia 2022-000107 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia, suministrada a CRHoy.com por Arroyo Herrera. A esta además se le remitió un cuestionario; sin embargo, por recomendación legal, esta se abstuvo de responderlo en el tanto que el proceso se mantiene en curso.