Plan para fortalecer el control de armas le pone más trabajo al OIJ y necesita de 38 votos
El proyecto de ley que impulsa una serie de reformas a la Ley de Armas y Explosivos para endurecer los controles en el país representa una mayor carga de trabajo para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, al incidir en el funcionamiento del Poder Judicial, requerirá de 38 votos para su aprobación en la Asamblea Legislativa.
La Corte Plena aprobó por unanimidad este lunes un informe sobre la iniciativa de la exdiputada Alejandra Larios, que busca actualizar y robustecer las normas de control sobre el comercio, importación, exportación y transferencia de armamento y explosivos en el territorio nacional.
La razón por la que la iniciativa incide en el Poder Judicial es el costo de las investigaciones. Cada pericia balística ronda los $2.000. Este trabajo incluye determinar las características del arma, revelar números de serie no visibles, establecer la relación de las armas con casquillos, determinar la capacidad del arma para percutir cartuchos y establecer el calibre.
Como el proyecto de ley se centra en el rastreo y la identificación de las piezas, además de que impacta en la trazabilidad de las municiones, el OIJ tendría una mayor carga de trabajo al estudiar el origen de los proyectiles y garantizar ese rastreo durante las investigaciones. Estas labores representan un costo económico considerable para el Poder Judicial.
Proyecto de ley
El principal objetivo es incorporar estándares y tratados internacionales para lograr una fiscalización más efectiva, transparente y responsable de las transferencias de armas de fuego, sus piezas, municiones y explosivos, como una medida para frenar el uso de estas armas en los homicidios, que han aumentado en los últimos años.
La intención también es establecer filtros rigurosos para los comerciantes autorizados y los compradores, con el fin de evitar que las armas y municiones sean desviadas hacia el mercado negro o terminen en manos de organizaciones criminales, mediante cambios en varios artículos de la ley.
La legislación vigente se enfoca de forma general en armas de fuego, municiones y explosivos. La reforma estipula expresamente que las piezas, partes mecánicas esenciales y componentes, tales como cañones, cerrojos, tambores o armazones, estarán sujetos al mismo nivel de control, fiscalización, registro y penalización que un arma completa.
En respuesta a la evolución tecnológica, el proyecto busca regular los mecanismos de adquisición en línea de componentes individuales. Se añaden controles estrictos para evitar el ensamblaje de armas caseras o la modificación de armas permitidas mediante componentes plásticos o polímeros creados mediante sistemas digitales de manufactura o impresión avanzada.
Además, las armerías y distribuidores autorizados deberán cumplir requisitos más exigentes para justificar el inventario de partes y repuestos.
En cuanto a la trazabilidad de la munición, se establece la verificación digital y física para evitar el desvío de municiones y pólvora hacia el mercado negro.
El proyecto incorpora dos figuras jurídicas adicionales para facultar a la Dirección General de Armamento y al Ministerio de Seguridad Pública a retener y decomisar de forma preventiva componentes de armas que no cuenten con marcas de fabricación legítimas u homologadas internacionalmente.
Además, permite establecer un registro único automatizado de importadores de piezas sueltas para impedir que se completen de forma fraccionada armamentos prohibidos en el territorio nacional. También ajusta los protocolos administrativos de inscripción y portación, sincronizándolos con mayores niveles de exigencia en las revisiones de idoneidad y antecedentes de los solicitantes.
Ahora, el proyecto está en manos del plenario legislativo y requerirá el respaldo de 38 diputados para su aprobación.