(CRHoy.com) -Una propuesta del Gobierno para que los ministerios puedan hacer movimientos presupuestarios internos sin la autorización de la Asamblea Legislativa debilita el control sobre el manejo de los recursos públicos.

Así lo reconocieron diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA) después de que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dio a conocer el planteamiento en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.

La iniciativa está incluida en el segundo presupuesto extraordinario de la República 2022 que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa para su aprobación y que ya inició su trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

El planteamiento consiste en la eliminación de varias normas que establecen que los movimientos presupuestarios entre programas de un mismo ministerio requieren la autorización legislativa.

Según Acosta, los ministerios podrían hacer traslados presupuestarios internos por medio de decretos del Poder Ejecutivo, sin necesidad de que los diputados tengan que estudiarlos, como parte del análisis de un presupuesto extraordinario, y sin que los jerarcas tengan que explicarlos y defenderlos ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Disciplina fiscal

La legisladora Paulina Ramírez, del PLN y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó que las normas presupuestarias que el Gobierno propone eliminar tienen como propósitos mantener la disciplina fiscal y la contención del gasto público.

Al eliminar las normas, estaríamos corriendo el riesgo, no solo de que se tenga mayor facultad para gastar, sino también que se junta con esto el nuevo decreto que acaba de anunciar el señor Presidente de la República con respecto a la modificación de la forma del cálculo de la regla fiscal.

La liberacionista sostuvo que eliminar las normas presupuestarias es riesgoso en un escenario en el que la deuda pública ya casi alcanza el 70% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Debilitaría el control que ejerce la Asamblea Legislativa sobre los recursos públicos. Precisamente, para eso se incorporaron las normas presupuestarias, para que hubiera control y pudiéramos estar fiscalizando que se cumpla la contención del gasto que debe haber para tener el saneamiento de las finanzas públicas", mencionó.

Mientras, el diputado Carlos Felipe García, del PUSC, expresó que no renunciarán al control político sobre los presupuestos.

Aunque afirmó que hay instituciones con dificultades presupuestarias, reconoció que ve con preocupación que existan entidades que no hacen un uso eficiente de los recursos públicos sobre lo cual debe haber control.

Me parece que es sano para la democracia y para las finanzas públicas que exista un control cruzado entre las instituciones y la Asamblea Legislativa para garantizar el fortalecimiento de las finanzas públicas y que, efectivamente, las instituciones logren resolver las necesidades de las y los costarricenses.

El socialcristiano insistió en que en la coyuntura fiscal que atraviesa el país es necesario mantener un control serio por parte de la Asamblea Legislativa, aunque dijo que se deben valorar casos específicos en los que se toquen temas sensibles, como en los sectores de educación y salud.

"Pero sí hay que idear un mecanismo de control dentro de la Asamblea Legislativa bajo una norma presupuestaria que nos garantice con certeza el seguimiento y la claridad a los movimientos presupuestarios que se hagan a lo interno de las instituciones públicas", añadió.

Más transparencia

El congresista Jonathan Acuña, jefe de la fracción parlamentaria del FA, por su parte, afirmó que el control que hace la Asamblea Legislativa sobre el uso de los recursos públicos es necesario.

Explicó que aunque la legislación ya dispone la posibilidad de que los ministerios hagan movimientos presupuestarios a lo interno de un mismo programa, sostuvo que entre más transparentes se realicen es mejor.

Creo que la transparencia no se puede valorar en términos de costo y es aquí en la Asamblea Legislativa donde se hace más visible cuando se realizan modificaciones al presupuesto y, por tanto, esa transparencia es muy valiosa, más allá de si eso le cuesta trabajo al Ministerio de Hacienda.

Argumentó que si las modificaciones presupuestarias a las que se refiere Acosta se hacen por decreto, no se podrían visibilizar en la Asamblea Legislativa.

"No se vería la discusión sobre dónde se están moviendo las platas. Recibirían el decreto nada más (…) La Asamblea Legislativa tiene que servir como un contrapeso al accionar del Poder Ejecutivo siempre. Considero muy importante que esas modificaciones vengan acá y que las podamos discutir de cara a la ciudadanía", concluyó.

A pesar de las críticas, el Ministro de Hacienda negó que la propuesta impulsada por el Gobierno debilite el control legislativo sobre el uso de los recursos públicos.

De ninguna manera. Esto es restituir lo que ya existía. Estas normas que se incorporaron estaban afectando la ley de presupuesto. Desde el punto de vista práctico, siempre ha sido posible para los jerarcas poder hacer movimientos de partidas dentro de sus presupuestos en el ministerio, con algunas restricciones. Pero lo hemos convertido en un ejercicio de control político.

Insistió en que ese tipo de movimientos obligan a Hacienda a construir presupuestos extraordinarios y que la Asamblea Legislativa tiene que dedicar recursos y tiempo a discutir modificaciones de partidas presupuestarias como, por ejemplo, la eliminación de una plaza por ¢3 millones en la cartera ministerial que dirige.

En su criterio, las normas que el Gobierno propone eliminar han provocado una inflexibilidad dentro de los ministerios para realizar una gestión eficiente de los recursos que tienen.

El segundo presupuesto extraordinario 2022 tiene un aumento neto de ¢71.956 millones que se debe a un incremento de ingresos por la incorporación de recursos de créditos externos para sustituir deuda cara por deuda barata y a una reducción de gastos por la rebaja de recursos de colocación de títulos valores de largo plazo.