Proyecto para castigar con cárcel ingreso de celulares a centros penitenciarios va despacio en el Congreso
Estadísticas oficiales arrojan que en últimos 5 meses de se decomisaron 899 aparatos
La introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos a las cárceles del sistema penitenciario es un agravante de la crisis de seguridad y criminalidad por la que atraviesa el país.
A pesar de que la problemática está identificada los diputados llevan a paso lento el proyecto de ley que pretende penalizar esta práctica, la cual no tiene un castigo en la actualidad.
La iniciativa de ley que pretende imponer sanciones de prisión a quienes introduzcan estos aparatos deberá descontar 60 días en una subcomisión legislativa antes de ser dictaminada y enviada al plenario para su discusión y votación.
Serán los diputados Gilbert Jiménez Siles (PLN), Horacio Alvarado Bogantes (PUSC) y Pilar Cisneros Gallo (oficialismo) los que deberán presentar un informe a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso para determinar su viabilidad.
El proyecto fue presentado en febrero anterior por el Poder Ejecutivo. En la versió actual el texto fijó entre 2 y 4 años las penas de prisión por esta práctica, sin embargo no se descarta hacerla más severa para imponer más años de cárcel.
El plan pretende reformar el Código Penal para, finalmente, procesar a aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares y otros aparatos de comunicación a las prisiones. La propuesta de ley 24.162 busca adicionar el artículo 257 quáter al Código Penal.
Celulares y chips introducidos ilegalmente en las prisiones permite a los reclusos coordinar actividades criminales fuera de las instalaciones, tales como tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas y homicidios.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea, Gilbert Jiménez Siles, reconoció que el proyecto de ley es urgente en medio de la crisis de seguridad.
Sobre los 60 días que se deberá de aguardar para el informe de la subcomisión, el legislador dijo que es parte de la etapa procesal que debe cumplir el proyecto, pero mencionó que los congresistas acelearían su discusión.
Estadísticas oficiales arrojan que durante 2023 la Policía Penitenciaria consiguió interceptar el ingreso de 2.683 teléfonos celulares a las cárceles del país. Además, incautaron 3.592 chips o tarjetas SIM, así como unos 4.954 artículos electrónicos como cargadores, cables de cargador y artefactos similares.
Hasta el pasado domingo 5 de mayo, ascendía a 899 dispositivos los decomisados este 2024.
Otra problemática a atacar
Con el proyecto, los diputados también buscan atacar la problemática del uso de chips de operadoras de telefonía extranjeras.
En este sentido, el proyecto menciona que actualmente las bandas utilizadas por las operadoras para brindar sus servicios en el país son 1800 MHz para la red 2G, 850 Y 2100 MHz para 3G, 1800 y 2600 MHz para 4G, las cuales son actualmente bloqueadas por los inhibidores de señal celular instalados en los centros penitenciarios.
Sin embargo, en caso de introducir dispositivos de operadoras extranjeras, roaming, señal satelital o similares que no utilicen las bandas de frecuencia antes mencionadas, los aparatos pueden ser utilizados para llamadas de voz, así como el uso de la transferencia de datos (internet), ya que no son detectadas por dichos sistemas de bloqueo de señal.
"… el sistema de inhibición de señales de comunicación celulares utilizado actualmente en nuestro sistema posee algunos puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida", advierte el proyecto.
Señalamiento de la Corte
El proyecto de ley para penalizar la introducción de celulares a las cárceles afecta el funcionamiento del Poder Judicial, según determinó la Corte Suprema de Justicia a inicios de mes.
El análisis incluyó el posible costo económico que recaería en el Poder Judicial el crear este nuevo delito penalizarlo.
El costo es de ¢237 mil para el Ministerio Público, ¢906 mil para el Organismo de Investigación Judicial y ¢844 mil para las diversas instancias jurisdiccionales.
Se determinó que estos costos no contemplan el personal para investigar las causas penales ante el aumento de carga laboral.