Propuestas del Gobierno en sus 100 días llevan 16 meses empantanadas

Las propuestas que el Poder Ejecutivo realizó al país, en el marco de sus primeros 100 días de gestión en agosto de 2022, se quedaron rezagadas.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció una serie de proyectos de ley que, según se dijo en esa oportunidad, serían parte de las prioridades del Gobierno para encaminar al país hacia la reactivación económica. 16 meses después de ese anuncio, esas promesas no lograron avanzar. Algunas de las propuestas fueron rechazadas por el Congreso, otras ni siquiera cuentan con los respectivos proyectos de ley para que se tramiten.

Renta Global

La renta global busca que todos los ingresos de las personas se coloquen en una misma canasta (salario, alquileres, dietas, etc.) y con ello se calcule la base impositiva de todos esos ingresos.

En el Congreso se creó una comisión especial que analiza la propuesta del Ejecutivo. La comisión la preside el diputado  Gilberth Jiménez Siles, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Esta comisión se creó a mediados de septiembre anterior. Surgió como propuesta del PLN luego que la mayoría de las fracciones aprobara un proyecto para sacar Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea.

Todavía no hay claridad si se presentará un proyecto de ley para modificar el sistema tributario del país como pretende el Gobierno. 

La comisión acordó llamar a audiencia a 28 personas entre autoridades de Gobierno, economistas y expertos en legislación tributaria. Entre los nombres llamados están el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como a exjerarcas de esa cartera, como Rodrigo Bolaños y Rocío Aguilar. Otros nombres convocados son los de los economistas Gerardo Corrales y Alberto Trejos. También jerarcas de la Contraloría, Uccaep, el Colegio Profesional de Contadores Públicos, el Banco Central, la Universidad de Costa Rica, Comex, Amcham, Cinde y otras instituciones.

Venta del BCR 

El Gobierno propuso un primer proyecto para vender el Banco de Costa Rica (BCR) en septiembre del año pasado. El objetivo del Gobierno con la venta  es bajar la deuda pública, que según estimaciones que han hecho, permitirá una rebaja de hasta un 2.37% de la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto (PIB). Según el Ministerio de Hacienda, si el BCR se vende en el 2024, esto cambiaría la regla fiscal y le permitiría al Gobierno hacer gastos en inversión social por cerca de ¢95 mil millones en 2025.

Sin embargo, 5 meses después de la presentación del proyecto- en febrero anterior-  los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos enviaron al archivo el expediente. Los congresistas calificaron  al proyecto como muy mal redactado y  lleno de vacíos.

El Poder Ejecutivo dijo que antes que culminara este año presentaría ante la Asamblea Legislativa un nuevo texto para la venta de esta entidad bancaria.

Recientemente, los diputados exhortaron al Poder Ejecutivo a mostrar una actitud más abierta al diálogo cuando presente su nuevo proyecto y con otra estrategia de comunicación. De lo contrario, los congresistas aseguran que el nuevo texto correría la misma suerte del primero y también sería enviado al archivo.

Venta de BICSA

El Poder Ejecutivo también anunció un plan para la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) . Lo que se busca es la aprobación de la Asamblea Legislativa para vender la entidad bancaria y utilizar los recursos de la venta de ese activo en la reducción de la deuda pública.

El proyecto no está listo y según confirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jáen, no tiene fecha para su presentación.

BICSA es una entidad financiera panameña creada en 1976. Es propiedad del Banco de Costa Rica (BCR), dueño del 51% de las acciones, y del Banco Nacional, propietario del restante 49% del capital. La entidad bancaria tiene su sede en Panamá. En Costa Rica cuenta con oficinas para negocios en suelo nacional, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. Desde 1983, también opera una oficina en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

 

Venta de acciones del INS

De momento lo que se conoce de la propuesta para vender el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) es poco. En septiembre pasado Hacienda dijo que el dinero que genere la eventual venta se destinaría a la construcción de obra pública, no a pagar deuda pública. No obstante, hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha dado a conocer su plan de inversión.

Extraoficialmente, la venta del 49% de las acciones del INS generarían ingresos por los ¢593 mil millones.  Otro de los datos que, extraoficialmente se han mencionado sobre el proyecto, es que dejaría claro que los posibles compradores deberán respetar los montos de las contribuciones anuales que la aseguradora traslada al Estado como parte de sus utilidades.

El gobierno decidió postergar la presentación del proyecto de ley. El Poder Ejecutivo no tiene clara la fecha para la presentación del texto legislativo ante el Congreso para la aprobación de esta venta.

Legalización de marihuana recreativa

El plan para legalizar este cultivo de manera recreativa fue impulsado por el Poder Ejecutivo dentro de propuesta para dinamizar la economía.

El primer proyecto se presentó en octubre del año pasado y con apenas 2 meses de discusión- en diciembre de 2022- se rechazó por parte de la Comisión de Ambiente del Congreso. 

En agosto anterior la Comisión volvió a rechazar el texto sustitutivo que se presentó en febrero de este año.

Al proyecto, que fue redactado en la Casa Presidencial, se le cuestionó que la propuesta copia decenas de artículos idénticos a una iniciativa presentada en Colombia para la legalización del cannabis. También se ha cuestionado, por parte de instituciones públicas ligadas al campo de la salud, falta de propuestas para combatir el consumo, la carencia de lineamientos para proteger a los menores de edad.

Se cuestionó además que la iniciativa no especificaba que este tipo de sustancias no deben participar en el patrocinio de ninguna actividad deportiva.  También se advirtió que el proyecto no hace mención a la creación de la infraestructura estatal para atender adicciones y casos de psicosis en personas con niveles altos de consumo.

Una encuesta del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), indicó que un 63,3% de las personas consultadas se manifestó "en desacuerdo o total desacuerdo" con la legalización de la marihuana recreativa. Según la encuesta, solo un 31,7% de los entrevistados dijo estar de acuerdo

El Ejecutivo anunció la preparación de una tercer propuesta, pero no hay fecha para su presentación.