Proyecto para suavizar penas a vendedores de droga abriría portillo a mayor reclutamiento narco
Grupos narcos buscan personas expuestas que puedan obtener penas menores
Un proyecto de ley que pretende atenuar los castigos a las personas con problemas de drogadicción o en condición vulnerable que cometan algunos delitos vinculados al comercio de drogas, abriría peligrosos portillos que las organizaciones criminales pueden aprovechar.
Así lo determinaron varios magistrados esta mañana, al examinar el expediente 23.454 presentado por el Frente Amplio.
En esencia, la iniciativa pretende permitirle al juez valorar las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por los abogados defensores, para imponer "penas proporcionales" para conductas no violentas que cometan los sospechosos, siempre y cuando no estén demasiado involucrados o sean piezas fundamentales de las bandas.
Los tribunales tendrían que analizar circunstancias como que los imputados tengan una condición problemática de estupefacientes, que estén en condición de pobreza o hayan sido explotados por alguien más.
Aunque el proyecto no influye en la organización del Poder Judicial, magistrados consideraron que la propuesta como está planteada, podría beneficiar el reclutamiento de estas personas dentro las estructuras delictivas, dado que se expondrían a penas menores. Así lo explicó la magistrada Sandra Zúñiga durante su exposición a la Corte Plena.
Esta redacción me parece muy peligrosa porque no podemos dejar de tener en cuenta que generalmente las estructuras narcrocriminales precisamente utilizan personas consumidoras, jefas de hogar y incluso menores de edad como agentes de primera línea en la consecusión de esos fines de comercio.
Se trata de agentes que son visualizados por este tipo de grupos como descartables y de bajo costo para la organización. A mí me preocupa que esta previsión pueda reforzar la diseminación de un tipo de economía de narcotráfico en algunas comunidades de empleo difícil y que puedan aprovecharse de esas personas vulnerables para ser incorporadas en las estructuras criminales.
El texto plantea que si la persona juzgada comete una acción ilegal y que de alguna forma la vulnerabilidad, pobreza o drogadicción "influyeron", entonces se le abre la ventana a sanciones menos fuertes. Según Zúñiga, la redacción habla de este tema de forma muy "vaga", lo que puede generar que todos los adictos se amparen en su condición para cometer delitos.
Simplemente decir que influyó, me parece que lo deja muy abierto y podría más bien tergiversar la intención del proyecto. (…) Aquí se está hablando de delitos que afectan la salud pública, aunque se trate de grupos vulnerables.
Para la alta jueza, el proyecto de ley frenteamplista no es coherente con las últimas leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa y habla sobre el uso de armas de forma muy general.
Sí influye
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, planteó un criterio un tanto diferente respecto a este proyecto de ley al considerar que sí influye en el funcionamiento del Poder Judicial, debido a que los jueces de cada caso deberán solicitar estudios psicosociales para determinar si la vulnerabilidad, pobreza o drogadicción influyó en cometer un crimen no violento.
Esto pese a que ya el recurso humano es limitado y actualmente los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial no logran dar abasto.
¿Cómo deduce la persona juzgadora si se encuentra o no en condición de vulnerabiliad? Hay que hacer un estudio social para ir a su entorno de vida para poder hacer esas valoraciones técnicas. Estas tienen costo e impactan las finanzas del Poder Judicial por la cantidad de estudios y la cantidad de profesionales que tenemos para este fin.
La propuesta
La actualmente, sanciona de ocho a quince de prisión a quien distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos prohibidos, o bien cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos.
El proyecto pretende hacer una serie de modificaciones a la ya existente Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas y Legitimación de Capitales. Plantea tres escenarios para atenuar los castigos:
- Tenga una condición de consumo problemático de drogas.
- Se encuentre en condición de pobreza o situación de vulnerabilidad.
- Haya sido utilizada o explotada por un tercero o por una organización criminal.
La propuesta baja las sanciones a esas conductas, siempre y cuando se cometan sin violencia y sin el uso de armas, o que no tengan un rol de participación significativo dentro de la organización criminal. En dado caso, recibirían penas de tres a cinco años de prisión.
También abre la puerta a alternativas como disponer que se cumpla la pena impuesta bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la aplicación de Justicia Restaurativa o "la utilización de dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier otra pena alternativa contemplada en la legislación penal".
CRHoy.com solicitó a la fracción del Frente Amplio una réplica ante las advertencias de los magistrados y al cierre de la nota no se ha obtenido respuesta.