Proyecto de carpas en prisiones quedó “sepultado”
Tras decisión de diputados de no autorizar financiamiento
Luego de todos los cuestionamientos y advertencias por los aspectos de seguridad y problemas que pueden generar, el gobierno finalmente tuvo que enterrar el proyecto de colocar carpas en las cárceles.
"El proyecto de cárceles livianas ha sido sepultado, sencillamente": así de tajante fue el ministro de Justicia, Gerald Campos, en responder sobre el futuro de sus intenciones para utilizar carpas en las cárceles, así como otras alternativas de materiales a la construcción definitiva para albergar privados de libertad.
La pieza final de la lápida a este proyecto fue la negativa de la Asamblea Legislativa a aprobar financiamiento para las polémicas instalaciones temporales en prisión. Fueron los diputados de oposición de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que utilizaron los recursos para instalaciones de concreto.
El Gobierno de Rodrigo Chaves pretendía utilizar más de ₡2.684 millones para cárceles livianas tipo carpas. Así constaba en el Quinto Presupuesto Extraordinario de la República, presentado por el Ministerio de Hacienda el pasado 15 de julio.
Esto ocurrió tan solo dos días antes de que el propio jerarca Gerald Campos, reconociera que no tenían estudios técnicos o una decisión definitiva sobre el uso de carpas o soluciones para albergar privados de libertad distintas a la construcción de obra en hormigón o concreto.
En el ajuste de las cuentas estatales, Justicia incluye un millonario monto económico para un "Proyecto de Cárceles Livianas". El dinero era "para atender la construcción en material liviano", obras que se ejecutarían en el sistema carcelario de nuestro país.
Eran en total ₡2.684.558.063 que se están aumentando en el subprograma de construcción de módulos de baja contención en centros penales, consta en el expediente legislativo. Luego del rechazo del Congreso a permitir el uso de dinero para el proyecto, esto dijo el ministro:
Sencillamente no nos van a dar los recursos para eso. Hay que pensar en estructuras que no sean livianas, estamos trabajando. Pero es una solución que no va a tener un periodo menor a 2 años, entonces hay que ver cómo atender la problemática de sobrepoblación y que va a llegar a hacinamiento.
El presupuesto se presentó 3 días después de que el jerarca de Justicia reconociera públicamente su intención de valorar el uso de carpas como una alternativa para combatir el hacinamiento, y 2 días antes que reconociera que la inexistencia de estudios técnicos listos para definir qué tipo de construcción liviana será.
Polémica idea
El presidente Rodrigo Chaves despidió al ex viceministro de Justicia Exleine Sánchez Torres, luego de que este se manifestó en contra de la idea del Poder Ejecutivo de utilizar carpas en los centros penitenciarios para la permanencia de reos, ante la falta de infraestructura.
Parte del documento muestra que Sánchez fue enfático en que no aconsejaba la utilización de carpas y que, contrario a esto, deberían construirse cárceles de concreto.
Lo reiteró en varias partes del oficio DVJ-239-07-2024 del cual CRHoy.com tiene copia, dirigido expresamente al jerarca Gerald Campos. Algunas frases de advertencia que se desprenden del documento son:
No se recomienda la adquisición de carpas para solventar el faltante estructural que lleva a la sobrepoblación o hacinamiento (…).
(…) Instalar carpas es un grave error con todas las consecuencias ya señaladas.
Puede implicar que la población penal, realice acciones como agresiones entre sí, organización de fugas, la realización de daños o cualquier otro incidente crítico y otras acciones que de no contarse con suficientes recursos policiales, no será posible controlar de manera inmediata.
La construcción de las estructuras de mampostería, puede tardar un tiempo más que la colocación de carpas, pero el costo beneficio es mucho mayor que el que ofrecen las carpas, por lo que contundentemente arribo a la conclusión que la inversión en este tipo de estructuras, es un gasto inadecuado del presupuesto (…).
No obstante, las advertencias datan de incluso más atrás. Desde el primero de marzo, en otro oficio del cual CRHoy.com también tiene copia, el actual director de la Policía Penitenciaria, comisionado Nils Ching Vargas, manifestó que el uso de carpas podría causar una catástrofe.
En el documento, emitió una serie de prevenciones de las cuales se desprenden algunas frases como las siguientes:
Las "carpas" no ofrecen por mucho, la misma contención de seguridad que las estructuras sólidas, lo que aumenta el riesgo de fugas, "galetas" (escondites de ilícitos) y conflictos entre personas privadas de libertad.
Estos espacios no reúnen las condiciones para una contención en caso de una insubordinación de la población privada de libertad que ahí pernote.
Según datos suministrados, el material de una carpa es muy volátil en caso de un siniestro, esto podría causar una catástrofe para la atención y evacuación de personas de estos espacios, además de que se debe de tomar en cuenta las normas y factores de riesgo del cuerpo de bomberos para la atención de los espacios carcelarios.
Otro punto medular advertido es la vigilancia policial constante, para evitar fugas o que pueden egresar e ingresar al sitio de manera fácil sin ser detectados, lo cual poner carpas requiere genera un aumento en la cantidad de personal policial para una correcta vigilancia y custodia.
Aunque Campos habló del proyecto como una posibilidad remota mientras trabajaba el Ministerio en financiamiento y presupuestación, también indicó que los centros penitenciarios tendrían espacio para instalar carpas o estructuras similares, en las que considera que los reos incluso tendrían "condiciones de lujo".
Ese día, para defender su idea, comparó el uso carpas para albergar a privados de libertad en las cárceles, con los hoteles tipo "glamping".
Si usted hace un estudio de mercado y busca los hoteles de San Carlos en los glampings, se da cuenta que una noche en un hotel de este tipo cuesta $3 mil y en un hotel de edificación en concreto cuesta $1 mil. Yo fui el de la idea.
La propuesta de prisiones livianas generó cuestionamientos elevados desde la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y sindicatos.